En Entre Ríos hay tres causas judiciales en las que se investigaron supuestos sobreprecios en obras de asfaltado. Una en Seguí en la que está imputado el intendente Cristian Treppo; otra en Santa Elena, en la que está acusado el intendente electo Domingo Daniel Rossi; y una tercera en Larroque, que tiene entre los imputados al exintendente y diputado provincial Raúl Riganti, y a quien fue su secretario de Gobierno y hoy es intendente electo, Leonardo Hassel.

A decir verdad, la causa de Larroque fue la primera que se conoció, ya que apenas asumió el intendente Darío Benedetti (Cambiemos), que sucedió en el cargo a Riganti, realizó una auditoría que determinó una supuesta sobrefacturación en la obra de 14 cuadras realizada con fondos nacionales del plan “Más Cerca”, por un monto de $21,6 millones.

Aquella tarea de Benedetti mereció una felicitación pública del presidente Mauricio Macri, en 2016.

La auditoría consideró que la obra debió haber costado poco más de $5 millones y por ello el Estado municipal devolvió $13 millones al gobierno nacional, en un gesto que tomó mayor relevancia cuando el presidente Mauricio Macri se comunicó con Benedetti el 6 de mayo de 2016.

Según supo Entre Ríos Ahora, el Fiscal de Gualeguaychú, Lisandro Beherán, solicitó elevar la causa a juicio y la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) le fijó fecha a la audiencia donde se debatirá el pedido: 26 de noviembre, a las 17.

Ese día, martes 26 de noviembre, la Fiscalía pedirá por segunda vez que el caso sea remitido a debate oral; en tanto que la defensa de los acusados interesará el sobreseimiento. El trámite se llevará a cabo ante el juez de Garantías de Gualeguaychú, Tobías Podestá, quien ya en marzo había mandado a reformular la acusación a la Fiscalía ya que el primer escrito de remisión contenía “defectos formales en la imputación”. Ese decir, la acusación contra cada involucrado no estaba del todo bien definida.

La investigación penal preparatoria estuvo en una primera instancia a cargo del fiscal Sergio Rondoni Caffa (hoy juez de Garantías de Federación), que imputó a Riganti por los presuntos delitos de administración fraudulenta en perjuicio del erario público, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La misma imputación recayó también sobre el exsecretario de Obras Públicas Juan Carlos Rochelle; el ex secretario de Hacienda Norberto Marchesini; exsecretario de Gobierno, Leonardo Martín Hassel,y Néstor Hereñú, directivo de la constructora Organización Industrial Construcciones SA (OIC SA) que realizó la obra de asfaltado en 2015.

En el expediente judicial se resume un poco la historia: en mayo de 2015 Riganti celebró un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación General para la construcción de 14 cuadras de pavimento por un monto de 21,6 millones de pesos. Después, su sucesor de Cambiemos aseguró que la obra costó $5 millones, con lo cual el sobreprecio, dicen los denunciantes y la Fiscalía, ascendería a un porcentaje del cercano al 100%.

El diputado dice que es una causa armada

Para el diputado provincial, la causa en su contra fue un “armado de Cambiemos”. Así lo ha manifestado en entrevista al programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1. Riganti vinculó la investigación en su contra a una persecución política con alcance nacional, dirigida principalmente a dirigentes kirchneristas. “Necesitaron hacer un circo y después se hizo asiduamente en todo el país”, afirmó.

A su vez, explicó que la obra y el monto a pagar fue aprobado por el Concejo Deliberante local. “Era necesario utilizar mi nombre y la situación por la que pasé para descalificarme. La sociedad lo vio de otra manera, porque quien está acusado conmigo en la misma causa fue elegido electo intendente en la ciudad”, dijo en relación a Leonardo Hassel, quien ganó las últimas elecciones locales.

“A mí me denuncian porque supuestamente la obra costaba $5 millones, yo pagué $8 millones, que es la verdad, y el perito dice que costó $16 millones. Encima, no recibí la obra. Y ellos –por la gestión de Benedetti- recibieron los $13 millones que faltaban pagar y se los mandaron a Buenos Aires, en vez de ponerlo en el juzgado para que el juzgado disponga de esa plata”, planteó.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.