El Senado de Entre Ríos está convocado a sesión para este martes, a las 19, y en agenda está el tratamiento de la cobertura del lugar de la Cámara Alta en el Jurado de Enjuiciamiento tras la renuncia, a principios de junio, de la senadora Patricia Díaz (PJ).
El bloque del Frente Más para Entre Ríos, que tiene mayoría en el Senado, pidió que ese lugar sea ocupado por la senadora Gladys Domínguez (PJ, Feliciano), aunque la situación había generado un entredicho con el oficialismo. El jefe del bloque de Juntos por Entre Ríos, Gustavo Vergara, dijo que tras la dimisión de Díaz -dio un portazo después de que el Jurado la apartara del tratamiento de la denuncia contra el Procurador Jorge García, que en 2006, siendo juez, integró el tribunal que condenó a Domingo Daniel Rossi, intendente de Santa Elena y esposo de la legisladora, por enriquecimiento ilícito- correspondía el lugar del titular al suplente, Rafael Cavagna (Juntos, Nogoyá).
Integración del Jury: «No se va a llegar a un acuerdo», dice Cavagna
En la última sesión del Senado, a finales de junio, ingresó un planteo del bloque del Frente Más para Entre Ríos. «Hemos pedido una moción de preferencia, a través de una nota que presenté -dijo el jefe de bloque, Martín Oliva-. Nosotros vamos a votar por nuestra representante, trámite que se hace con mayoría simple. Entendemos todas las posiciones de todos. Pero nosotros tenemos un instrumento, que es la ley, y la ley es muy clara.
Pero Juntos insiste en que el artículo 10° de la Ley de Jurado de Enjuiciamiento N° 9.283 establece de qué modo se cubren las renuncias. Ese artículo dice: «En caso de recusaciones e inhibiciones, los Jurados serán reemplazados con los miembros suplentes que correspondan a la representatividad del miembro separado. De ser necesario, el Superior Tribunal, las Cámaras Legislativas y el Colegio de Abogados harán nuevas designaciones de Jurados Suplentes a los fines de la integración del Organo».
Oliva le responde a Juntos sobre el Jury: la ley «es muy clara»
Como la ley no habla de renuncias, Juntos pidió una opinión al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y espera conocer la opinión del organismo para actuar en consecuencia. Si ese pronunciamiento de Fiscalía de Estado no alcanza, o no llega, en Juntos no descartan llevar el caso a la Justicia.
El PJ tiene mayoría para imponer su candidata, Gladys Domínguez, para integrar el Jurado de Enjuiciamiento y así completar la estructura del organismo encargado de receptar las denuncias por supuesto mal desempeño de funcionarios judiciales.
Senadora Gladys Dominguez,
¿Qué hará entonces Juntos? ¿Quién ocupará la suplencia por el Senado?
Actualmente, el senador suplente es Rafael Cavagna, vicepresidente del Senado, que presidirá la sesión de este martes por cuanto la vicegobernadora Alicia Aluani estará al frente del Ejecutivo por ausencia del gobernador Rogelio Frigerio.
El escenario
El Jurado de Enjuiciamiento es un cuerpo colegiado cuya función es juzgar el desempeño de los funcionarios de la Justicia. Está conformado por 7 miembros: tres vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Leonardo Portela, Miguel Ángel Giorgio y Susana Ester Medina; dos, por el Colegio de la Abogacía, Alejandro Gonzalo García Garro y María Victoria Giménez; y dos legisladores, el diputado Marcelo López (Juntos), y resta la designación por parte del Senado.
El Ministerio Público Fiscal tiene abierta otra investigación penal también enriquecimiento ilícito contra Rossi y su ahora esposa, la senadora Díaz. Por eso García pidió expresamente que en su caso sea apartado de su caso en el Jurado de Enjuiciamiento.
El Procurador recusó a la titular del Jurado de Enjuiciamiento por «inidoneidad para desempeñarse como tal» en función de la investigación en su contra por enriquecimiento «y por enemistad manifiesta» por cuanto entendió que la legisladora carece «absolutamente de imparcialidad».
Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento debe resolver un segundo punto: si el Procurador debe ser sometido a proceso a jury o debe ser sometido a juicio político, como planteó García.
El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con dos procesos más abiertos, por supuesto pago de coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, en la que tiene pedido de 10 años de prisión, y por enriquecimiento, con solicitud de una pena de 6 años y 6 meses, presentó en abril una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Urribarri pidió que se suspenda al Procurador en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo”, y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100. La presentación del planteo de enjuiciamiento contra el jefe de los fiscales se realizó ante el secretario del Jurado de Enjuiciamiento, Eduardo Rodríguez Vagaría.
En el escrito, Urribarri sostiene que “existen graves indicios que ponen en evidencia serias irregularidades desplegadas desde la cabeza del Ministerio Público Fiscal hasta magistrados del Tribunal de Casación de la Provincia, contrarias al juramento”.
La primera “irregularidad es la violación de las previsiones del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos ya que accede a su primer cargo jerárquico en la Administración de Justicia como secretario en el año 1979, en pleno proceso militar, en los años calientes de las violaciones de los DDHH y obviamente jurando y coincidiendo con el Proceso Militar”.
También le reprocha “abuso de autoridad” y “violencia institucional”, y señala que el Procurador llevó adelante “maniobras que encubrieron una intención política judicial de represión y persecución a través de actos aparentemente jurisdiccionales derivado de haber concentrado todo el poder conferido por la Constitución Nacional y de la Provincia de Entre Ríos, mientras que puntualmente los funcionarios indicados se conformaron bajo la figura a la que podría denominarse como ´operadores judiciales´ cuyos integrantes estarían actuando al margen de la ley y dedicados al ´armado de causas´ y a la persecución política de mi persona, como exgobernador de esta provincia”.
“Puntualmente el Sr. Procurador de la Provincia de Entre Ríos, así como la destituida fiscal Cecilia Andrea Goyeneche con la colaboración necesaria del periodista Daniel Enz (titular del portal de noticias Análisis Digital) lograron a través del entramado que se denuncia el aparente resultado legítimo –sentencia judicial condenatoria- con el que, finalmente, me sometieron políticamente”, dice el escrito.
No es la única denuncia que tiene en trámite el Jurado de Enjuiciamiento.
También fue denunciado el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo; hay presentación contra el fiscal Álvaro Piérola -estas dos últimas desestimadas por el Jury y apeladas ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ)-; tres denuncias al Procurador Jorge García: una la firma el dirigente del PRO Herán Blázquez, ya condenado en la Justicia; una segunda denuncia al Procurador, impulsada por el exintendente de Gualeguay; y la que presentó Urribarri; la presentación contra el fiscal Gamal Taleb, fiscal coordinador de la jurisdicción Gualeguay, Victoria, Nogoyá; y la última denuncia, al fiscal Facundo Barbosa, de la Unidad Fiscal de La Paz.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora