Ocho de los nueve jueces del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná quedaron excluidos de intervenir en el proceso que sentará por segunda vez en el banquillo al exgobernador Sergio Urribarri, ya condenado en el megajuicio a 8 años de cárcel, causa que está con un recurso extraordinario federal en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ese modo, la megacausa de las Coimas, en la que está involucrado el empresario Diego Armando Cardona Herreros, que fue remitida a juicio oral el 1º de este mes por el juez de Garantías Julián Carlos Vergara, aguarda integración.
El primer magistrado que quedó afuera de una eventual integración del tribunal es el vocal Santiago Brugo, por cuanto resolvió las apelaciones a las resoluciones que en la megacausa de las Coimas firmó el juez Vergara. También se excluyeron a sus colegas Mauricio Marcelo Mayer Matilde Federik y Juan Francisco Malvasio, quienes intervinieron, respectivamente, como juez de Garantías, Fiscal de Coordinación y vocal de juicio abreviado en la investigación.
También se ecluyó a los vocales Gervasio Labriola, Alejandro Grippo y Rafael Cotorruelo, quienes resolvieron, el 10 de mayo de 2024, el planteo recusatorio en relación a la intervención de su colega Brugo.
La Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial resolvió entonces que el tribunal quedaría conformado de la siguiente manera: Alejandro Joel Cánepa, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná; Rubén Alberto Chaia, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay; y María Carolin Castagno, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.
Claro que no bien fue notificado, Cánepa, que intervino en la causa como Fiscal de Coordinación y aún así fue incluido como juez del caso, pidió su excusación.
De ese modo, deberá resolverse una nueva integración.
Urribarri ya enfrentó un primer proceso, el megajuicio, en el que recibió una condena a 8 años de cárcel, que está en discusión ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la megacausa Coimas tiene pedido de 10 años de prisión.
A inicios de agosto, el juez de Garantías Julián Vergara dispuso este viernes 1° de agosto la remisión a juicio oral de la denominada causa Coimas, que involucra al exgobernador Sergio Urribarri, para quien la Fiscalía pidió 10 años de cárcel, y al empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de la empresa Relevamientos Catastrales SA, con pedido de pena de 9 años de cárcel, y en la que el exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, selló un acuerdo de juicio abreviado, con pena de cumplimiento condicional, pago de multas, trámite en el que aceptó haber cobrado dádivas.
En la investigación penal también están imputados otros exfuncionarios del gobierno de Urribarri.
Para Luis Alfonso Erbes la Fiscalía pidió 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua y pago de multa de $360 mil: para Carlos Haidar, 6 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y el pago de una multa de $540 mil; para Miguel Ángel Ulrich, 4 años y 6 meses, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $360 mil; José Humberto Flores, 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua y multa de $90 mil.
Qué se investiga
La causa investiga el supuesto pago de coimas por parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, dueño de Relevamientos Catastrales SA, a funcionarios del gobierno de Urribarri.
En un audiencia que se realizó en marzo de 2024, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano expusieron cuánto se pagó en dádivas por cada contratación entre el Estado entrerriano y las empresas que manejaba Diego Cardona Herreros.
Los cálculos son en base a un informe contable elaborado en el marco de la investigación que quieren ventilar en un juicio oral. A continuación, se transcriben parte de los «PLM» registrados en la causa, referente a cada licitación. Cabe recordar que con esa sigla quedaron asentadas las coimas en planillas, documentación y correos electrónicos, según la profusa evidencia analizada por los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Licitación 1/08, la primera. Se pagó un PLM total por $3.062.000 (tres millones sesenta y dos mil pesos). En este caso, esta suma está distribuida de la siguiente manera:
36,47% para SDU (NdR: se advierte que las siglas corresponden al exgobernador Sergio Daniel Urribarri) lo que arroja una suma total de $1.000.007 (un millón siete pesos)
36,47% para equipo, que arroja la misma suma. Como equipo identificamos a quienes eran empresarios de Relevamientos Catastrales.
5,46% para JGLapo, iniciales con las cuales identificamos a José Gervasio Laporte que arroja un total de $149.713.
7,29% a una persona que no identificamos.
7% para Zurdo Ruso (NdR: en distintos pasajes de la investigación, las menciones “Ruso” hacen referencia a Luis Alfonso Erbes), que arrojó $141.940
Además del cálculo de estos pagos, había un PLM fijo de $280.000 “destinados al jefe”. “Según la evidencia que tenemos así se lo sindicaba a Urribarri y un porcentaje adicional de $40.000 otorgados por instrucciones del señor Cardona Herreros”, plasmó Yedro.
Ampliación de la Licitación 1/08: se pagó un PLM total de $1.038.000 y se distribuyó del siguiente modo:
$30.000 mensuales para Lemon que sumó $240.000.
$106.000 mensuales PLM Entre Ríos arrojando un total de $848.000
“En el marco de la contratación directa de aquella continuidad de la 1/08, el PLM ascendió a $800.000, $30.000 mensuales destinados a Entre Ríos, $50.000 mensuales para Lemon distribuidos entre tres miembros de la sociedad (Alfonso Campitelli, Diego Cardona Herreros y Jorge Zanabone) que hacen un total de $500.000 distribuidos entre los tres integrantes”, leyó la fiscal este jueves.
Y agregó: “La Licitación 48/11 arrojó un PLM total de $3.762.000 distribuidos así:
$7000 PLM uno
$7000 al Ruso que dio un total de $252.000
PLM dos $50.000 que arroja $1.800.000
PLM tres $10.000 para la Casa de Entre Ríos lo que arrojó $360.000
“En este PLM hubo una distribución interna entre los integrantes de la sociedad y cada uno cobró $180.000. Hubo otra distribución interna de $45.000 para Cardona Herreros, Campitelli y Zanabone, lo que arrojó un total de $270.000 para cada uno”, acotó la fiscal.
Licitación 84/13 del Ministerio de Trabajo tuvo un PLM total de $6.876.000. La distribución fue entre:
Guillermo Smaldone $50.000 y en total $1.800.000
MU (identificado como Mauro Urribarri) $40.000 y un total de $1.440.000
DAC $40.000 que arrojó $1.440.00
Ruso $20.000 y arrojó un total de $720.000
Turco (en referencia a Carlos Haidar) $5.000 que arrojó un total de $180.000
También hubo distribución interna.
Licitación 2/15 arrojó un PLM total de $1.836.000
Ruso $7000 arrojó un total de $126.000
Equipo $40.000. “La estimación contable va entre $540.000 y 720.000. la distribución fue reducida por lo cual los PLM dos y tres pudieron haberse visto reducidos”, dijo la fiscal.
Miguel Ulrich $5.000 mensuales que arrojaron un total de $90.000
Y una distribución entre Cardona Herreros y Campitelli de $15.000 lo cual arrojó $270.000 para cada uno.
“Estos PLM refieren concretamente a las licitaciones pero también se corroboraron otros conceptos registrados como PLM Entre Ríos”, diferenció la fiscal.
“Cada vez que se efectuaba el pago de la provincia, se ponían en marcha los PLM”
Así lo subrayó la fiscal Yedro. “Esa era la mecánica, cada vez que se efectuaba el pago de la provincia por una contratación, se ponía en marcha este sistema de distribución de PLM para funcionarios y empresarios”.
En la investigación desarrollada, los fiscales consiguieron reconstruir la ruta, los montos y los beneficiarios de los mismos, en base a las comunicaciones internas y los asientos contables. Las operatorias variaron: se libraron cheques a nombre de empresas asociadas que se registraron como “pagos de contraprestaciones ficticias o servicios simulados, facturados por terceras empresas a Relevamientos Catastrales”, también hubo dinero en efectivo, y las empresas compraron objetos y servicios para funcionarios políticos o familiares de los mismos.
“No solo tomamos en consideración mensajes de correos, anotaciones y registros hallados sino también se cotejó con asientos contables, expedientes de cada licitación, expedientes de pago. A través de la documentación que Fiscalía se ocupó de recabar, la mecánica quedó plasmada ahí”, manifestó Yedro.
La fiscal manifestó que el dinero destinado al exgobernador “era almacenado en las oficinas de Cardona”. “También se hicieron depósitos bancarios para otros funcionarios. Esto surgió de las entrevistas con las secretarias de Cardona Herreros y otros testigos”.
Pasajes, objetos y un vínculo estrecho
La fiscal mencionó la compra de pasajes aéreos para la familia Urribarri y Smaldone por parte de las empresas que conducía Cardona Herreros u otras asociadas, también la adquisición de alfombras que se entregaron en un departamento de calle Lafinur de Capital Federal (uno de los domicilios del exgobernador) y que recibió Ana Lía Aguilera, esposa de Urribarri. Las alfombras no fueron el único objeto, Relevamientos Catastrales compró una heladera y una cinta para correr que fueron entregados en el mismo domicilio de Capital Federal y que recibió la esposa del exgobernador.
Las contrataciones del Estado provincial a las empresas, la huella de los sobreprecios y las coimas, la compra de objetos costosos y pasajes aéreos desde las empresas a los funcionarios políticos y familiares. Todo queda enmarcado en el estrechísimo vínculo amistoso entre Urribarri y Cardona Herreros.
Esa relación queda expuesta a partir de cientos de mensajes telefónicos y conversaciones entre los dos principales imputados en la investigación. “Sabido es que el exgobernador usaba líneas registradas a nombres de tercero para comunicarse con algunas personas. Por ejemplo, solía usar utilizar una línea a nombre de Rubén Ángel Martínez”, apuntó la fiscal.
A continuación se publican varios de los mensajes registrados en la causa.
- Sergio Daniel Urribarri: la pena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
- Diego Armando Cardona Herreros, la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de$540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
- Al exministro de Trabajo, Guillermo Smaldone, la pena de 5 años de prisión efectiva, inhabilitación especial perpetua, multa de $90.000.
- Carlos Marcelo Haidar, la pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $540.000, comprensiva de los seis hechos imputados, en concurso real.
- Luis Alfonso Erbes, a la pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua, multa de $360.000 comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
- Miguel Ángel Ulrich la pena de 4 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $360.000, comprensiva de los cuatro hechos imputados, en concurso real.
- José Humberto Flores, la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional, inhabilitación absoluta perpetua, multa de $90.000.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora