- Por Sandra Miguez (*)
Sebastián Salem, juez de Paz de Gualeguay, fue denunciado por violencia y hostigamiento laboral y será juzgado a partir del 15 de marzo en un jury que tendrá lugar en la ciudad de Paraná. El jurado deberá resolver por la absolución o destitución del magistrado.
En noviembre de 2020, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió ordenar la formación de causa contra Salem a partir de una denuncia presentada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ): entonces el magistrado qudó suspendido de sus funciones.
La denuncia se originó a partir de las presentaciones efectuadas por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribiente María Carolina Almeida, ambas de dicho Juzgado de Paz, contra su titular, por violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento.
La violencia en Tribunales
Las situaciones de violencia no escapan a ningún ámbito. El sistema judicial es también un espacio donde se reproducen prácticas misóginas y machistas, más allá de los casos que recaen para ser resueltos en los diferentes fueros; es, además, un lugar de trabajo, en el cual se desarrollan relaciones humanas, y, claro está, se encierran relaciones de poder.
Uno de esos casos será juzgado a partir del próximo 15 de marzo, a raíz de las presentaciones efectuadas por la secretaria del Juzgado de Paz y por una empleada -en 2018 y 2019 respectivamente-, ambas integrantes de dicho organismo, contra su titular Sebastián Salem. Las causales de las denuncias fueron violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento y fueron elevadas al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos en dichos años.
El 15 de marzo de 2021 comenzará el jury al juez de Paz de de Gualeguay, Sebastián Salem.
Las audiencias se llevarán a cabo en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia, en Paraná.
A fines de 2019 quedó constituido el Jurado de Enjuiciamiento para la tramitación de la causa, que resolvió recién el 11 noviembre de 2020 suspender en sus funciones al frente del Juzgado a Salem.
Ahora será el tribunal del jury, integrado por los magistrados Marcela Davite, Daniel Omar Carubia, Guillermo Bonabotta, los legisladores Gustavo Zavallo y Armando Guy, y representantes del Colegio de la Abogacía, Luis María Campos y Sonia Rondoni, el que deberá definir, al término de las audiencias de debate del jury, la absolución o la destitución de Salem.
Esas audiencias serán transmitidas en vivo por los canales oficiales del STJ, por lo que toda la comunidad podrá acceder en forma remota a las instancias del juicio.
El caso
Fueron más de dos años de lucha de las víctimas. Mientras el juez continuaba en sus funciones con total normalidad, una de las denunciantes debió solicitar licencia médica, mientras que la otra mujer debió pedir el pase a otra área, hasta que finalmente el juez fue suspendido y las denunciantes pudieron reintegrarse al Juzgado de Paz de Gualeguay para cumplir allí con sus tareas. Un ejemplo más de las dificultades a la hora de denunciar.
Estas situaciones –y otras que no llegan a ser expuestas oficialmente debido a las múltiples dificultades a la hora de realizar una denuncia- fue lo que llevó a que el propio STJ, junto a los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa de Entre Ríos, la Asociación de Empleados Judiciales de Entre Ríos (AJER) y la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, a conformar una Comisión de Violencia Laboral, integrada por estos organismos y cuyo objetivo será redactar un protocolo de prevención y abordaje de las violencias laborales al interior del Poder Judicial.
Así lo dispuso cada una de estas organizaciones en diferentes acuerdos fechados todos a fines de 2020, en donde indican que “conforme a la normativa convencional y constitucional vigente, rechazan y repudian todo tipo de violencias”.
No obstante esto no borra las situaciones previas, ni mucho menos las que se den a futuro, aunque sí establece una pretensión de “justicia” frente a las situaciones de abuso y acoso laboral que se den en los tribunales entrerrianos. También el proceso de jury contra el magistrado va en este sentido y por el cual las víctimas guardan gran expectativa de que se haga justicia.
Si bien son muchos los casos, pocos han llegado a una instancia de denuncia formal. Algunos de los argumentos esgrimidos desde las páginas oficiales del Superior Tribunal de Justicia en relación a esa dificultad es “el escaso conocimiento y percepción de la violencia laboral y sus efectos dificulta muchas veces detectarla y reconocer la verdadera causa del problema que afecta a la víctima y que permanece oculta en la propia organización del trabajo”.
Sin embargo, es bien sabido que toda organización laboral se inserta en relaciones de poder, en donde la posición dentro del esquema de trabajo es un factor clave para denunciar a quienes de pronto pueden ser jefes o jefas directas de la persona denunciante.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de formular una acusación es que la víctima tendrá que presentar pruebas o personas que testifiquen dicha situación, lo cual también es sumamente difícil para quien se ofrece en calidad de testigo, afectada o afectado de igual modo por su superior o superiora.
Con todo, el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos ha fijado un precedente histórico a nivel provincial al resolver la suspensión en sus funciones a un magistrado acusado de violencia y maltrato laboral contra dos mujeres, reivindicando de este modo los derechos de las denunciantes.
Resta aún esperar el veredicto del Jury, que tendrá la oportunidad de sentar un importante precedente en el marco de una causa de violencia de género iniciada contra un integrante del Poder Judicial de Gualeguay.
El STJ considera como violencia laboral aquellas situaciones que ocurren en el ámbito laboral que afectan la dignidad, la salud e integridad física y psicológica de quienes en él se desempeñan, remarcando la intolerancia a tales conductas. “A su vez, se auspicia la colaboración de integrantes del Poder Judicial para sumarse a la prevención y atención de esta problemática. Para ello es necesaria la sensibilización y formación desde una perspectiva de derechos humanos, género e interseccionalidad”.
“Se entiende como violencia laboral a las acciones y omisiones de personas o grupos de personas que, en ocasión del ámbito o relación de trabajo, en el espacio físico y/o virtual, atenten contra la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica y/o social de una persona, mediante acoso sexual, abusos, abuso de poder, ataques, amenazas, intimidación, amedrentamiento, inequidad salarial, maltrato físico, moral, sindical, psicológico y/o social y toda aquella conducta que, en uno o sucesivos actos, produzca menoscabo en una persona que se desempeñe en el ámbito judicial”.
Quién es Salem
Sebastián Salem se desempeña como juz de Paz enGualeguay, la ciudad donde se produjo el femicidio de Micaela García, hecho que derivó después en la sanción de las Ley Micaela, que obliga a todos los estamentos del Estado a caplacitarse en perspectiva de género .
Las dos denuncias que carga en su contra fueron realizadas en 2018 y 2019, y recién a fines de 2020 a instancias de la conformación del tribunal del Jury, se resolvió apartarlo de sus funciones.
Salem habría fracasado en sus exámenes para ingresar como empleado judicial. Se presentó a varios concursos, no obteniendo un puntaje favorable. Sin embargo, fue designado como Juez de Paz titular de Gualeguay a propuesta de un órgano político.
(*) Sandra Miguez es periodista.