El exvicegobernador y exintendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, anunció que instruyó a sus abogados que estudien la posibilidad de presentar un jury contra el juez de Garantías de Paraná, José Eduardo Ruhl y el fiscal Álvaro Piérola por la supuesta causal de mal desempeño.

El planteo de Rossi se da a pocas horas de que el juez Ruhl rechazara por tercera vez su pedido de sobreseimiento en la causa en la que es investigado por Piérola por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la que también está involucrada su esposa y exdiputada provincial Patricia Díaz.

La causa se abrió en diciembre de 2016, tras una publicación de la revista Análisis en al que se planteaba que el exjefe comunal y su esposa tenían cuentas bancarias en la República Oriental del Uruguay.

Juez José Eduardo Ruhl.

 

Fiscal Álvaro Piérola.

 

En diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1, el dirigente peronista hoy enrolado en un sector del vecinalismo manifestó su descontentó con el nuevo revés judicial y refirió que apelará la reciente resolución en su contra.

Consultado si se esperaba una resolución en ese sentido, sostuvo: “No nos sorprende, pero además nunca se va a elevar a juicio, porque no existen –las cuentas-“.

En ese marco, afirmó que presentó en Fiscalía una certificación oficial de un banco de Uruguay en el que se sostiene que no tiene una cuenta bancaria. “Desde el primer día nosotros fuimos y dijimos: ´Pasemos el charco´. Invitamos a los fiscales para ir a averiguar, y nada de hacer exhortos, o dar intervención a la Afip. Así se terminaba esto en 24 o 72 horas”, dijo.

Enseguida, informó que le solicitó a sus abogados, Marciano Martínez y Carlos Guillermo Reggiardo, que analicen la posibilidad de presentar un pedido de jury para el juez Ruhl y el fiscal Piérola. La presentación, de concretarse, se haría tras el receso judicial, es decir, en los primeros meses de 2019.

“Vamos a presentar un jury, no tenemos otro camino. Tanto para el fiscal como para el juez”, señaló Rossi y aclaró que ello es materia de evaluación de los letrados. “No será esta semana, será después de la feria judicial. No le tenemos miedo, porque el que duerme tranquilo no tiene miedo. Le vamos a hacer tres, cuatro o diez denuncias, las que sean”, lanzó.

Cuando se le hizo notar que dicha presentación podría considerarse por los funcionarios judiciales como un embate contra la Justicia que investiga supuestos casos de corrupción, Rossi defendió su derecho a pedir un enjuiciamiento. “Cualquier ciudadano puede pedirlo. Cuando alguien se ve perjudicado, si no tiene razón, no va a pasar nada”, indicó.

El dirigente de Santa Elena apuntó al Procurador Jorge Amilcar García, a quien sindica como el responsable de mantenerlo en la “parrilla judicial”. El jefe de los fiscales, recordó Rossi, presidió el tribunal que en 2006 lo condenó en la primera causa por enriquecimiento ilícito y, dijo, que “a los 6 meses (de firmar ese fallo) lo elevan a Procurador”.

En cuanto a esa condena, refirió que llevó su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que en esa instancia se abrió la revisión de la causa. “Esa condena está en suspenso porque la Argentina tiene convenios internacionales y esos acuerdos tienen rango Constitucional”, resaltó.

Sobre este punto, sostuvo que 24 horas después de anunciar en conferencia de prensa lo resuelto por la CIDH, se publicó el informe periodístico en la revista Análisis y al poco tiempo se le abrió la causa por las supuestas cuentas en Uruguay. “Nosotros no le tenemos miedo. El que anda con la conciencia tranquila puede decir lo que yo digo. Sino estaría escondido debajo de la cama para que no lo nombren en los medios”, aseguró el dirigente del norte entrerriano.

Contratos truchos y la suerte de “Corcho” Rodríguez

En otro tramo de la entrevista, el exvicegobernador se quejó de que el Ministerio Público Fiscal, a su entender, aplica diferentes varas para abrir causas judiciales. Y recordó que no se le inició ninguna causa al exintendente de Rosario del Tala y actual diputado provincial, Juan Reynaldo Navarro, que fue denunciado por su abogado Reggiardo.

“Nosotros lo venimos denunciando tiempo atrás a los contratos de la Legislatura, del Iosper. García tiene las denuncias que hicimos nosotros pero se ve que duermen ahí”, afirmó.

En esa dirección también reprochó la probation que le aprobó la jueza Elisa Zilli al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez, quien primero estuvo imputado por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, en grado de partícipe primario, por la contratación de su empresa Nelly Entretainement SRL para la difusión de cuatro spots durante la Cumbre del Mercosur que tuvo lugar en Paraná en 2014. El Estado le pagó 28 millones. Sin embargo, la semana pasada se anunció que fiscales y defensores alcanzaron un acuerdo y el empresario logró la suspensión de juicio a prueba.

Para Rossi, esa resolución fue “vergonzosa” y lamentó irónicamente que no le hayan tocado en su causa los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano y la jueza Zilli. “Yo tuve mala suerte, sino ya estaba terminado el tema”, dijo.

Sobreprecios

Por otro lado, Rossi también rechazó que el fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, haya solicitado la remisión a juicio de la causa en la que está imputado por el supuesto sobreprecio en la pavimentación de 20 cuadras en el último tramo de su gestión. La causa se le abrió tras una denuncia del actual intendente, su concuñado Silvio Moreyra (PJ).

Al respecto, aseguró: “Nosotros ejecutamos en lugar de 20 cuadras hicimos 27. Cuando me retiré a fines de 2015 la obra tenía hasta marzo la garantía. Todavía no terminaron. Nosotros tuvimos que hacer un juicio por daños y perjuicio al actual intendente porque no ejecutó la garantía. Lo primero que hizo cuando asumió fue sacar los arcos de contención porque estaba prohibido el tránsito pesado porque es una obra urbana. No obstante, hoy es totalmente transitable a pesar de los cuatro años que tiene la obra”.

A su vez, dijo que espera que la causa llegue cuanto antes a juicio oral y público para que se esclarezca su situación. “Acá hay un fiscal suplente, esto se maneja desde Paraná, esto lo maneja García”, acusó.

En cuanto a la demanda civil formulada por el abogado del municipio, Guillermo Mulet, en la que se reclama que se pague 10 millones de pesos como reparación por la presunta obra sobrefacturada, Rossi calificó a la misma como “mentirosa” y consideró que la municipalidad no puede actuar como actor civil en la causa.

Por último, preguntado sobre las causas de Moreyra, afirmó que tiene seis, algunas de las cuales datan de 2010. Asimismo, recordó que meses atrás lo denunciaron por una obra de nueve cuadras que según su demanda le costaron al Estado 27 millones de pesos. Finalmente, sostuvo que Moreyra es un “intendente fantasma” ya que “vive en Paraná” la mayor parte del tiempo.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.