El vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo -el mismo que juzgó y condenó a 25 años de cárcel al cura Juan Diego Escobar Gaviria- no formará parte del proceso al sacerdote Justo José Ilarraz, con siete denuncias por abusos y corrupción de menores, cuyo proceso oral empieza el próximo 9 de abril.
Las complicaciones de salud del juez Crespo habían llevado a un aplazamiento del juicio a Ilarraz, cuyo inicio estaba previsto para el 13 de noviembre de 2017. Su estado de salud, complicado, es lo que llevó ahora al Poder Judicial a decidir su reemplazo en el tribunal que juzgará en abril al cura Ilarraz.
Juez Darío Ernesto Crespo.
Hay un nombre que trascendió como posible reemplazo de Crespo: se trata de la exfiscal y ahora camarista María Carolina Castagno.
Jueza María Carolina Castagno.
La causa, que se abrió de oficio por impulso del procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, y tras una publicación aparecida el jueves 13 de septiembre de 2012 en la revista Análisis, cierra, con el inicio del juicio oral, una primera fase: el cura Ilarraz, tras cinco años de investigación judicial, se sentará en el banquillo de los acusados y escuchará el relato de las siete víctimas que lo acusan de graves hechos de abuso y corrupción de menores de los que fueron víctimas mientras cursaron como pupilos la escuela secundaria en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo.
A Ilarraz lo juzgará un tribunal conformado por magistrados de distintos puntos de la provincia. La conformación del tribunal surgió de un listado elaborado, para toda la provincia, por el Superior Tribunal de Justicia (STJ). En principio, había quedado conformado por Alicia Cristina Vivian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguaychú; Edwin Ives Leonardo Bastian, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia; y Darío Ernesto Crespo, vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguay.
Pero Crespo no será parte de ese tribunal.
La investigación
Ilarraz llegará al juicio -en el que se sucedieron infinidad de recursos, apelaciones y hasta un planteo extraordinario por prescripción que está a resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- con nuevo defensor. Su histórico abogado, Juan Ángel Fornerón, renunció a la tarea por cuanto concursó ante el Consejo de la Magistratura por un cargo de juez en el fuero Civil y Comercial. En su lugar, quedará el tucumano Jorge Muñoz.
La salida de Fornerón de la causa Ilarraz fue resuelta por el camarista Gervasio Pablo Labriola, a través de una resolución que firmó el 6 de febrero, que indica: “Atento a los motivos invocados por el Dr. Juan Angel Forneron, téngase por aceptada la renuncia al cargo de Defensor Técnico del encartado Justo José Ilarraz, debiendo continuar en el ejercicio de dicho ministerio el Dr. Jorge Joaquín Muñoz”.
También habrá nuevos querellantes. Tras la asunción de Rosario Romero al frente del Ministerio de Gobierno -novedad que se conoció a finales de febrero último- se sumaron tres nuevos querellantes a la causa Ilarraz: Santiago y Victoria Halle, y Lisandro Amavet. Y continúan Milton Ramón Urrutia y Marcos Rodríguez Allende. Los letrados ejercen la representación de seis de las siete víctimas. Sólo uno de los denunciantes no cuenta con abogado querellante.
Los debates que se iniciarán el lunes 9 de abril en los Tribunales de Paraná -la causa fue elevada a juicio el 17 de agosto de 2016 por el entonces juez Pablo Zoff- se constituirán en el segundo juicio que enfrenta Ilarraz. El cura ya había sido juzgado -aunque en ausencia- por la Iglesia de Paraná en 1995, un proceso que ordenó el entonces arzobispo Estanislao Esteban Karlic, y que concluyó al año siguiente, 1996, con una sanción insólita: Ilarraz fue condenado al destierro y se le impuso un tiempo de encierro en una casa de retiros tras comprobarse los abusos en el Seminario.
Ilarraz fue, entre 1989 y 1992, administrador del Seminario, designado por Karlic, mientras que de abril a julio de 1993, fue vicario parroquial de la Parroquia San Juan Bosco, para la atención de la Capilla San Cayetano, próxima a ser erigida como Parroquia. Fue designado por decreto de Karlic Nº 21/93, del 29 de abril de 1993. Y entre marzo de 1985 y marzo de 1993 fue prefecto de disciplina, una especie de preceptor, en el Seminario Menor, el colegio secundario con internado que prepara para el sacerdocio.
En 1993 dejó todo lo que tenía aquí y se radicó en Roma, donde permaneció hasta los primeros meses de 1997. Karlic “apoyó la iniciativa de Ilarraz de trasladase a Roma para realizar los estudios de la Licenciatura en Misionología en la Pontificia Universidad Urbaniana. Karlic pidió un lugar de alojamiento para él en la Iglesia Argentina en Roma. El decreto 39/93 de Karlic, del 6 de agosto de 1993, autorizó a Ilarraz a ausentarse de la Arquidiócesis al menos por un período de dos años, en razón de sus estudios de Misionología en Roma. Posteriormente, extendió hasta 1996 el permiso de ausencia de Ilarraz de la Arquidiócesis, por la misma razón de sus estudios en Roma”, se lee en el informe que el arzobispo Juan Alberto Puiggari envió a la Justicia.
Mientras estuvo en Roma, por autorización de Karlic, se abrió la investigación interna, ordenada por Karlic. Fue en julio de 1995, por medio de un decreto de Karlic, fechado el 5 de julio, por el que encomendó una investigación sobre Ilarraz. Dice el decreto que firmó Karlic: “Visto: que existe la posibilidad seria de que con ocasión del desempeño del presbítero Justo Ilarraz como miembro del cuerpo de superiores del Seminario, se puedan haber cometido delitos graves, previstos y sancionados por el Derecho Canónico; Considerando: que ante estas circunstancias el Código (de Derecho Canónico) en el canon 1717 prevé la realización de una investigación cautelosa acerca de los hechos y las circunstancias; Por las Presentes Letras Resuelvo: 1) encomendar al presbítero Silvio José Fariña que realice dicha investigación tomando declaración a las personas que puedan informar algo al respecto, pudiendo ser asistido como notario-actuaria a estos efectos por el presbítero Alfonso Frank o el presbítero Juan Alberto Puiggari; 2) que el citado presbístero (Fariña) presente el resultado de la investigación con la mayor brevedad posible para resolver actuar según derecho; 3) que la investigación realizada con el mayor sigilo, una vez terminada y resuelto cómo actuar, según prescribe el canon 1718, se guarde en el archivo secreto de la curia, así como el presente decreto y todo aquello que precede o concluya la investigación”.
El 29 de julio de 1995, Fariña elevó al arzobispo de Paraná las actuaciones. Entre julio y octubre de 1995, Karlic envió varios informes a Roma con el caso Ilarraz.
El 25 de julio de 1995, Karlic comunicó al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en Roma, que “había recibido denuncias contra un sacerdote bajo la especie ´de crimine pessimo´ y que había comenzado la investigación indicada en la Instructio de 1962 ´De modo procedendi in causis sollicitationis, titulus V: de Crimine Pessimo´, que, dado que el sacerdote acusado se encontraba residiendo en Roma, estimaba que debía seguir ese procedimiento canónico hasta ´reum constitutis subiicere´, que una vez concluida esa etapa enviaría las actas a esa Congregación y esperaría sus indicaciones”.
El intercambio con Roma siguió.
Allí en Roma, precisamente, le realizan una pericia psiquiátrica a Ilarraz el 27 de noviembre de 1996.
Un mes después, el 18 de diciembre de 1996, Karlic emitió un nuevo decreto con la sanción a Ilarraz.
El decreto que firmó Karlic, y por el que dispuso la expulsión de Ilarraz, es revelador. Dice que “con las declaraciones que se suceden en torno al comportamiento del presbítero Ilarraz en la época que fuera superior del Seminario Menor queda revelado el daño producido a personas e instituciones”.
Y que “ese daño producido, que debe ser reparado y evitado en el futuro, es consecuencia de la conducta del presbítero Justo José Ilarraz, ya que cuatro testimonios de forma unánime así lo afirman”. Pero ante la gravedad de los testimonios –uno de las víctimas, que entonces tenían entre 10 y 14 años, habló de acceso carnal por parte de Ilarraz—no se actuó en consecuencia, sino que le dejaron la puerta abierta para que el cura siguiera ejerciendo en otra diócesis, como de hecho ocurrió.
La disposición de Karlic sólo dejó en suspenso una eventual sanción más dura: el texto del decreto de 1996 especifica que “la desobediencia” de la disposición de no acercarse a la diócesis de Paraná “será sancionada con pena que no excluye la suspensión”. Esa medida, la suspensión en el ejercicio del ministerio sacerdotal, recién se dispuso el 7 de septiembre de 2012, hace menos de un mes.
En el ínterin, Ilarraz se mudó a Buenos Aires, dejó el sacerdocio, vivió como laico, y después volvió a calzar sotana, y un obispo, Enrique Witte, de Concepción, Tucumán, le permitió volver a la Iglesia, sin siquiera atender la investigación hecha en su contra por casos de abuso. Más todavía, el 21 de mayo de 2004 el arzobispo de Paraná Mario Maulión firmó el decreto N° 78 por el que le otorgó la excardinación, y la posibilidad de que se mudara efectivamente a Tucumán.
Durante el juicio al cura Ilarraz -del 9 al 27 de abril próximos- desfilarán por Tribunales varios miembros del clero paranaense, y toda la cúpula eclesiástica, desde 1983 hasta acá.
El tribunal escuchará los testimonios de las tres últimas cabezas de la Iglesia Católica de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, Mario Luis Bautista Maulión y Juan Alberto Puiggari. El primero, Karlic, es ahora cardenal; el segundo, arzobispo emérito, y el tercero, Puiggari, es el actual jefe de la curia. A ellos, se suma José María Rossi, obispo de Concepción, Tucumán, último superior de Ilarraz en aquella provincia, adonde el cura se radicó en 2004 luego de haber sido expulsado de la diócesis de Paraná por orden de Karlic.
Los testigos del clero son los sacerdotes Néstor Iván Pucheta, residente en Córdoba, Aurelio Gabriel Battello, Leonardo Javier Tovar (hoy residente en Buenos Aires), Diego Ariel Rausch, David Hergenreder, Agustín Hertel, Osiris Daniel Agustín Ponce, José Alberto Carlos Barreto; Alfredo Luis Marcelo Nicola, Leandro Bonnin (residente en Chaco), Mario Orlando Olivera, Pedro Amadeo Barzán (residente en Italia), Javier Eduardo Balcar, José Vicente Falcón, Ramón Estanislao Zapatza, Eduardo Rafael Jacob, Silvio José Fariña, Alfonso Vicente Franck, Luis Alfredo Anaya, Mario Javier Gervasoni, Luis Alberto Jacob, Hernán Héctor Ramón Quijano Guesalaga, Joseph Charles André Gauthier, Jorge José Lorenzo Bonin y Mario José Taborda.
El listado de testimoniales incluye la de tres ex sacerdotes –formaban parte del clero al inicio de la instrucción de la causa Ilarraz): José Carlos Wendler, Gustavo Javier Mendoza y José Dumoulin. Y de un sacerdote que ahora está con “año sabático”, Alfonso Dittler.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.