El Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió suprimir de la estructura funcional del Poder Judicial al Juzgado de Transición Nº 1, que estaba a cargo de la jueza María Gabriela Garbarino,  y asignar las causas que se tramitaban en ese ámbito al Juzgado de Transición Nº 3, a cargo del juez Gustavo Maldonado. Allí, Garbarino cumplirá funciones de secretaria.

Se trata del juzgado que tramita una de las tantas causas que tiene en la Justicia el exgobernador Sergio Daniel Urribarri. En el juzgado que estaba a cargo de Garbarino -cuyas causas ahora manejará ahora Maldonado- se tramitaba el legajo  caratulado “Urribarri Sergio Daniel, Báez Pedro Ángel, Buffa Germán Esteban s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. 

Se trata de una denuncia presentada en 2013 a partir de una denuncia presentada por el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D’ Agostino (Cambiemos), quien destacó que durante la gestión de Urribarri en la Gobernación y Báez en el Ministerio de Comunicación “se utilizó como un patrón el uso de la excepción y el pago previo antes de la cotización, violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos (los pagos) fueron de mayor valor”. Entre las empresas beneficiadas con pauta y que no habría cumplido los requisitos básicos para su contratación se encuentra Global Means SA, que integra el contador Germán Buffa.

En el marco de la lenta tramitación de esa causa, el  24 de octubre último,  Garbarino, en uno de sus últimos trámites,citó a Urribarri, Báez y Buffa a declarar en la causa: para el martes 12 de diciembre, a las 9, a Urribarri;  el exministro y actual diputado provincial Pedro Báez fue citado para el miércoles 13 de diciembre, y el empresario Buffa para el jueves 14. En aquella resolución,  también libró un oficio a la Dirección General del Ministerio de Comunicación y Cultura de Entre Ríos para que remita copia del legajo de German Buffa, que debería estar en el Registro de Medios.

Claro que ninguno se presentó.

El abogado de Urribarri, Marcos Rodríguez Allende, presentó un pedido de suspensión ya que se encuentra con licencia médica que impide estar cuando su defendido declare.

Por su parte, el abogado de Báez, Ignacio Díaz, argumentó el pedido de suspensión en el hecho de que su defendido tiene “una agenda apretada” durante el mes de diciembre debido a la extensión de las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados. Esa extensión fue solicitada en los primeros días de diciembre por el presidente de la Cámara Baja, Urribarri. La razón: votar el pacto fiscal que firmó el gobernador Gustavo Bordet con el presidente Mauricio Macri.

En tanto, el empresario Buffa logró evitar la indagatoria porque su abogado, José Velazquez, manifestó que tenía otras audiencias programadas,  que hacían imposible su presencia en la declaración de su defendido.

La nueva citación, en 2018, deberá hacerla ahora el juez Gustavo Maldonado, quien, después de la feria de verano, deberá ponerse a estudiar la causa y disponer fecha de las nuevas indagatorias.

La supresión del Juzgado de Transición Nº 1 fue dispuesto por el STJ en acuerdo especial del 19 de este mes, e incluye una serie de cambios.

Así, reasignó a la jueza Elisa Zilli al Juzgado de Garantías Nº 6 de Paraná, que fue creado ahora ya que no existía en la estructura funcional. En realidad, se trata de un avance en los cambios del sistema acusatorio. Antes de la aplicación de los cambios, existían ocho juzgados de Instrucción. Suprimidos los de Instrucción, se crearon 5 de Garantías y 3 de Transición. Ahora, lo que habrá serán 6 de Garantías, y 2 de Transición. El que suprimieron, claro, es el que tramitaba la causa Urribarri.

También, el Poder Judicial reasignó el cargo de juez de Transición Nº 1, que se suprime, como juez de Garantías Nº 4 , en el cual continuará con carácter titular, Mauricio Mayer. Y dispuso el reintegro de los jueces Elvio Garzón y Ricardo Bonazzola a sus cargos de Jueces de Garantías titulares Nº 5 y Nº 3, respectivamente.

En tanto, se designó a Susana María Paola Firpo como jueza a cargo del despacho del Juzgado de Transición Nº 2 a partir de la toma de juramento y puesta en posesión del cargo y hasta la cobertura definitiva del mismo conforme los mecanismos constitucionales previstos o nueva disposición, lo que ocurra en primer término. En tanto, dispuso que de manera simultánea, Firpo continúe como jueza de Garantías Nº 1 suplente de Paraná, hasta el 31 de diciembre de 2017 o nueva disposición, en reemplazo de Marina Barbagelata, que continúa abocada a la causa de las estafas en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

En tanto, el STJ cambió la denominación de los Juzgados de Transición Nº2 y Nº 3 como Juzgados de Transición Nº 1 y Nº 2, respectivamente. Y ordenó que, a los efectos de la organización, la Oficina de Gestión de Audiencias de Paraná deberá proceder a la reasignación de sorteos de causa y demás cuestiones referentes a la puesta en funcionamiento de esta estructura.

En la Justicia hay quienes entienden que los Juzgados de Transición constituyen una superestructura que no tiene sentido de existencia. «La transición hace rato no tiene sentido. Tienen un lugar enorme y un montón de gente que le sale carísimo al Estado para tramitar sólo algunas causas», dicen en Tribunales. «Debería haber un único Juzgado de Transición», añaden.

Mientras la Justicia hace y deshace en su superestructura, Urribarri mira desde afuera y todavía ni ha sido indagado, a casi cinco años de la presentación de la denuncia.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora