“Adelanto mi voto positivo”.

De ese modo, la senadora nacional por Entre Ríos Stella Olalla (UCR) despejó una de las dudas más cerradas en el poroteo que hubo en la últimas semanas en el Senado en torno a cómo votaría en torno al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

La radical se había guardado –desde que empezó la pandemia, y por ser grupo de riesgo, se recluyó en su departamento en Paraná- y no había dado pistas de cuál iba a ser finalmente su postura en el recinto de la Cámara de Senadores. 

“Se están ampliando derechos”, resumió la legisladora.

De ese modo, Olalla se distancia de su compañero de bloque, el gualeguaychuense Alfredo de Ángeli (PRO), que votará en contra del proyecto.

El conteo final arroja que los cuatro legisladores nacionales por el radicalismo votaron a favor del aborto: los diputados Gabriela Lena, Jorge Lacoste y Atilio Benedetti; a los que se sumó la senadora Olalla.

“Se trata un tema de derechos humanos”, empezó su discurso, a distancia ya que votó desde su casa. Se apoyó en el texto del Preámbulo de la Constitución Nacional, en pactos internacionales con rango constitucional, en documentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para definir el concepto de salud. .

Citó el Protocolo de San Salvador, que pone en cabeza de los Estados la obligación de garantizar el derecho a la salud. “En dos artículos, habla de cumplimiento de la educación de la población para prevenir y para corregir los problemas de salud. Hay otro punto fundamental, la educación de la población. Esto es muy significativo. Y otra cuestión es la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos que tienen más alto riesgo y que por  sus condiciones de pobreza son más vulnerables a sufrir consecuencias en su salud”, detalló.

Olalla señaló que “si nosotros analizamos los datos de salud de la población más vulnerable en relación con la interrupción de embarazos, embarazos no queridos, y de las estadísticas preocupantes que nos llegan permanentemente no solo de la Capital sino de las provincias, son estadísticas complejas, preocupantes”. Y sostuvo que lo que se ha hecho en materia sanitaria “no es suficiente”.

Dijo que lo que el Senado estaba tratando es una cuestión de salud pública. “Estamos tratando de reducir las muertes y las consecuencias gravísimas en la salud de las mujeres que acuden, como todos hemos mencionado, a la clandestinidad, que es absolutamente insegura para resolver embarazos no deseados”, afirmó.

Y cuestionó que desde el Estado no se haya avanzado con la aplicación de la educación sexual integral (ESI). “Ese mismo Estado que debió desarrollar la educación sexual integral, es ese mismo Estado que penaliza a las mujeres en este tipo de situaciones”, apuntó.

Olalla apuntó que el aborto ya se contempló en el Código Penal redactado en 1921 y de lo que se trata ahora de ampliar derechos, de ampliar causales.

“El Estado argentino es un Estado laico, como lo dice la Constitución. Es independiente de las cuestiones de conciencia, prescinde de lo religioso, y en consecuencia para resolver este tema, no es una cuestión de vida o de muerte”, resaltó.

Rechazó los cuestionamientos oídos en el Senado y resaltó que las causales que habilitan la interrupción del embarazo vigente desde 1921 nunca han sido tachadas de inconstitucionales. En ese escenario, aseguró, de lo que se trata es de incorporar nuevas causales.

“De mantenerse la prohibición no se eliminará el sistema clandestino que sobradamente está demostrado que existe. Y no habrá mejoras en el sistema de salud si seguimos no llevando adelante la educación sexual”, puntualizó.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora