El intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), podrdía sentarse este 9, en los Tribunales de La Paz, para ser sometido a juicio en una causa que comenzó a tramitarse en 2016 cuando fue denunciado por supuesto pago de sobreprecios en una obra de pavimentación de 20 cuadras, financiada por la Nación. Lo denunció su concuñado y enemigo público N° 1, Silvio Moreyra, exintendente de la ciudad.
El juicio está previsto en la agenda que publica Tribunales y que elabora la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), una dependencia burocrática del Poder Judicial que protagonizó el juego del gran bonete en este caso: primero fijó que los debates debían realizarse en La Paz; luego cambió de idea y trasladó la actividad a Paraná; y finalmente, como en el juego de la oca, volvió al punto de arranque: La Paz.
Pero tanto los abogados defensores como el Ministerio Público Fiscal, cada uno con sus argumentaciones, pidieron que el juicio no se inicie este lunes. Anque el viernes, el presidente de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Daniel Omar Carubia, dictó una resolución que confirma el juicio y, ante la renuncia de todos los defensores de Rossi, dispuso que Roberto Alsina, que había renunciado a cumplir esa función, ejerza la defensa del intendente de Santa Elena.
En teoría, el proceso contra Rossi se iniciará con Roberto Alsina como abogado -aunque renunció oficialmente; igual decisión tomó el otro defensor del jefe comunal santaelenense, Carlos Reggiardo- y con muchas dudas. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso a la Sala Penal que, por estas horas, no ha tenido resolución.
Nada de todo eso podría ocurrir y el juicio podría terminar suspendiéndose ante el cruce de recursos.
Entre 2015 y 2019 no gobernó Rossi Santa Elena. Lo hizo su concuñado, Silvio Moreyra, Al año de estar al frente de la Intendencia, Moreyra lo denunció a Rossi: efectuó una presentación a través del abogado Guillermo Mulet ante la sospecha que durante la gestión anterior se había incurrido en el pago de sobreprecios en una obra de pavimentación.
El Ministerio Público Fiscal pidió en 2020 la remisión de la causa a juicio oral. En su acusación, Fiscalía señaló que durante la gestión Rossi, el Municipio de Santa Elena pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de una 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado era $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
En paralelo a la causa penal también había una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal. Pero ese pleito se superó durante la siguiente gestión de Rossi: la demanda llegó a su fin a mediados de junio de 2020, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional.
La causa penal siguió su marca en Tribunales.
En marzo de 2022, el juez de Garantías y Transición de La Paz, Walter Carballo, otorgó la probation o suspensión de juicio a prueba al empresario de la firma L&C Construcciones, Néstor Juan Szczech, y al ingeniero y apoderado de la empresa, Carlos Alberto Lescano, en el marco de la causa por sobreprecios de una obra de 20 cuadras ejecutadas en Santa Elena en 2014, durante la anterior gestión del hoy intendente Domingo Daniel Rossi.
Szczech y Lescano fueron acusados de los delitos de peculado y falsificación de documentos públicos en carácter de partícipes necesarios. Sin embargo, tras varias apelaciones, consiguieron que a principios de noviembre de 2021 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) hiciera lugar al pedido de probation. El fallo lo firmaron los vocales Miguel Giorgio, Daniel Carubia y Claudia Mizawak.
Pero Rossi y sus funcionarios siguieron ligados a la causa penal.
María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.
Un dato clave: el perito que dictaminó el sobreprecio, Beltrán Uranga, ya falleció.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora