Los concejales de Paraná, por unanimidad, derogaron la ordenanza Nº 8.323, por la que en 2001 se previó un sistema que garantizara a los vecinos el acceso a la información del Municipio de la ciudad. La norma formó parte de un paquete de ordenanzas basado en la participación ciudadana, sancionado en un momento histórico en el que reinaba el reclamo de transparencia al grito de que “se vayan todos”. Pese a esa fuerte demanda, la norma que instituía un Sistema de Información Ciudadana nunca se instrumentó.
La ordenanza 8.323 fue sancionada el 7 de diciembre de 2001, cuando el país estaba al borde del estallido y Sergio Varisco gobernaba la ciudad. Y fue derogada el 1° de julio pasado, sin anuncios y en un trámite exprés. El proyecto de ordenanza fue prestado por el concejal Luis Eduardo Díaz, del bloque de la minoría UNA-Frente Renovador.
Las únicas palabras de Díaz en la sesión fueron: “Señora Presidente, para solicitar el ingreso de un proyecto in voce referido a la derogación de la Ordenanza 8.323 y su tratamiento sobre tablas”.
Sin mediar argumentación en el recinto, según el Diario de Sesiones de ese día, Josefina Etienot, presidenta del Cuerpo, puso a consideración de los ediles el ingreso in voce del proyecto y obtuvo la aprobación unánime. Siguió con el tratamiento sobre tablas y otra vez el apoyo fue total.
Así se definió el fin de una ordenanza considerada, en su momento, un avance notorio junto a la creación del Presupuesto Participativo, el Ingreso Ciudadano de la Niñez de Paraná (Incinipa), la Mesa del Transporte, entre otras. La particularidad, en este caso, es que no se recuerdan intentos de ponerla en marcha durante el último tramo del gobierno de Varisco, ni tampoco en los doce años siguientes gobernados por Julio Solanas (2003-2007), José Carlos Halle (2007-2011) y Blanca Osuna (2011-2012). En más de una década, hubo épocas en que resurgía el pedido de que se aplique la ordenanza 8.323; pero no fue suficiente.
Finalmente, la ordenanza que terminó con la 8.323 lleva el número 9.420. Es extremadamente breve: tiene sólo dos artículos: en el primero se establece la derogación y en el segundo es de forma, y la promulgación fue automática; es decir que no lleva la firma del intendente Varisco.
Durante la misma sesión, poco después de que se tratara la derogación de la 8.323, el concejal Emanuel Gainza, del bloque oficialista, presentó también en voce un proyecto de ordenanza sobre el Acceso a la Información Pública en la Municipalidad de Paraná. El ingreso fue aceptado por el Cuerpo y fue girado a la comisión de Legislación e Interpretación. En la argumentación, el edil fundó la importancia de promover el acceso de la información en el marco de la necesidad de establecer un “gobierno abierto”. Habló de que se trata de un derecho humano y de una necesidad de ciudadanos y gobernantes. Y en un párrafo mencionó que “ la posibilidad de disponer de la información tiene como finalidad el control popular de los actos de gobierno y que al no contar con una norma en la faz administrativa municipal que establezca un procedimiento acorde a tal fin, se libraba al arbitrio el cumplimiento de este derecho” o el ciudadano debía acudir a la justicia.
En párrafos posteriores citó la ordenanza 8.323 y resaltó que si bien la norma tenía buenas intenciones de acercar y facilitar la información administrativa municipal a la ciudadanía, nunca se aplicó. Textualmente, se lee en el fundamento: “No tuvo aplicación directa en ninguna de las gestiones dado que su articulado per-se queda abstracto, sin considerar”. Otro aspecto remarcado es el hecho de que “no establecía un mecanismo adecuado de excepciones como busca establecer la presente (proyecto de ordenanza)”. Se citó también que el proyecto fue escrito en consonancia con la norma impulsada a nivel nacional y provincial.
La iniciativa tiene casi treinta artículos y, en palabras de Gainza, será garantía de transparencia, ética pública y parte de un gobierno abierto.

LO QUE ESTABLECÍA ORDENANZA 8.323
La norma fijaba cómo debía ser el acceso a la información: “Simple, automático y libre”. Y establecía un mecanismo para que los vecinos pudieran fácilmente dar con los datos. Terminales de computadoras en puntos estratégicos de la ciudad y la publicación en Internet eran las vías de acceso a la información sobre, por ejemplo, la cantidad de funcionarios políticos de la gestión, de las compras directas, de los planes sociales y los beneficiarios, de la asignación de publicidad y los montos y medios contratados, de los decretos, de los proyectos presentados por concejales, de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios. Se trata de información que, en los hechos, no resulta fácil obtener. Al respecto, este sitio publicó en agosto de 2014 que no resultaba nada accesible dar con la información de declaraciones juradas de funcionarios. Había que redactar una nota dirigida a la intendente municipal, Blanca Osuna, especificando en qué consistía el pedido y, concretamente, cuál declaración jurada se pretendía ver (incluso podía ser la de la propia presidente municipal). Seguidamente había que presentar ese escrito en Mesa de Entrada Municipal, consignando nombre, apellido y DNI del solicitante de la información y abonar un sellado de 8,60 pesos. Después había que esperar.
De haberse instaurado la ordenanza, el trámite no hubiese sido necesario. El sistema preveía la instalación de un programa informático, mediante el que se pensaba garantizar la información a “cualquier persona que acceda al sistema o que así lo solicite”, consignaba el texto. La base de datos debía estar compuesta por una lista larga de temas referidos tanto al Poder Ejecutivo como al Concejo Deliberante. Entre ellos, se mencionaban: información completa y detallada sobre el sistema de contrataciones, las licitaciones y las compras directas y de las declaraciones juradas de bienes de funcionarios. También la publicación de la información referida a los recursos humanos: el listado de funcionarios políticos, con indicación de cargo, categoría y lugar de trabajo (en los hechos, esta información no surge por vías oficiales) y la cantidad de empleados en planta y la de contratados, entre otros aspectos. En cuanto a la información de los contribuyentes, contemplaba la publicación del listado de los titulares de la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, el listado de exenciones con indicaciones de causas en cada uno de los tributos municipales, la información sobre propiedades municipales, el listado de vehículos de propiedad municipal y de maquinarias viales y su afectación. El sistema preveía la inclusión de información sobre programas sociales: la difusión del listado de planes, requisitos para acceder a los beneficios y el detalle sobre subsidios otorgados con el listado de las personas, instituciones o empresas que lo reciben. Debía estar al alcance de los vecinos la información sobre gastos en publicidad y medios (el listado de los destinatarios de la publicidad oficial y los montos), entre otros puntos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora