El intendente de Santa Elena,  en el departamento La Paz, Silvio Moreyra, decretó el receso administrativo desde el 6 al 19 de julio, en consonancia con lo dispuesto  a nivel provincial, en la actividad legislativa y en el Poder Judicial.

Lo curioso es que el decreto N° 260, por el cual se dio a conocer la decisión, también agregó la suspensión de los contratos de obras y servicios, a excepción del personal permanente. La decisión generó malestar en la localidad y se agrega a la polémica en torno a supuestos despidos que denunció la semana pasada la oposición política. Cambiemos pidió informes sobre la situación, mientras que el intendente electo Domingo Daniel Rossi habló de más de 400 despedidos y un aumento considerable de la planta de personal.

En tanto, la única voz oficial que habló fue el viceintendente y senador provincial electo, Amilcar Genre Bert, que si bien reconoció que desde 2015 hay más personal, lo vinculó la hecho de que se hicieron contratos transitorios para ayudar a aquellos que se quedaron sin trabajo por las políticas del gobierno nacional.

El receso municipal fue dictado el 4 de julio, y se dio a conocer mediante una circular a las diferentes reparticiones. En el mismo se dispuso: “Se suspenden de la totalidad de los contratos de obras y servicios de la administración pública municipal, con excepción  de aquellos contratados que  presten tareas cuya suspensión  perjudique el normal desenvolvimiento de las prestaciones municipales a la comunidad, cuyo listado deberá ser elaborado por cada área de las cuales dependa dicho personal no permanente”.

En segundo lugar, se estableció que las diferentes áreas y reparticiones de la municipalidad dispondrán las correspondientes guardias “a los fines de atender los casos de urgencia a excepción, tareas especiales y la recaudación que necesariamente el municipio deba percibir, dejando debidamente aclarado que las dependencias que tienen a su cargo la prestación de servicios esenciales deberán disponer una dotación mínima de personal a fin de garantizar la efectiva prestación de tales servicios”.

En tercer término, se dispuso que los agentes de planta permanente que “tuvieran pendiente de uso de licencia, deberán solicitar  y/o reprogramar el usufructo de las mismas durante dicho periodo, salvo en aquellas áreas donde se torne imprescindible la presencia del agente para no afectar el normal  desenvolvimiento de las actividades y/o servicios municipales”.

Por último, se suspendieron los plazos procesales administrativos “sin perjuicio de la validez de los actos que deban cumplirse en cuanto por su naturaleza resultan impostergables”.

Lo cierto es que el receso y la suspensión de los contratos de obras y servicios generaron un fuerte malestar en la localidad, puesto que de ese modo el municipio evitará pagar por los servicios de una buena parte del personal transitorio, es decir, aquellos que tienen contratos más precarizados.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.