Jorge Oscar Daneri

Han transcurrido más de ocho meses de gestión del nuevo gobierno provincial.

Es llamativo el discurso oficial difuso y la inactividad de redireccionamiento respecto al crédito autorizado mediante la Ley de endeudamiento (10.352) con la banca publica China, para la construcción de dos acueductos en el norte de la provincia.

En este nuevo sentido se indica que la suma originariamente destinada a la construcción del acueducto La Paz-Estacas que fue dado de baja, de más de 300.000 millones de dólares, se destinará a nuevas rutas, trasmisión de energía, etc.

La ley aún vigente, lo que es público y además verdad, expone la existencia en sus anexos de cláusulas secretas. No deja de ser de ciencia ficción esta contradicción entre público y secreto, que el colectivo social movilizado pudo develar y denunciar incluso ante la Justicia.

Así resulta ser la realidad institucional y jurídica de esta Ley cuyo monto autorizado tiene como destino la construcción de dos obras públicas de acueductos en el Norte de la provincia. Si la mas importante de las obras, que determina aproximadamente un 80% del valor total que señala la Ley, fue dejada sin efecto, no existe duda alguna de que la Ley perdió su objetivo básico y concreto de financiación.

Esta misma Ley, además, está impugnada por una acción de inconstitucionalidad en el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.

Resulta relevante para la transparencia de los procedimientos de construcción parlamentaria del Presupuesto Provincial y la proyectada obra pública de la nueva gestión de gobierno, que se trabaje en un nuevo proyecto de Ley o Leyes,  que no colisionen con la Constitución Provincial,  la Ley de contabilidad y la de contrataciones públicas, como claramente así lo denuncia y prueba la demanda formulada por el colectivo social que accedió a la Justicia del más alto Tribunal.

Si es cierta la resolución que manifiestan las actuales autoridades provinciales sobre la decisión política de no avanzar con el acueducto «La Paz – Estacas», está claro que sobra mucha plata. ¿Qué van a hacer si la ley no autoriza o faculta al Poder Ejecutivo Provincial a gastarla para otro destino?

En este contexto, está claro que se debería derogar la ley, viciada de nulidad, y donde además su objetivo fundamental de endeudamiento, para una obra con nombre y territorio propio, se esfumó.

En el caso de que se opte por tomar crédito del Estado Chino, lo primero que hay que hacer antes de lograr un nuevo acuerdo, es desarrollar los procesos institucionales y administrativos que no realizó la gestión Urribarri. Es importante tener claro los proyectos de obras, sus presupuestos públicos, el marco licitatorio o si se va a mantener la modalidad impuesta por el Estado Chino y sus empresas de adjudicación directa. En cada escenario, qué significa para la Provincia y sus ciudadanos en términos de financiación y endeudamiento, quién lo va a pagar, conforme cada obra pública, los gastos de su Agencia de Crédito a la Exportación (Aseguradora), los gastos de honorarios, los viáticos, las expropiaciones, las cláusulas «abiertas» donde China se  reserva el derecho de modificar hasta último momento lo que se le ocurra, cláusulas absolutamente leoninas, etc, etc.

Se suma otro dilema ¿se mantendrá la modalidad de las «cláusulas secretas» y la delegación en la Justicia de otro país en caso de litigios judiciales en los diversos escenarios de potenciales conflictos?

El Gobierno Nacional avanza -en estas horas- con la ratificación y nuevos acuerdos con China, incluso parecería que aún mas que el «acuerdo estratégico integral» que Cristina Kirchner dejó a sus sucesores.

En este contexto, seguramente no resulta ser nada fácil el ejercicio sano y oxigenado del poder democrático provincial, si existe voluntad política para construir un mayor margen de autonomía en las decisiones del gobierno. Ello será posible si el Gobernador tiene la convicción de que solo es factible ampliando las bases de una construcción social genuina en el marco de la transparencia y los tiempos que se merece la Provincia y su gente para el rediseño de un plan de obras públicas y planificación territorial, que sea realmente estratégico, mirando el futuro en décadas y como expone la Constitución con políticas de adaptación al cambio climático sobre la mesa de las decisiones.

De lo que no hay duda, infelizmente, es que quienes diseñaron este negocio patético en la gestión pasada ahora no deben querer tocar una sola letra de la Ley vigente y menos aún alguno de sus números. Y es esto lo mas grave, que semejante proceder, pueda llegar a ser ratificado por la actual gestión, sin abrir un libro nuevo, que muestre precisamente nuevos caminos, o mejor aún, reviva los que la Constitución Provincial y sus leyes mas relevantes enseñan a transitar. Sabemos que no es fácil abrir la Constitución renovada. Pero no hacerlo es llevar a la Provincia hacia un proceso institucional y económico demasiado peligroso.