El domingo 10 de mayo de 1992 el programa “Tato de América”, conducido por Tato Bores, tuvo que modificar abruptamente el clásico monólogo para evitar nombrar el nombre de una jueza, María Romilda Servini de Cubría, quien por entonces había sido sancionada por la Suprema Corte de Justicia por una irregularidad en la tramitación de una causa por lavado de dólares durante la presidencia de Carlos Menem.
Bores, en la piel del personaje Helmut Strasse, iba a hacer alusión a ese caso. Pero la jueza Servini apeló a una herramienta que conocía bien: metió un amparo y logró que un tribunal censurara el programa. La televisión no podía nombrar a la magistrada. Entonces, el humorista redobló la apuesta: convocó a un grupo numeroso de famosos que hicieron de coro e interpretaron una canción en la que aludían a Servini de Cubría con corrosivo sarcasmo: “La jueza Burú Burú Budía es lo más grande que hay”.
Lejos, lejísimo de aquel caso, ahora otro juez, Ángel Luis Moia, titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 9, de Paraná, especializado en concursos y quiebras, se ha metido en jardines, dizque molesto por una serie de piezas publicadas en Facebook por un grupo de extrabajadores de El Diario, que desde 2018 esperan cobrar las indemnizaciones por despido. El juez Moia tiene en sus manos esa causa y utilizó la maquinaria de la prensa judicial para distribuir un comunicado que tiene destinatarios específicos. “Ante las notables incongruencias existentes en noticias recientemente difundidas y la realidad de la causa `Sociedad Anónima Entre Ríos s/concurso preventivo`(El Diario), en honor a la verdad, se hace necesario aclarar los siguientes hechos:”.
Aclara, su señoría.
“Desde el comienzo del trámite el juzgado ha dado tratamiento prioritario al pago de los créditos laborales, según lo dispuesto en la ley 24.522, sin que haya existido pedido o presentación alguna por parte de los acreedores al respecto”, dice el juez, y habla de las migajas que reciben los más de 80 extrabajadores despedidos por Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER) en forma ilegal, sin pagar las indemnizaciones a las que obliga el regimen laboral. Lo que cobran los despedidos es una fórmula matemática y miserable: el “pronto pago”, un monto caprichoso que SAER deposita judicialmente cuando le apetece. La maquinaria judicial no se activa casi nunca para obligar a pagar lo que debe pagar.
El juez Moia dice que procuró hacerse de fondos para pagar el “pronto pago” y que para eso dispuso la venta de un inmueble de la empresa concursada pero que el trámite fue y vino en apelación a la Cámara Civil y Comercial –se sabe, esos pleitos transitan por un sendero angostísimo que dos por tres se atasca- y que finalmente, oh, sorpresa, “la operación de venta no se concretó en el plazo de treinta días establecido”. Todo, entonces, empieza a marchar al ritmo del salmón.
La pluma del juez pone fechas: entre el 22 y el 30 de diciembre de 2022 –o sea, en medio de las juergas de fin de año, y después del alegrón de la Scalonetta- “ingresaron los fondos” para hacer frente a los “pronto pago “, y que entonces en una fecha imposible, el 31 de diciembre “se habilitaron días y horas para proveer esta última presentación y se dispuso su distribución entre los acreedores laborales”. La Sindicatura del concurso de El Diario presentó la distribución de fondos el 1º de enero –ya había pasado el brindis y la resaca hacía estragos en varios mortales- pero llegó el tiempo fuera del tiempo: la feria judicial.
En ese recodo del tiempo que es la feria judicial sólo el juez de feria podía poner la firma para que los extrabajadores cobrasen una parte ínfima de lo que se les debe desde 2018. El 4 de enero ocurrió lo previsible: el pedido fue rechazado porque la jueza de feria, del fuero laboral, María Alejandra Abud, consideró, claro, “que no existía justa causa para ello, así como no existía una urgencia tal que tornara ineficaz la diligencia solicitada o generara perjuicio evidente para las partes”.
Ahora, febrero de 2023, el juez Moia dice que el trámite empezó a tramitarse por los canales corrientes de toda tramitación de esa envergadura y que más temprano que tarde los extrabajadores de El Diario se harán con sus “pronto pago”. Lo que no dice el juez Moia es qué pasará con el concurso y, lo más relevante, las indemnizaciones.
Quizá el entuerto se resuelva con otros posteos en Facebook de extrabajadores y se esclarezca con algún ulterior comunicado espasmódico de su señoría. Aunque por ahí existe una máxima a la que algunos echan mano cuando se ven en algún brete enojoso: los jueces sólo hablan a través de sus sentencias. ¿Cuándo ocurrirá la sentencia del concurso de El Diario, que se inició en 2018, casi 5 años atrás?
Dios dirá.
Ricardo Leguizamón
De la Redacción de Entre Ríos Ahora