«Este es un juicio por la responsabilidad de Ilarraz  en los hechos de abuso y corrupción. Hasta ahí. ¿Hubo encubrimiento? Sí, claro. Se probó en el debate el encubrimiento. Pero no era el objeto procesal. No se juzgaba el encubrimiento en este juicio».

De ese modo, el fiscal Álvaro Piérola se refirió a la actitud que tuvieron los obispos Estanislao Estaban Karlic y Juan Alberto Puiggari en el encubrimiento de los delitos cometidos por el cura Justo José Ilaraz: los abusos y la corrupción de menores en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo. Allí, el cura fue prefecto de disciplina entre 1985 y 1993.

Siete víctimas lo denunciaron en la Justicia. El caso se abrió en 2012, y llegó a juicio oral el 16 de abril de 2018. Este jueves 1o de mayo, el tribunal, conformado por los jueces Alicia Vivian, Carolina Castagno y Gustavo Pimentel, escuchó los alegatos de las partes. La Fiscalía pidió 25 años de prisión de cumplimiento efectivo, y la prisión preventiva de Ilarraz hasta que la sentencia quede firme.

El riesgo procesal que advirtieron los fiscales Álvaro Piérola y Juan Francisco Ramírez Montrull es el de fuga: no tiene residencia en Paraná, su domicilio es en Tucumán y cuenta con recursos económicos como para eludir la Justicia ante la certeza de una condena importante.

-¿Se abre una investigación posterior por encubrimiento?

-¿Si es posible? Sí, es posible, Entendemos que sí. Pero no es una cuestión que a nosotros nos interese ahora. Ahora nos interesa la responsabilidad de Ilarraz. Y por eso vinimos a este juicio.

¿Quiénes encubrieron, según la tesis de los fiscales?

Apuntan a Karlic, que fue arzobispo cuando Ilarraz se desempeñó en el Seminario -lo ordenó cura y lo nombró prefecto de disciplina- y a Puiggari, que fue rector en el Seminario, después obispo auxiliar, en 1992, y más tarde, arzobispo.

«Los hechos ocurrieron cuatro o cinco años antes de que los denunciaran. Y tomé la determinación de que se hiciera la investigación inmediatamente después de conocer las denuncias, en 1995. La confesión pública de Justo Ilarraz admitiendo los hechos tuvo lugar en enero de 1997. Y en marzo de ese año fue sancionado. Actué en lo que era mi competencia. Considero que en la denuncia ante la Justicia civil tenían prioridad los padres y el interés superior de los jóvenes, dada la naturaleza de los hechos”, respondió Karlic, por escrito, en el juicio que se sustanció a Ilarraz.

Así explicó por qué no llevó el caso a la Justicia, por qué lo investigó a Ilarraz, probó los abusos y después decidió guardar todas esas actuaciones en el archivo secreto de la curia.

Igual camino siguió Puiggari.

“Luego de tomar conocimiento de lo ocurrido, inmediatamente se lo comuniqué al Arzobispo de Paraná, y comencé a solicitar testimonios por escrito de los seminaristas sobre hechos o conductas extrañas o fuera de lugar que hubieran percibido y que estuvieran relacionadas con el Pbro. Ilarraz, con el fin de recolectar elementos para iniciar una investigación canónica. Esta investigación comenzó efectivamente en 1995. Durante la misma se recabaron las denuncias de otras dos víctimas -en total, tres, dice, NdelR-, una de las cuales no estaba ya en el Seminario”, relató en la Justicia. 

Y se quitó de encima la responsabilidad de denunciar en la Justicia. “Desde 1995, más de una vez sugería a una de las víctimas la conveniencia de enterar a su madre de lo ocurrido, ante lo cual me expresó que no lo hiciera porque su madre tenía mucha estima al Pbro. Ilarraz y una noticia de ese tipo podría afectar su salud”, respondió.

De ese modo, Karlic, primero, Puiggari, después, justificaron el por qué del encubrimiento.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.