La noticia la dio a conocer esta mañana el sitio www.analisisdigital.com.ar: este miércoles el gobernador Gustavo Bordet, a través del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, pidió la renuncia del interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Marcos Rodríguez Allende.
Rodríguez Allende, además de funcionario, ejerce su profesión de abogado con un altísimo perfil, y aunque en las últimas horas se hicieron públicos los cuestionamientos por ejercer la defensa de narcotraficantes, desde que Sergio Urribarri lo designó como interventor del EPRE, en diciembre de 2013, ha mantenido muy activo su estudio jurídico, ubicado en Malvinas y Santiago del Estero.
Su última actuación pública ha sido la defensa del exgobernador Urribarri en las causas por corrupción que tiene abiertas en la Justicia. Según “Análisis”, a esa tarea también renunciaría Rodríguez Allende, aunque el abogado Raúl Barrandeguy, que se acaba de incorporar a la defensa del exgobernador, negó tal alejamiento.
Según lo que se publicó hoy, Bordet le exigió la inmediata renuncia a Rodríguez Allende, como interventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE). Lo hizo en horas de la tarde del miércoles y a través del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes. El motivo principal: la reiterada defensa de narcotraficantes que viene haciendo el funcionario provincial, cuando el gobierno entrerriano viene adoptando una posición contundente en contra del negocio del narcotráfico. Rodríguez Allende deberá presentar su dimisión este jueves a la mañana; de lo contrario, se emitirá un decreto por el cual será inmediatamente separado del cargo.
Sin interventor, ¿quién queda a cargo del EPRE?
Jorge Rodríguez, subinterventor.
Está la figura del subinterventor, una creación de la gestión Urribarri, que no existe en el organigrama original del Ente.
Ese puesto lo ocupa Jorge Rodríguez, ex titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), con una causa en la Justicia.
Mientras fue presidente de Vialidad, Rodríguez fue denunciado penalmente por supuestos manejos irregulares en la administración de dinero público.
Ocurrió a principios de octubre último.
La demanda fue promovida por los ex diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná) y Jorge Monge (UCR-Diamante), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira.
La denuncia se apoyó en una nota publicada por el periodista Jorge Riani, en julio pasado en la revista ANÁLISIS.
Los ex legisladores observaron el uso de dinero de Vialidad para construir la escuela privada Nº 235 Heraclia Ruiz Diaz. “Sin que haya existido la necesaria y obligatoria previsión presupuestaria al efecto, el director administrador habría utilizado dinero y/o servicios pagados por la administración pública para 1) la puesta en funcionamiento de lo que en la actualidad es la Escuela Privada Nº 235 “Heraclia Ruiz Díaz” mediante la construcción de tres aulas y colocación de mobiliario en predio perteneciente a la Dirección Provincial de Vialidad ubicado en calle Brasil Nº 1050 de Paraná, desocupado al efecto por su Dirección de Mantenimiento y Suministro; 2) la colocación de mobiliario; y 3) para el pago del personal de la citada escuela”.
Pero más todavía. “La titularidad de la referida institución educativa corresponde a la Asociación Civil y Cultural “Los viales”, cuya comisión directiva preside el propio Director Administrador de la D.P.V. e integran varios funcionarios del ente público -entre otros, el Director de Mantenimiento y Suministro Néstor A. Kemerer- aunque la constitución de tal persona jurídica es inclusive posterior al comienzo de los trabajos de la escuela”.
Pero además de haber creado una escuela con recursos que, en teoría, debieron estar destinados al mantenimiento de los caminos, Rodríguez también creó un Ministerio de Desarrollo Social paralelo, “desde el cual se habrían desarrollado actividades ajenas por completo a las funciones de la Dirección Provincial de Vialidad y realizando gastos no enmarcados en el presupuesto poniendo la estructura administrativa de la D.P.V. al servicio de la promoción personal del Director Administrador en particular, y del oficialismo provincial en general”.
La denuncia judicial también observó la creación, dentro de la estructura de Vialidad, una estructura destinada a promover la figura de Rodríguez. Se trata de “Gestión Entrerriana” que era “hasta el año 2013 un portal digital gestionado por la Gisela Soledad Jacobi, usualmente con pauta publicitaria de la D.P.V. En los primeros meses del 2014, el Director Administrador habría habilitado una oficina en el entrepiso del edificio central del ente (Avda. Francisco Ramírez Nº 2197 de Paraná) donde habría comenzado a funcionar como servicio de prensa y organización de actividades destinadas a la promoción y exaltación de la persona del Director Administrador. Posteriormente éste área irregular creció en recursos asignados hasta ubicarse en el primer piso del edificio central de la D.P.V”.
Vialidad
Otro punto que los letrados pidieron que investigue la Justicia es el hecho de que a fines del mes de junio y comienzos del mes de julio de 2014, Vialidad organizó una campaña solidaria para las comunidades Wichi del Impenetrable” chaqueño, tarea que concretó junto al Arzobispado de Paraná. Todo eso, en Vialidad se llevó adelante con recursos que tenían otro fin, pero que Rodríguez utilizó según su propio criterio.
De momento, sólo se sabe de la dimisión de Rodríguez Allende quien, sin embargo, seguirá en el EPRE por cuanto es personal de planta permanente, en el área de asuntos jurídicos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.