El Ejecutivo municipal de Santa Elena sorprendió al comunicar su intención de construir un complejo penitenciario con capacidad para alojar a 600 presos. El anuncio trajo un fuerte rechazo en la sociedad, y al mismo tiempo, confusión. Y es que el comunicado emitido habla que la edificación del penal es una iniciativa del intendente Silvio Moreyra. El parte de prensa que se dio a conocer no menciona que el polémico proyecto cuente con el aval del Gobierno Provincial, ni del Servicio Penitenciario. A pesar de ello, el anuncio generó revuelo en la ciudad del norte entrerriano.
El proyecto de instalar una cárcel fue propuesto en cuatro oportunidades en la historia de la ciudad. En tres ocasiones fue el Gobierno provincial quien bajó la iniciativa al municipio. Sin embargo, esta vez la idea de levantar una cárcel provino de la intendencia.
La localidad viene escuchando la propuesta desde el cierre del Frigorífico Regional Santa Elena, que llegó de forma definitiva en 1995.
Tras el cierre de la planta cárnica, los sucesivos gobiernos provinciales propusieron a la localidad instalar una unidad penal, bajo el argumento de que el edificio penitenciario demandaría mano de obra local y que su futuro personal también sería oriundo de la ciudad costera.
Desde 1995 a 2004, en tres oportunidades un gobernador presentó el plan de una cárcel a las autoridades de Santa Elena. Sólo en una oportunidad el proyecto logró dar pasos firmes, en medio del rechazo social.
En el año 2004, la propuesta de una prisión fue acercada por el entonces gobernador Jorge Busti a Domingo Daniel Rossi, quien transitaba su tercera gestión municipal. Ese año, el proyecto logró avanzar hasta el llamado a licitación, pero no logró prosperar. Al fuerte rechazo social se sumó una serie de irregularidades de las empresas que se presentaron a la licitación para construir el complejo carcelario. El plan naufragó.
La iniciativa de construcción de la cárcel en Santa Elena surgió luego de que Busti firmó el decreto Nº 3780, de 2004, que declaró a la provincia de Entre Ríos en estado de “emergencia edilicia penitenciaria”.
Además se citaba un informe emitido por la Subsecretaría de Seguridad de la Provincia, que señalaba que resultaban insuficientes los edificios penales y se consideraba “indispensable la construcción de una nueva unidad penal que dé respuesta al colapso reinante atento al incremento de la población penal en los últimos años”.
Dicho decreto destacaba, además, por qué la cárcel debía construirse en Santa Elena: “razones geográficas y estrategia penitenciaria”, se adujo.
El decreto Nº 6909 de 2004, firmado por el entonces gobernador Busti, aprobó el proyecto para la construcción de una Unidad Penal para varones condenados. Dicho decreto fue firmado, además, por Sergio Urribarri, en aquel entonces ministro de Gobierno. El presupuesto de la obra fue fijado en 15.150.000 de pesos, con un plazo de ejecución de 32 meses.

Mientras en la ciudad las voces se manifestaban en contra del proyecto de la cárcel, el 1º de marzo de 2005 presentaron sus ofertas dos empresas: Cemyc SRL y una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las firmas Szczech y Szczech y Caballi SA. Tras el análisis de las ofertas, la Fiscalía de Estado, la Contaduría General y la Secretaría Legal y Técnica, rechazaron las presentaciones por no cumplir requerimientos del pliego licitatorio. La licitación se declaró fracasada mediante el decreto Nº 6642, del 4 de octubre de 2005.

Este lunes, 11 años después del intento de construcción de la cárcel, el intendente Silvio Moreyra reflotó la idea y dio detalles precisos de las pretensiones: el edificio penitenciario tendrá una “superficie de 20.000 metros cuadrados, con una capacidad para alojar a unos 600 reclusos, cuyos trabajos demandarán mano de obra directa de 450 albañiles, priorizando a los residentes locales”.
“El ambicioso proyecto demandará una inversión de 1.000 millones de pesos, que logrará que Santa Elena salga del letargo en que está sumido desde hace años”, dice el comunicado oficial aunque no se especifica el origen de esos fondos. Y agrega que el proyecto tendrá un impacto positivo en la localidad. “Posibilitará al sector comercial aumentar considerablemente sus ganancias y tener mayores posibilidades de crecimiento en otros rubros”, se aseguró en el comunicado de prensa municipal.
Como en tiempos de Rossi, se sostuvo que la mano de obra que se ocupará para la tarea será de Santa Elena, “con sueldos que rondarán los 14 o 15 mil pesos, cercanos a los 7 millones de pesos mensuales que se inyectarán en el mercado local y una vez culminada la obra, más de 500 jóvenes de Santa Elena podrán ingresar a trabajar en el Servicio Penitenciario”.
A su vez, aseguraron que la prisión traerá mayor seguridad en la ciudad “con la instalación de modernos sistemas de vigilancia”. La promesa de los beneficios de la cárcel, según Moreyra, incluye la repavimentación de la ruta de acceso a la ciudad y la mejora de las condiciones hospitalarias.
Este miércoles arribará a la ciudad el gobernador Gustavo Bordet, para inaugurar el Registro Civil que fue remodelado. En la oportunidad, el jefe comunal le pedirá al mandatario que lo acompañe en el proyecto de la cárcel, el cual acumula rechazos. Este martes, docentes de la ciudad nucleados en Agmer plasmaron en un documento el desacuerdo con la idea de alojar reos en la ciudad.
En las redes sociales, se multiplica el descontento con la iniciativa del Ejecutivo municipal mediante el hashtag #NoalaCarcel. Otros usuarios, en tanto, sumaron su repudio con la firma de un petitorio en el sitio Change.org bajo el título “No a la construcción de la cárcel en Santa Elena (Entre Ríos)”.

Cambiemos se opone a la cárcel

El Honorable Concejo Deliberante de Santa Elena está compuesto por 11 ediles, 6 pertenecen al Frente para la Victoria y 5 a Cambiemos, que se encuentra dividido en dos bloques. Ambos sectores opositores se oponen al proyecto de la cárcel del intendente Silvio Moreyra. Emiliano López, concejal del bloque Cambiemos-Todos por Santa Elena, recordó que el radicalismo local viene oponiéndose a la iniciativa desde 1995, cuando la Provincia acercó el plan por primera vez.
“Nuestra postura es el ‘No a la cárcel’. Esta es la cuarta vez que la provincia insiste con la propuesta”, dijo el edil y recordó las cuatro veces que la Provincia planteó la construcción de la prisión como alternativa a la desocupación reinante.
El primero en acercar la propuesta fue Jorge Busti, que se lo propuso al radical Marcos Gómez cuando este gobernó la ciudad entre 1995 y 1999; luego se lo planteó el gobernador radical Sergio Montiel al intendente Rubén López, entre 1999 y 2003. Ambos jefes comunales rechazaron la oferta. En 2004, Busti reapareció y le presentó el proyecto a Domingo Daniel Rossi, que terminó aceptando.
“Se armaron consultas y el pueblo dijo que no quería la cárcel. Hoy el gobernador propuso y Silvio Moreyra tomó la posta de construir la cárcel en Santa Elena”, dijo el edil de Cambiemos en diálogo con Entre Ríos Ahora.
“Estamos totalmente en contra, no es por capricho, porque en dos gestiones radicales le dijimos que no”, aclaró López y citó ejemplos de ciudades que se vieron afectadas por la instalaciones de unidades penales.
El concejal mencionó que la ciudad de Cruz del Eje, en Córdoba, hace ocho años que tiene una cárcel y que desde entonces la vida allí cambió drásticamente. “Hoy viven las consecuencias. Los sábados y domingo se les llena de visitantes, de gente que no conocen. Han aumentado los robos, el consumo de drogas en los jóvenes, que si bien no se sabe si es la cárcel o no, también coincide. La problemática de los asentamientos alrededor de la cárcel también lo tienen”, aseguró López.
Para López, el proyecto que anunció Moreyra proviene del Gobierno provincial, por ello sus cuestionamientos apuntan a la Casa Gris: “El Gobierno provincial tiene como brillante idea poner una cárcel para solucionar el problema de la desocupación en Santa Elena. Nunca hubo otra alternativa de la Provincia que no haya sido la cárcel”, concluyó.

Gonzalo Núñez
Especial para Entre Ríos Ahora.