El vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Gervasio Labriola, escuchará este viernes los argumentos de los abogados de Sergio Urribarri y Pedro Báez contra una resolución que los deja cerca del juicio oral y público en la causa por el financiamiento de la campaña del “Sueño entrerriano”.

En la audiencia que se llevará a cabo a las 9 en los Tribunales de Paraná, los abogados Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, por Urribarri; e Ignacio Díaz, por Báez, atacarán la resolución del juez de Garantías Ricardo Bonazzolla, quien el 16 de abril desestimó el planteo de excepción por falta de acción interpuesta y los dejó cerca del juicio.

El recurso sostenía que los hechos investigados no constituyen delitos, ya que las contrataciones cuestionadas por la Fiscalía fueron controladas por la Contaduría General de la provincia, la Tesorería y el Tribunal de Cuentas.

“Están aprobados los gastos correspondientes por medio de cuatro decretos, que están perfectamente bien elaborados. Esos decretos se prepararon en las áreas técnicas correspondientes. Se adoptaron después de que la Contaduría General aprobó el gasto y la finalidad; de haber aprobado la Tesorería la intervención de la Contaduría; y de la aprobación del Tribunal de Cuentas; por estar dentro de la Cuenta General del Ejercicio, que es la inversión de cada año que hace el gobierno provincial”, dijo Barrandeguy semanas atrás en una entrevista con el programa Puro Cuento, por Radio Costa Paraná 88.1.

El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados y el ex ministro de Comunicación y Cultura y actual diputado provincial, están al borde del juicio oral y público por el supuesto financiamiento con fondos públicos de su campaña presidencial de 2015, cuyo lema de campaña fue el “Sueño entrerriano”.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal solicitará al magistrado que confirme la resolución del juez de Garantías Bonazzolla, quien entendió que el caso debe ventilarse en el debate de juicio donde “se dará el justo valor probatorio a los fundamentos defensistas vinculados a la aprobación de las cuentas públicas”.

Si la discusión de zanja a favor de la Fiscalía, y no existe una nueva apelación de los defensores, recién entonces se podrá realizar la audiencia de elevación de la causa a juicio.

La causa

En diciembre de 2018, el Ministerio Público Fiscal unificó tres expedientes y pidió la elevación a juicio de todos los imputados por supuestos delitos contra la Administración Pública. La tesis de la Fiscalía es que se utilizó dinero del Estado para financiar la fallida campaña presidencial de Urribarri.

La causa incluye los siguientes expedientes: la investigación por la instalación de un parador playero en Mar del Plata, que le costó a la provincia $14 millones; la contratación de la productora del empresario farandulero Jorge “Corcho” Rodríguez, Nelly Entertainment SA, para difundir tres spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en 2014, por un monto de $27 millones; y la contratación con distintos medios gráficos de la publicación de una solicitada contra los fondos buitres que le supuso a las arcas del Estado entrerriano el gasto de unos $4 millones.

Además, del exgobernador y su exministro de Cultura y Comunicación; también están imputados el exministro de Turismo, Hugo Marso, y, entre otros, el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; Hugo Félix Céspedes, que fue coordinador de la Unidad Operativa Mercosur; Gustavo Javier Tortul, que fue coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur; el titular de la firma “El Juego en que Andamos” y exdirector de Contenidos del Fútbol para Todos, Gerardo Daniel Caruso; y la contadora Corina Elizabeth Cargnel, vinculada a las empresas Tep y Next, que se adjudican a Aguilera.

Los delitos que se le imputan a Urribarri y Báez son negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado. En tanto, a los demás acusados se les reprocha los mismos delitos pero en grado de partícipes primarios.

Para Urribarri la Fiscalía pide 9 años de prisión; para Báez, 8 años de prisión; para Gustavo Javier Tortul, 4 años de prisión; para Hugo Felix Céspedes, 4 años de prisión; Juan Pablo Aguilera, 8 años de prisión; Corina Elizabeth Cargnel, 6 años de prisión e inhabilitación especial; Hugo Marsó, 4 años de prisión; y Gerardo Daniel Caruso, 4 años de prisión. Además, para cada uno de los funcionarios o exfuncionarios pidieron la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una pena de multa de 90 mil pesos, ya que consideran que los hechos se habrían cometido con “ánimo de lucro”.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.