El Ministerio de Salud sobreseyó a una trabajadora de Servicios Generales del Hospital San Martín, de Paraná, a quien en 2021 se le había abierto un sumario y puesta al borde de la cesantía: se le había reprochado haber tomado fotografías de los pacientes Bladimir Casco y Brian Alarcón, hecho que habría ocurrido el 7 de junio de 2018, «los que se encontraban quemados en grave estado, sin ningún consentimiento; imágenes que posteriormente fueron divulgadas en redes sociales, afectando el derecho a la imagen de los pacientes mencionados y de sus familiares”. Los dos pacientes, que tras una larga agonía fallecieron, fueron fotografiados «desnudos y con gran parte de sus cuerpos quemados, a raíz de un incidente producido en el establecimiento carcelario de la ciudad Victoria. Estos pacientes que, finalmente fallecieron, fueron derivados desde la referida ciudad todo lo cual produjo un reclamo de familiares y allegados de los pacientes fotografiados», según consigna el decreto N° 1.713, del 5 de junio de 2023.
Casco y Alarcon fueron parte de las seis víctimas fatales que se produjeron a raíz de un feroz amotinamiento ocurrido en la Unidad Penal N° 5 Gobernador Ramón Febrer, de Victoria. Por ese hecho, fueron condenados a perpetua Ismael Ramón Framulari, Maximiliano Exequiel Chamorro y Kevin Alexander Paniagua.
El séxtuple crimen ocurrió el 7 de junio de 2018, a partir de un incendio intencional en una celda en la murieron los internos Justo Silva, de 53 años; Marcelo Beber, de 31 ; Brian Alarcón, de 21; Vladimir Casco, de 20; Marcelo Rodríguez, de 30; y Francisco Alberto Coronel, de 19, mientras que Emilio Oscar Suárez, de 27 años, sobrevivió aunque con graves secuelas en sus piernas.
El día de la tragedia
El plan se pergeñó y se llevó adelante durante la madrugada del 7 de junio de 2018. Ismael Ramón Framulari, Kevin Alexander Paniagua y Maximiliano Ezequiel Chamorro silenciaron primero a un testigo incómodo: Walter Sosa, que compartía con los ellos la celda número 3 de la Unidad Penal N° 5 de Victoria. Lo maniataron y lo encerraron.
De ese modo, se aseguraron que Walter Sosa no hablara y no los delatara y pusiera al descubierto lo que habían planificado con celo. El plan criminal que estaban dispuestos a llevar adelante: prender fuego a un colchón, arrojarlo a la celda número 2, trabar la puerta por fuera, y dejar que los siete que estaban adentro murieran del peor modo. Seis murieron del peor modo; algunos de forma inmediata; otros a las horas; algún último luego de varias semanas de agonía. Murieron asfixiados por el humo, con gravísimas quemaduras. Las cámaras del Servicio Penitenciario captaron la escena, el colchón prendiéndose fuego, arrojado luego al sitio donde otros dormían profundamente, cerrando la celda: la trampa mortal. Sólo uno de los siete sobrevivió.
Así lo contó el fiscal Eduardo Guaita, de la Unidad Fiscal de Victoria, en el alegato de apertura del juicio que se llevó adelante en el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay. «Este plan criminal lo ejecutaron la mañana del 7 de junio de 2018, pasadas las 06,30. En dicha oportunidad, los imputados aguardaron a que los funcionarios penitenciarios, tal como lo hacían diariamente, quitaran los candados y pasadores externos de las cuatro celdas que componían el pabellón, y una vez que se retiraron los celadores del pabellón, Kevin Paniagua salió de la celda número 3, se dirigió a la celda 1 y le volvió a colocar el pasador externo. Lo mismo hizo con la celda número 4. Mientras hacía eso Paniagua, Chamorro y Framulari tomaron un colchón existente en la celda número 3 y le prendieron fuego con un encendedor. Y mientras Chamorro abría la puerta de la celda para permitir el paso de Framulari, éste se dirigió a la celda número 2, donde arrojó el colchón, aprovechándose de que las víctimas se encontraban en absoluto estado de indefensión, ya que estaban descansando, debido al horario de la mañana en que se produjo el ataque. Los imputados luego cerraron la puerta de dicha celda a la que le colocaron el pasador externo para impedir que los siete ocupantes de la misma pudieran salir del lugar. El medio utilizado para matar a los integrantes de la celda número 2 a su vez era un medio idóneo para generar un peligro común para los restantes internos que se encontraban alojados en el pabellón número 3. Como consecuencia del comportamiento desplegado por los imputados, seis de sus ocupantes murieron. Justo Silva, Marcelo Beber y Matias Ezequiel Rodríguez fallecieron ese mismo día por asfixia por inhalación de humo y quemaduras en las vías aéreas de respiración. Vladimir Casco y Brian Alarcón fallecieron, uno en la noche del 7 de junio de 2018, y el otro en las primeras horas del 8 de junio, también por asfixia por inhalación de humo y quemaduras en las vías aéreas de respiración. Mientras, Francisco Alberto Coronel, quien estuvo internado desde el día del hecho hasta el de su fallecimiento, murió el 14 de julio de 2018, como consecuencia de las graves quemaduras sufridas el día del hecho que derivaron en una falla multiorgánica. Sólo logró salvar su vida Emilio Suarez, quien sufrió importantes quemaduras principalmente en los miembros inferiores de su cuerpo».
El caso se reflotó en 2021 cuando una empleada del Hospital San Martín empezó a ser investigada a nivel administrativo, acusada de haber fotografiado los cuerpos de los seis reclusoso muertos a raíz del incendio en la cárcel de Victoria. Ambos habían sido derivados a Paraná. Un chofer de ambulancia de San Benito declaró haberla visto con su celular en mano captar imágnenes de los cuerpos. «Vos te callás», dijo que le respondió la trabajadora. Que luego, el chofer se dirigió al policía que cubría servicios en el Hospital San Martín y lo anotició del hecho, pero el uniformado declaró que no la vio sacar fotos. Y «lo que sí recuerdo bien es que ella tenía un celular en la mano junto a su pecho, se le veía el flash encendido y yo le dije que no vaya a sacar fotos a los pacientes ni filmarlos porque nos iba a comprometer a todos los que estábamos trabajando allí. Ella me respondió algo, pero no recuerdo bien qué fue lo que me dijo».
Otro policía declaró que aquel día «había médicos, enfermeros, personal de limpieza. Aclara que por la tarde ingresó a ese lugar un contingente de personas que parecían ser estudiantes de medicina, el que presumiblemente tomó fotografía, en razón de las luces de flashes que se vieron. Afirma que muchas veces los profesionales sacan en forma habitual fotografías de los internados para cuestiones de índole médico».
La trabajadora, al declarar, negó haber sacado fotografías de los pacientes aquel 7 de junio de 2018, aunque sí vio, dijo, «sacar fotos a varias personas dentro del shock room, en especial médicos residentes». En ese marco, su abogado defensor «peticionó la absolución de su defendida en razón de no haberse comprobado a tenor de lo obrante en el expediente que ella haya sido la autora de las fotografías de los pacientes quemados que se viralizaron por redes sociales y medios de comunicación social. Más allá de ello solicita también la nulidad de lo actuado en razón de fallas formales de la tramitación».
El Ministerio de Salud concluyó en que la falta disciplinaria que se le endilgó a la trabajadora no pudo ser acreditada y que los testimonios que la señalaban como autora de las fotografías «resultan inidóneos».
Lo único que se pudo acreditar, cinco años después de ocurridos los hechos, que las fotos «fueron difundidas por las redes, no obstante lo cual no se pudo determinar desde dónde provino la actividad de publicación y posterior ´viralización´, y quién fue el autor de la toma de las fotografías; cuestiones todas que eran objeto de la información sumaria y luego de la instrucción sumaria. Pues bien, de ninguna de las pruebas informativas, testimoniales, instrumentales y de inspección ocular o constatación, surge elemento alguno que pueda sindicar a encartado como autora de la referida ´viralización´».
Por esa razón, el Ministerio de Salud resolvió sobreer a la tabajadora investigada y acusada de haber viralizado aquellas fotos de dos internos de la cárcel de Victoria que finalmente murieron en el Hospital San Martín.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora