El conflicto sindical que derivó en la falta de recolección de residuos ne la ciudad durante diez días abrió el debate respecto de los limites del derecho de huelga cuando hay afectación de servicios que se consideran clave y prioritarios para la población.
Antes, el tema había si puesto en discusión con la paralización durante 15 días del servicio de colectivos, en agosto, por un conflicto de los choferes agrupados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con Buses Paraná, la concesionaria que integran Transporte Mariano Moreno SRL y Ersa Urbano SA. La Comuna fue con un amparo y pretendió que la Justicia ordenara el restablecimiento del servicio.
Pero la Cámara Contencioso Administrativo, con el voto del vocal Hugo González Elías, negó esa pretensión y señaló que la responsabilidad le cabía al Estado municipal y no a la Justicia. Pero además dejó establecido que declarar «servicio escencial» una pretensión supone avanzar sobre el derecho de huelga, y en ese terreno sólo puede actuar el Congreso.
«Por último, pero no menos importante de destacar en este análisis conceptual aplicable al caso es la equivocada calificación del servicio público de transporte de pasajeros urbanos como ´esencial´, calidad que en el régimen jurídico impide el ejercicio pleno del derecho de huelga de los trabajadores que se desempeñen en dicho servicio, en tanto éstos deben asegurar lo que se denomina como ´guardias mínimas´ o que el núcleo del servicio no se vea interrumpido», dice el fallo que firmaron los jueces Hugo González Elías, Gisela Schumacher y Marcelo Baridón.
Y señalaron que la calificación de «servicio esencial» corresponde al Congreso de la Nación»en ejercicio de sus competencias delegadas por las Provincias» y «lo ha hecho con el dictado de normas que no incluyen al servicio prestado por Buses Paraná – Agrupación».
Respecto de la recolección de residuos, la ordenanza N° 9.199, sancionada el 4 de junio de 2014 por el Concejo Deliberante de Paraná avanzó sobre esas facultades del Estado Federal. Esa norma declaró «de caracter esencial» la prestación de los servicios de: a) captación, impulsión, producción, almacenamiento, suministro y distribución de agua potable; b) recolección, transporte, manipulaciones, tratamiento,clasificación y disposición final de residuos sólidos urbanos; c) funcionamiento, conservación y mantenimiento de la red cloacal y de las plantas y estaciones elevadoras; y d) las actividades que se desarrollan en el Cementerio Municipal.
Ahora, con el conflicto por la recolección de residuos, el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná Alejandro Cánepa resolvió el amparo presentado por la Asamblea Vecinalista, que pidió el restablecimiento del servicio, y recomendó a la Secretaría de Trabajo que «atento a sus competencias en el marco de la conciliación obligatoria en curso entre la Municipalidad y las entidades sindicales» requiera de oficio «ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y/o Comisión de Garantías dependiente del mismo, la declaración del servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de Paraná, como esencial».
Cánepa citó el artículo 24 de la Ley Nacional N° 25.877, que dice que «cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción». En esa categoría incluye «los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo». Aunque agrega que una actividad «no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente».
Pero al margen de esas interpretaciones, el diputado provincial Juan Reynaldo Navarro (PJ) presentó este miércoles en la Cámara de Diputados de Entre Ríos un proyecto de ley que declara «como servicios esenciales la recolección de residuos urbanos, tanto domiciliarios como patológicos, el servicio de potabilización y distribución de agua y el servicio de transporte público de pasajeros y el cementerio –la inhumación, cremación, tumulación o entierro de cadáveres- en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos”, dice el texto de la iniciativa que afirman, además de Navarro, los diputados Diego Lara y Gustavo Zavallo.
El proyecto aclara que por servicio esencial debe entenderse “aquel que debe ser prestado de manera obligatoria y continua por quien corresponda, ya sea el gobierno provincial o local y que de ninguna manera se puede suspender su provisión de forma tal que se ponga en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población”.
Y agrega que en aquellos casos “en que por razón de un conflicto de trabajo las partes decidieran adoptar medidas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizarse la prestación de los servicios esenciales a fin de evitar su interrupción”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.