Enrique Susevich, titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y responsable económico financiero de la campaña de Cambiemos en 2015, quedó al borde del juicio oral y público luego de que la Justicia rechazara este martesdos planteos para que se lo sobresea de la causa penal en la que está imputado por el desvío de dinero otorgado por el Estado para la impresión de boletas de la campaña.

En una audiencia que se celebró este martes cerca del mediodía, la jueza de Garantías Elisa Zilli rechazó dos recursos interpuestos por el abogado de Susevich, Sergio Avero, y dispuso que la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) fije fecha para tratar el pedido de elevación de la causa a juicio formulado por los fiscales Juan Malvasio y Santiago Brugo.

Los recursos presentados por Avero fueron de excepción por falta de acción y de jurisdicción. El primero apunta a que en el hecho investigado no existe un delito, mientras que el segundo planteo sostiene que se está ante un hecho que debe ser analizado exclusivamente por el Tribunal de Cuentas y que no debe intervenir el Ministerio Público Fiscal. “Esto es un hecho de índole administrativa”, dijo.

El letrado refirió que el organismo ya emitió un dictamen en el que se insta a Susevich a devolver $ 752.999,84, que fue el dinero que se gastó en otras compras y no en la impresión de boletas como estipulaban los decretos del Poder Ejecutivo.

A su vez, señaló que el 22 de agosto Susevich desistió del recurso de revisión contra la condena administrativa dictada por el Tribunal de Cuentas y solicitó devolver el dinero a través de un plan de pago. Sin embargo, remarcó que el organismo ratificó la condena el 13 de agosto, y que fueron notificados d esa decisión recién cuando desistieron de dicha apelación.

También indicó que su defendido no fue quien solicitó los subsidios y aportes no reintegrables estatales, sino que lo hicieron las autoridades de Cambiemos. A su vez, refirió que Susevich recién supo de la letra del decreto, en el que se especifica que el dinero debía destinarse a impresión de boletas, mucho tiempo después, cuando fueron publicados en el Boletín Oficial.

Para las elecciones de 2015, el frente Cambiemos recibió dos subsidios del Estado para la impresión de las boletas para las elecciones primarias y generales. El N° 2892, del 25 de agosto de 2015, por la suma de $1.027.687,04; y el N° 3743 del 14 de octubre de ese año por $ 615.312,90. La suma de ambos fue de $1.642.999,94.

Sin embargo, de los dos subsidios otorgados, Susevich sólo presentó ante el Tribunal de Cuentas comprobantes por la suma de $890.000 en gasto de boletas; y el resto ($ 752.999,84) fue por otros pagos de campaña. Por esa irregularidad, se lo condenó administrativamente y, a la par, se le abrió de oficio una causa penal en la que los fiscales piden que sea condenado a 3 años de cárcel por el supuesto delito de fraude a la Administración Pública.

Avero planteó que el primer decreto recién fue publicado en el Boletín Oficial el 25 de marzo de 2016 y el segundo el 17 de mayo de ese año.

En otro momento de su alocución, el letrado cuestionó que la investigación se haya abierto previo a las elecciones primarias del 14 de abril y consideró que tuvo una “publicidad mediática” con “connotaciones políticas”. En ese punto, mencionó la relación familiar del fiscal Juan Malvasio con un periodista de judiciales.

A su tiempo, los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvasio solicitaron el rechazo de los recursos interpuestos por la defensa. Entre otros argumentos, señalaron que se está ante un delito de fraude al Estado y que es jurisdicción del Ministerio Público Fiscal investigar.

El fiscal Brugo calificó a Susevich como un “administrador infiel” que desvió los fondos que el Estado había otorgado para gastos en impresión de boletas.

A su tiempo, el fiscal Malvasio le respondió a Avero que la investigación no tiene motivaciones “políticas” y le acaró que el caso comenzó a investigarse tras una publicación del sitio NoticiaUno, y no por una nota escrita por su hermano.

Finalmente, la jueza Zilli coincidió con la Fiscalía en que se está la posibilidad de un delito de acción pública que debe ser aclarado en juicio oral. Por ello, rechazó los recursos de falta de acción y jurisdicción interpuestos por el abogado de Susevich y ordenó a la Oficina de Gestión de Audiencias que fije fecha para tratar el pedido de elevación de la causa a juicio, contemplado en el artículo 405 del Código Procesal Penal.

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora