El juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, rechazó la recusación formulada por Domingo Daniel Rossi contra el Procurador General Jorge Amilcar García y el fiscal interino de La Paz, Santiago Alfieri, en el marco de la causa en la que el intendente electo de Santa Elena está imputado por el supuesto sobreprecio en una obra de 20 cuadras, realizada con fondos del plan nacional “Más Cerca” en su última gestión.

El abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, anunció que apeló la decisión y que ahora debe intervenir el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gervasio Labriola. Asimismo, volvió a defender la obra cuestionada por la Fiscalía.

Este incidente demora una discusión clave en el caso: la elevación de la causa a juicio. El pedido de remisión del expediente a debate fue presentado el 12 de junio por el fiscal Alfieri. En un principio, la Oficina de Gestión de Audiencias había dispuesto realizar la audiencia el 21 de agosto, pero se suspendió ante un recurso del abogado de Rossi.

El intendente electo y exvicegobernador había recusado al jefe de fiscales y al fiscal de La Paz bajo el argumento de que en el proceso en su contra existe una “grave afectación al principio de objetividad”.

El abogado Carlos Reggiardo, que representa a Rossi, aseguró que existe una animadversión de vieja data en contra de su defendido, ya que García integró el tribunal que en 2006 lo condenó por el delito de enriquecimiento ilícito. Aquel tribunal que lo juzgó también tuvo entre sus integrantes a Raúl Herzovich (ya fallecido) y Silvia Nazar.

En tanto, sobre Alfieri reprocha que siga las directivas de García y que no cuente con la suficiente autonomía para definir el rumbo del caso.

El fiscal Alfieri se opuso al planteo presentado ante el juez Carballo por considerarlo extemporáneo, ya que recordó que la recusación debió realizarse en otra etapa de la investigación y no cuando ya se encuentra finalizada y con pedido de remisión a juicio.

En su oposición también señaló que en una primera decisión el juez había rechazado la recusación, al entender que el asunto debía resolverlo la Procuración, como lo establece el artículo 35 de la ley del Ministerio Público Fiscal, Nº 10.407.

Además, recordó que la Procurador Adjunta y Fiscal Anticorrucpión, Cecilia Goyeneche, desestimó el pedido de apartamiento por extemporáneo y por carecer de “fundamentos serios”.

En su resolución fechada el 9 de agosto, Goyeneche consideró que El artículo 35 de la ley del Ministerio Público Fiscal, Nº 10.407, establece que “los miembros del Ministerio Público Fiscal sólo podrán excusarse o ser recusados en los casos previstos en la legislación procesal vigente, siempre que exista una grave afectación del principio de objetividad. El apartamiento será resuelto por el Fiscal General de Coordinación o el Procurador General, según el caso”.

“La pretensión de apartamiento del Sr. Procurador es manifiestamente improcedente y ha de ser rechazada in limine, en tanto el Dr. Jorge Amilcar García, Procurador desde el año 2007, no ha tenido intervención alguna en el trámite de la causa que se invoca para su apartamiento. De la misma manera que no podría recusarse en este momento procesal a un vocal del STJER, tampoco respecto del Sr. Procurador existe ‘causal’ en la cual recusarle, ya que en ésta no ha tomado intervención alguna”, dijo entonces la Procuradora Adjunta.

En igual sentido dictaminó en el caso del fiscal Alfieri. “No sólo porque la  recusación pretendida es manifiestamente extemporánea, ya que el funcionario ha intervenido en la causa desde su inicio en marzo de 2017 sin oposición de esa parte. Tampoco es procedente el apartamiento pretendido, ya que el mismo ha sido formulado sin invocación de causa”, sostuvo.

Rossi apeló resolución de Carballo

Disconforme con la última resolución del juez Carballo, el abogado de Rossi, Carlos Reggiardo, presentó un recurso de apelación. El magistrado se la concedió y ahora los planteos deberán ser analizados por Gervasio Labriola, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná.

En diálogo con el programa Puro Cuento por Radio Costa Paraná 88.1, Reggiardo afirmó que la recusación se fundamenta en declaraciones formuladas antes de la feria judicial de julio por el Procurador Jorge Amilcar García, donde se refirió “peyorativamente a la figura de Rossi”.

“García lo sindica a Rossi como el jefe de la mafia o el emblema de la corrupción entrerriana. Esto que hace nos parce injusto, nos duele mucho. García tiene una cuestión personal con Rossi. Fue el juez que lo condenó, en una condena que está siendo estudiada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde no se le garantizó el derecho a defensa. Hubo un testigo que compraron, un peritaje que no se hizo. No hay ninguna causa de Argentina reabierta por la Comisión Interamericana”, aseveró el letrado.

En esa línea, cuestionó que no se haya avanzado con denuncias formuladas contra el intendente Silvio Moreyra, concuñado de Rossi y quien lo de denunció por sobreprecios. “A Moreyra le hemos hecho más de 7 denuncias, por enriquecimiento ilícito, por daños a unos colectivos en Santa Elena, entre otras, y todas duermen en la Fiscalía de Santiago Alfieri, y esta se ha tratado de elevar a juicio a una velocidad inusitada”, afirmó Reggiardo.

Asimismo, recordó que en la costa del Uruguay una recusación contra un fiscal avanzó en la causa en la que se investiga por presunto peculado al intendente de Concordia, Enrique Cresto. En ese expediente fue apartado el fiscal José Arias. La decisión la tomó un juez de Garantías, la ratificó una camarista y la Cámara de Casación.

Reggiardo pretende una resolución similar en el caso del sobreprecio. “Estamos dispuestos a llegar hasta la Cámara de Confirmación Penal de Paraná, donde García tiene muchísima ascendencia por su pareja (Marcela Badano) y su amiga (Marcela) Davite”, dijo en alusión a la Cámara de Casación Penal de Paraná.

“Estamos incluso dispuesto a llegar al Superior Tribunal de Justica para que la Sala Penal unifique criterios. No puede ser que los de la Costa de Paraná no podamos recusar a fiscales y los del Uruguay sí. Es injusto”, se quejó.

Más adelante, defendió la obra de 20 cuadras cuestionada por la Fiscalía. “Esta es una obra donde no hubo sobreprecio y no hubo corrupción. Es una obra modelo donde tiene una sobre ejecución de un 26%. Rossi consiguió que la empresa haga un 20% más de obra. Se hicieron más de 20 cuadras”, sostuvo.

Por último, rechazó que los recursos presentados sean dilatorios para que el caso no llegue a juicio. “Es una visión deformada del debido proceso”, afirmó y añadió que “a los fiscales han tenido la suma del poder punitivo y a cualquier perejil lo quieren llevar a juicio oral. Se le están escapando un montón de cosas”.

La causa 

La causa se inició en 2016 por una denuncia formulada por el actual intendente de Santa Elena, Silvio Moreyra –que también está siendo investigado por el fiscal Alfieri en una causa por supuestos sobreprecios en una obra-  que es concuñado de Rossi.

La presentación la realizó con la representación del abogado Guillermo Mulet, conocido por sus denuncias a la corrupción del ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri.

Según la primera acusación fiscal, durante la gestión Rossi, el municipio pagó a la empresa L&C, del empresario Néstor Szczech, más de $20 millones para ejecutar la pavimentación de esas 20 cuadras, cuando el costo máximo estimado en el mercado es $18 millones y el mínimo, de $14 millones. La obra se realizó en el marco del programa nacional ‘Más Cerca’.

En su pedido de elevación a juicio, el fiscal Alfieri había adelantado que en la instancia de debate oral pediría una pena de prisión para Rossi: 5 años y 6 meses de cárcel, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.

Además de Rossi, el fiscal busca que sean llevados a juicio otras cinco personas: el empresario Néstor Juan Szczech; el ingeniero y apoderado, respectivamente, de la empresa L&C Construcciones S.A. Carlos Alberto Lescano; María Inés Martínez (contadora municipal); Carlos Roberto Méndez (exsecretario de Gobierno y Hacienda de Santa Elena); y Adolfo Zenón Ortíz (responsable técnico del Programa Más Cerca). Uno de los imputados, el ingeniero en construcciones Rubén Clivio Benítez, falleció mientras transcurría el proceso de investigación.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.