El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, resolvió enviar a juicio al intendente de Santa Elena y exvicegobernador, Domingo Daniel Rossi, en la causa en el que fue investigado por presuntas irregularidades en la obra de pavimentación de 20 cuadras, en la anterior gestión del dirigente.
Al dirigente se lo acusa de que durante su anterior gestión, en 2014 y 2015, el Municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo de $14 millones.
La audiencia se realizó este jueves por la mañana y terminó pasado el mediodía. A raíz de la pandemia por el coronavirus, las partes discutieron sobre la remisión de la causa a juicio a través de videoconferencia.
Según pudo reconstruir Entre Ríos Ahora, el empresario Néstor Juan Szczech, y el ingeniero de la empresa L&C Construcciones S.A, Carlos Alberto Lescano, solicitaron la suspensión de juicio a prueba o probation. La petición fue formulada por el abogado de ambos, Miguel Ángel Cullen.
El fundamento principal fue que la firma había alcanzado un acuerdo extrajudicial con el municipio en la causa civil en la que se acordó que aportarán materiales al municipio de Santa Elena por más de $6.000.000.
El fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, se opuso al pedido por “la trascendencia social del hecho”, puesto que argumentó que la única manera de entender un esquema de corrupción es también llevando a juicio oral a la parte privada.
Por su parte, los defensores de Rossi y los demás exfuncionarios de su anterior gestión solicitaron el sobreseimiento por entender que no se cometió ningún delito.
Tras un cuarto intermedio, el juez Carballo rechazó las probation y los sobreseimientos peticionados y remitió las actuaciones a juicio oral y público.
Así, quienes deberán comparecer en un juicio son: Rossi; el empresario Szczech; el ingeniero de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortiz (responsable técnico del Programa Más Cerca). El ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría la investigación.
Los delitos que se le endilgan a Rossi es el de peculado, falsificación de documentos públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público atribuido en carácter de autor; y los mismos delitos, pero en carácter de partícipes necesarios a Roberto Carlos Méndez, María Inés Martínez, Adolfo Zenón Ortiz, a Néstor Juan Szczech, y a Carlos Alberto Lescano.
Cómo se llegó a la elevación a juicio
La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el entonces intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra, que es concuñado de Rossi. La presentación la realizó con el abogado Guillermo Mulet.
A cargo de la investigación desde entonces estuvo el fiscal Santiago Alfieri. En su acusación, señaló que durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.
Por ello, en su escrito acusatorio consignó que en la instancia de debate oral pedirá una pena de 5 años y 6 meses de prisión para Rossi, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
La investigación penal preparatoria fue concluida en abril de 2019, mes en el que la Fiscalía solicitó la elevación a juicio. Sin embargo, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, ordenó reformular la acusación.
La segunda solicitud de remisión a juicio fue presentada el lunes 10, un día después de las elecciones generales, en las que Rossi venció a su concuñado Moreyra –victoria que recién se confirmó el mismo miércoles 12 tras un reñido escrutinio-.
Finalmente, tras un año de idas y venidas, la audiencia para debatir este pedido comenzó el 20 de febrero de este año. En aquella primera audiencia, Rossi dijo ser víctima de una campaña de “lawfare” (guerra jurídica con participación de los medios de comunicación) en la que participan tres medios que siguen de cerca las causas en su contra: Entre Ríos Ahora, Análisis Digital y La Sexta, un sitio de informaciones de Santa Elena.
Acuerdo civil
En paralelo a la causa penal también había una demanda civil, formulada por el exintendente Moreyra, en la que le reclamaba a los acusados – entre ellos Rossi- que paguen más de $10.937.255,46 en concepto de perjuicio económico al Estado municipal.
La demanda llegó a su fin a mediados de junio, cuando el municipio y la empresa L&C firmaron un acuerdo extrajudicial transaccional. El acuerdo deberá ser refrendado por el Concejo Deliberante, que tiene mayoría rossista.
En el acuerdo, según informó el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, la empresa “se compromete a financiar parte de las reparaciones que debía ejecutar en 2016 y no lo hizo por capricho del entonces intendente (NdelaR: en referencia a Moreyra)”.
Además, indicó que “la empresa aportará materiales por más de $6.000.000 para sanear 5 años de odio, desaprensión y persecución política”.
El 25 de diciembre de 2019, Entre Ríos Ahora adelantó que tanto la demanda civil de Larroque, en el departamento Gualeguaychú, como la de Santa Elena “estaban en la cuerda floja” porque era imposible que sus intendentes sostengan las demandas en su contra. El 7 de marzo de este año, el municipio que gobierna Leonardo Hassel alcanzó un con la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA) y se puso fin a la acción civil que ambas partes entablaron.
Qué dijo el abogado de Rossi
«Para nosotros, representa una esperanza ir a un juicio oral, que si bien creemos que es injusto ya que se va a juzgar una obra que terminada, con un 26 % más de obra, a precios de mercado, donde es evidente que no se robó, y que el municipio de Santa Elena no sufrió ningún perjuicio; por el contrario, ejecutó una obra que al finalizar la gestión 2011-2015 se encontraba en garantía y las nuevas autoridades hicieron todo lo posible para que se rompa sin poder repararla, para así responsabilizar a Rossi”, dijo Carlos Reggiardo, abogado del intendente de Santa Elena.
Y fustigó la prueba reunida en la causa, hecha por «un perito designado sin sorteo, que peritó todas las obras de la provincia denunciadas y con malicia utilizó un sistema que no era el contratado e incluso tomando precios distintos para los mismos materiales, siendo evidente que buscaba un resultado determinado».
Y en ese orden, cargó contra el Procurador Jorge García al decir que el Ministerio Público Fiscal «no puede explicar el robo de $3.000 millones de contratos truchos de la Legislatura, que nosotros habíamos ya denunciado. No imputó a ningún político. Es evidente que la teoría de la escoba de García no aplica, y le reprocha a Rossi, lo que no se anima a reprocharle a las autoridades de Cámara de la Legislatura entre 2007 y 2015”.
“No es fácil confiar en la justicia con los antecedentes de nuestra provincia que desde hace muchos años utilizo chivos expiatorios para garantizar impunidad a un sistema político que llevó a la ruina las arcas públicas, pero vamos al Juicio Oral con la convicción de defender una causa justa, empujada por intereses oscuros de la fiscalía”, aseveró.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora