Los trabajadores de la tarjeta Sidecreer volvieron a manifestar su preocupación por el futuro de sus puestos de trabajo luego de que el Gobierno anunciara el llamado a licitación pública para seleccionar una entidad que se integre en un consorcio de cooperación.
Al respecto, dijeron que “nuestra oposición al proyecto, que –afirmamos-no es más que una privatización encubierta de la firma”.
“El rol del Estado es imprescindible e indelegable y si el negocio es rentable para un privado, también lo es cuando el Estado lo administra, nuestra historia es contundente en este punto”, subrayaron.
Por otra parte, dijeron, “los argentinos tenemos experiencia en lo que significan las privatizaciones: la entrega de herramientas valiosas del Estado, su explotación por parte de entes privados (obviamente carentes de toda sensibilidad social) y la pérdida de numerosos puestos de trabajo”.
“Por eso, insistimos: los empleados de Sidecreer queremos, como seguramente desean todos los hermanos comprovincianos, que la empresa siga siendo estatal y siga estando al servicio del pueblo entrerriano. La tarjeta de los entrerrianos genera un círculo virtuoso en nuestra economía local mediante la inyección de fondos a través de los programas sociales y a numerosas alternativas de financiación que provocan en los comerciantes y en los más de 80 mil socios pertenencia y elementos concretos para el desarrollo sustentable”.
Desde el Gobierno, el titular del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Juan Domingo Orabona, dijo que lo que se pretende es que la tarjeta Sidecreer “se transforme en una herramienta de financiación para los empleados del sector público porque nunca funcionó en esos términos”.
“Acá no hay nada para ocultar, está todo a la vista de quien desee informarse acerca de esta operatoria, no es una privatización encubierta; sino que necesitamos modificar el esquema de negocios de la tarjeta de la provincia porque tenemos un problema estructural. Y queremos darle competitividad”, sostuvo el funcionario.
“Esta especie de consorcio público-privado permitiría una capitalización y enfocar el negocio hacia el financiamiento a mayor plazo”, explicó. “Por otro lado, para los usuarios de la tarjeta, que también son trabajadores, proyectamos un mejor servicio acorde a las necesidades de utilización del plástico que, a su vez, cumple una función social muy importante para el pago de beneficios sociales de la provincia, como el caso de los programas de celíacos y los de compra para los comedores escolares y comunitarios, y el programa de refuerzo alimentario nacional”, sostuvo.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.