«En la provincia tenemos un Poder Judicial que está cartelizado», dice Carlos Reggiardo, abogado defensor del exvicegobernador e intendente electo de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi.

Reggiardo, que fue quien firmó el pedido de juicio político que derivó en la renuncia del exintegrante de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Carlos Chiara Díaz, y que inició este año el pedido de jury al Procurador General Jorge García, ejerce la defensa de Rossi en una causa por supuesto sobreprecio en una obra de pavimentación de 20 cuadras que le inició su concuñado, el actual intendente Silvio Moreyra.

La causa se inició en 2016. La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet. Según la acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de  20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado sería $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional «Más Cerca».

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Pero la audiencia de debate para resolver la elevación a juicio está trabada por un planteo de la defensa de Rossi: la recusación del fiscal que investiga, Santiago Alfieri,y de su jefe, Jorge García. La Procuradora Adjunta, Cecilia Goyeneche, ya rechazó esa recusación, y también lo hizo el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. El último pronunciamiento en ese sentido lo firmó el camarista Gervasio Labriola.

La instancia que le queda ahora a Rossi es la Cámara de Casación Penal, adonde ya acudió aunque con una salvedad: recusó a dos de sus tres integrantes. El abogado Reggiardo pidió el apartamiento de las vocales Marcela Badano y Marcela Davite.

En sorna, Reggiardo habla de la «Cámara de Confirmación Penal», por cuanto, asevera, sus fallos siempre son coincidentes con la postura del Ministerio Público Fiscal. «Yo recusé a Badano, por su relación sentimental con García; y a Davite, por su relación de amistad con el Procurador, y porque además, le ha nombrado a la hija en el Ministerio Público Fiscal».

El abogado sostiene que espera que la última instancia, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), dirima cuál jurisprudencia corresponde en materia de recusación de fiscales: si la de la costa del Paraná, que hace valer la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, y que por lo tanto es el Procurador General quien resuelve sobre los pedidos de apartamientos de sus fiscales; o la de la costa del Uruguay, que fijó que ese tema lo resuelven los jueces y no el jefe de los fiscales.

«Vamos a seguir los pasos legales. Hay un criterio en la costa del Uruguay y otro en la costa del Paraná, y la única forma que haya justicia es que la Sala Penal resuelva cuál va a ser el criterio, si lo de Paraná o el de Concordia», dijo.

«Al Ministerio Público Fiscal se le dio la suma del poder. Acá hay muchos que eran fiscales y que pasaron a ser jueces, y están con las manos atadas», planteó y puso en duda la independencia del juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo. «Quiero pensar en la buena fe de Carballo, aunque sus fallos están en sintonía con la Procuración, porque él viene del riñón de (la ministra de Gobierno, Rosario) Romero». También fustiga al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y sus «relaciones cuasi carnales» con el Procurador García.

«En Entre Ríos hay justicia para pocos. Acá tenemos la odisea de los giles. Y una justicia penal ejercida por fiscales que persiguen a los giles. Y una Fiscalía de Estado que no se ha ocupado de recuperar un montón de bienes», afirmó en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1.

Cuestionó «la potestad de los fiscales de llevar gente a juicio sin pruebas», y fustigó la investigación penal hecha por el fiscal Santiago Alfieri en la causa Rossi. «Plantea una pericia hecha por un perito cuestionado. Ahí radica nuestra postura. Decimos que esta es una causa política, armada por García y Alfieri,  y por eso nuestra recusación», aseveró.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.