La Municipalidad de Paraná se presentó el último día hábil judicial de 2017 y pidió el desalojo del carribar “Al Paso”, levantado sobre espacio público en la Costanera Baja.
Es parte de una batalla judicial que entabló la administración del intendente Sergio Varisco por recuperar parte del espacio público ganado por los privados. En este caso, los carribares que se habían adueñado de parte de un sector del Parque Urquiza, a la vera de la Costanera Baja.
Uno de los negocios de mayor envergadura, el carribar “Al Paso”, tiene, además, construida la vivienda particular del dueño, Hugo Núñez.
El caso de momento no cuenta con resolución judicial.
La tarea de desalojo comenzó en noviembre.
En un operativo conjunto entre diferentes áreas de la Municipalidad de Paraná y la Departamental Paraná de la Policía de Entre Ríos, se retiraron los carribares que estaban instalados de manera ilegal en la Costanera Baja. La medida se adoptó, según explicaron desde el gobierno de la ciudad, por cuanto muchos de esos puestos de comida “incumplían disposiciones” relativas a la ocupación del espacio público.
El operativo fue encabezado por el fiscal Francisco Avero, y la jueza de Faltas Silvina García, junto a funcionarios del área de Habilitaciones y la Escribanía. El fiscal Avero sostuvo que “el objetivo de la acción es la recuperación del espacio público que se encuentra utilizado de manera inapropiada por parte de quienes hacen uso de carribares, que no son tales ya que están hechos de mampostería no permitida”.
Hugo Núñez, dueño del carribar “Al Paso”, resistió el desalojo, y fue a la Justicia con un recurso de amparo. En primera instancia, el juez Hugo Perotti, de la Cámara de Casación Penal, rechazó el planteo.
Perotti firmó una resolución en la que rechazó el planteo en la causa “Hugo Núñez c/Municipalidad de Paraná. s/Acción de Amparo “, y además le fijó el cobro de las costas y los honorarios de los profesionales que intervinieron en la presentación judicial.
En su presentación, Núñez fundamentó que el retiro de su negocio constituyó un proceder irregular del Estado, por lo que “fue una intolerable violación de los derechos constitucionales habida cuenta que no es real la ocupación ilegal, tal como adujo la justicia de faltas”.
Con fallo adverso en primera instancia, Nuñez apeló. Pero la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó la resolución del juez Perotti.
La decisión del alto cuerpo, fechada el viernes 22 de diciembre, con el voto de los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio y la abstención de Claudia Mizawak, rechazó la apelación del dueño del carribar, que había considerado la sentencia de Perotti como “equívoca y errónea”, y hasta incluso “contradictoria e incongruente”.
Nuñez argumentó que “no se puede en un estado de derecho desalojar con una topadora un espacio otorgado oportunamente por otra gestión de gobierno o, al menos, sin designar un nuevo espacio para que puedan seguir trabajando y ejerciendo su industria lícita”.
El STJ hizo notar que Nuñez “no logra demostrar la existencia de un acto, hecho u omisión manifiestamente ilegítimo que pueda reprocharse a la comuna accionada, surgiendo de las constancias de autos que el accionante mantiene su tozuda posición y reitera los argumentos ya esgrimidos en su promocional -los cuales fueron sólidamente desarticulados por el a quo-, sin lograr acreditar la ilegítima conculcación -con el proceder del municipio demandado- de derecho constitucional alguno, en razón de que la -conjeturada- ilegitimidad a la que con ahínco se refiere, no resulta tal, al emerger de las probanzas obrantes en autos que el propio actor celebró en fecha 18/11/2013 un instrumento en donde se estipuló un “compromiso de uso”, el cual, en su parte medular, reza que “tendrá vigencia a modo de reubicación temporal y precaria, comprometiéndose el promitente al desalojo del predio ante la sola notificación por parte del municipio”.
Los otros carribares ya no están en lugar en el que se asentaron, terrenos públicos.