Por Jorge Daneri
Abogado, Fundación M´Biguá, Ciudadanía y Justicia Ambiental.
Resulta particularmente importante el debate que se pueda conformar o construir social e institucionalmente, sobre la decisión de ubicar o elegir una determinada área o zona para desarrollar un Parque Industrial, en la escala urbana que sea y cercano a una ciudad, en el estudio que ahora nos ocupa, la ciudad de Gualeguay y Puerto Ruiz.
Haber imaginado y ahora resuelto, constituir un área de las características que van tomando estado público, dentro del valle de inundación del río Gualeguay en su encuentro con el Paraná, es decir en el corazón del Delta de la provincia de Entre Ríos y el País, donde estos dos ríos se abrazan y despliegan, no es una decisión de mero trámite. Implica y convoca a una multiplicidad de análisis serios sobre las responsabilidades políticas, profesionales, institucionales, sociales y ambientales que la medida determinará en sus consecuencias complejas y no lineales sobre la región, el humedal y la política portuaria y ambiental.
Ahora, por diversos medios de comunicación se anuncia la decisión, todo indica que ya adoptada por la autoridad política local y con el consenso de la Provincia y la Nación, que se están concretando pasos no menores para la consolidación de un área industrial en Puerto Ruiz, aguas abajo y hacia el oeste de la casco urbano de Gualeguay.
Lo expuesto se manifiesta claramente por medio de la Ordenanza 2812/16, sancionada el último día de Agosto, a la velocidad de la luz, es decir, en una semana desde su ingreso al honorable recinto y sus comisiones y el el acto así promulgada.
Hemos escrito y peticionado, reiteradamente, desde la Fundación M´Biguá, sobre la necesidad de la conformación de los comité de cuencas – si dos de ellos lo necesitan urgente, son los ríos Gualeguay y Gualeguaychú- sobre el caso -ahora en la Justicia- complejo Amarras, anticipado los desastres producidos por las inundaciones y sus razones, sobre la ausencia de una política sostenida y coherente en la gestión de las aguas públicas, el delta y la extrema necesidad de sancionar la ley que declare la Emergencia Ambiental del mismo, hasta que se defina su ordenamiento ambiental territorial, suspendiendo la autorización de todo tipo de intervención ingenieril que debilite o altere los servicios ambientales del sistema de humedales. Está allí a la consideración de los Señores Legisladores Provinciales el proyecto de la Diputada Socialista María Emma Bargagna. Es necesario que puedan despertar y actuar a la altura que las circunstancias los interpelan y se merecen para el bien los de los intereses públicos de la Provincia y el sistema de humedales y sus gentes.
El área definida por la frágil Ordenanza sancionada, es territorio integrante del valle de inundación de los ríos que lo riegan y particularmente sensible por factores ecológicos y también de riesgo para el humedal y la propia población de Gualeguay. Necesita de estudios muy detallados y profundos de impacto ambiental, audiencias públicas, acceso a la información pública y participación ciudadana. No es una definición solo de un presidente municipal o su Concejo Deliberante o de un empresario. Menos aún si de lo que se trata, es de una o varias industrias denominadas de » energías limpias «, que no pueden nacer, violando las normas básicas y fundamentales del derecho ambiental nacional y provincial, como los acuerdos inter-jurisdiccionales existentes en el delicado y vital escenario del Delta.
No existen proyectos de energías limpias si los mismos nacen sucios, y más aún, si será para la producción de energía de biomasa. Esto determina la realización de un segundo estudio de impacto ambiental acumulativo y su evaluación independiente y compartida por diversas áreas inter-jurisdiccionales, con particular atención en la materia prima que se utilizaría y su impacto en el área del humedal: madera de selvas en galería y bosques existentes, como en el caso de promocionar plantaciones de especies no nativas en el delta para ser utilizadas en el nuevo emprendimiento energético, etc. Es decir, la huella ecológica negativa que puede llegar a tener, es un elemento relevante para su aprobación y financiación, en el caso, por el área de Energía del Estado Nacional.
Otro dato aún más delicado, por la escala de intervención, es que se llevaría adelante una supuesta ampliación del propio Puerto, infraestructura integrada y complementaria como parte del área industrial. Esto implica enormes movimientos de tierra, dragados intensivos y mayor calado en el río Gualeguay y el delta, muy probablemente, en función de las otras industrias previstas y futuras para que puedan tener salida directa a la denominada hidrovía Paraguay Paraná. Así, nos encontramos, aquí también, frente a la obligación de otro estudio de impacto ambiental acumulativo necesario, con tres escalas responsables, los Estados Nacional, Provincial y Municipal. No se pueden tomar decisiones así, sin la intervención de la autoridad del Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Desarrollo Sustentable en la Región Delta del Paraná – PIECAS DP, es decir, sin la intervención de la Secretaría de Ambiente de la Provincia y el Ministerio de Ambiente de la Nación.
Continuar este «desarrollo» decisorio, con estos modos de ejercicio de la gestión política sobre un área tan particularmente vulnerable y en debate, no se puede hacer sino violando groseramente la legislación vigente.
En el medio de este proceso, como por arte de magia, nos encontramos con un empresario emprendedor que licita frente al Ministerio de Energía de la Nación con ideas de energías renovables y como aquí se expone, desde una base muy débil de sustentabilidad legal e institucional. Nos referimos a «Fronteras S.A, del grupo de Victorio Américo Gualtieri.
Este caso también demuestra, que el Gobierno Provincial no tiene o dispone aún, de una estrategia pública de su política portuaria y por lo visto de su política de áreas industriales. Es una locura imaginar que cada ciudad, cada pueblo, cada villa, deba tener un puerto asociado a un área industrial. Esta es una señal mayor sobre la necesidad que la provincia se merece una planificación territorial y estratégica, nueva, estudiando el proceso de adaptación al cambio climático para imaginar y diseñar una lógica coherente, democrática y legitimada socialmente, como dice el pueblo de Gualeguaychú, con «licencia social».
El Estado Provincial, la Municipalidad de Gualeguay y el Estado Nacional, deben hacer -urgentemente- público los estudios de prefactibilidad y ambientales de los que disponga, para poder democratizar el diálogo social en el caso que nos ocupa. Los fundamentos de la Ordenanza 2812/16 exponen, citando a la normativa sobre parques industriales vigente, sobre la previa realización de estudios de impacto ambiental. Es esencial, si es coherente la cita legal, que los hagan públicos. Y si no disponen de los mismos aún, lo que sería de extrema gravedad, se convoque a la sociedad a debatir sobre tan relevante y sensible proyectos urbanos y privados, como de igual manera, se informe sobre quién o quiénes están contratados para llevar adelante los estudios de pre-factibilidad y ambientales del área industrial y del o los emprendimientos renovables, como acceder a los actos administrativos correspondientes, en particular hidrológicos y del propio Estado Nacional en sus áreas competentes.
Se debe tener muy claro cuándo serán las audiencias públicas del proceso de evaluación de los estudios de impacto ambiental diversos aquí señalados y cuándo se tendrá acceso a la información pública previa, antes de continuar con este proceso decisorio frente a lo que debe ser una sana y transparente gestión de los bienes públicos y comunes, cumpliendo las etapas que la legislación determina y bien de abajo hacia arriba, abrazando la democracia participativa que la nueva Constitución Provincial, felizmente, nos brinda en asuntos de relevancia, como el aquí examinado.
Dicen que las casualidades no existen, y parece ser así. En estos momentos el Congreso de la Nación se dispone a tratar una Ley de presupuestos mínimos de protección y sustentabilidad de los humedales. Hace muy poco tiempo vuelve a tomar estado parlamentario una reiterada iniciativa de Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental, presentada por un Legislador Nacional del PRO, un buen proyecto en su conformación técnica. El Delta pide a gritos una pausa y un gesto de la legislatura de la Provincia, sancionando la Emergencia Ambiental del humedal mas grande y diverso aún de la Argentina.