La Justicia decidió avanzar en la investigación sobre cómo el gobierno de Sergio Urribarri gastó sumas millonarias en la organización de la 47ª Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se inauguró el 16 de diciembre de 2014 en Paraná con la presidencia de los entonces presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kircher; de Brasil, Dilma Roussef; de Venezuela, Nicolás Maduro; de Uruguay, José Mujica; de Paraguay, Horacio Cartes (Paraguay); y de Bolivia, Evo Morales.
El fiscal Juan Francisco Malvasio avanzó este miércoles con la pesquisa sobre eventuales sobreprecios que habría percibido un selecto club de cinco empresas constructoras a las que se les encomendó obras de refacción en la Escuela del Centenario y en el Centro de Convenciones La Vieja Usina. Y encabezó allanamientos en las cinco empresas que contrató el Gobierno en forma directa durante la Cumbre Mercosur: ero ese acuerdo y la participación de las empresas Szczech y Szczech SA, Antonio Caballi SA, Cemyc SRL, Luis Losi SA y Organización Integral Constructora SA (Oicsa) pero también en la Cámara Argentina de la Construcción y en el despacho de la directora de Vialidad, Alicia Feltes.
Un de las cinco firmas allanadas, Szczech y Szczech SA cambió de nombre recientemente.
El miércoles 28 de septiembre último se publicó en el Boletín Oficial un edicto de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que indicó que, por resolución de la asamblea general extraordinaria del 25 de julio de 2016 se reformó por unanimidad el artículo 1º del estatuto social de Szczech y Szczech SA y pasó a denominarse Szol SA.
La investigación sobre Szczech, ahora rebautizada Szol SA, y las otras cuatro empresas constructoras, parte de un a cuerdo que hizo Urribarri con la mesa local de la Cámara de la Construcción.
El 29 de octubre de 2014, Urribarri firmó el decreto Nº 3.974, que puso en vigencia un “convenio de colaboración” entre la Unidad Operativa Mercosur, creada especialmente para canalizar los gastos de organización y la logística para la Cumbre.
El acuerdo lo firmó el titular de la Unidad Operativa Mercosur, Félix Céspedes, ahora eyectado de la administración del gobernador Gustavo Bordet, con la Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, entonces presidida por Néstor Iván Szczech.
Así, se puso en marcha el denominado Operativo de obras, servicios y provisiones de bienes esenciales para la Cumbre del Mercosur. Alicia Feltes, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), fue designada coordinadora general de ese comité, y se le otorgaron, según el convenio, “amplias facultades ejecutivas para disponer las acciones tendientes a la contratación y materialización de los trabajos necesarios”.
Ese comité, además, se integró, en representación de la Cámara de la Construcción, por Miguel Marizza, presidente de Caballi Construcciones SA, “quien será el único interlocutor válido en la coordinación de todo lo atinente al convenio con la Provincia”.
El acuerdo previó que sería Marizza el encargado de “realizar internamente” en la Cámara de la Construcción una “preselección de empresas que luego servirán para ser propuestas al coordinador general (Feltes) para la ejecución de las obras, servicios y/o provisión de bienes” destinadas la organización de la Cumbre.
Szczech ya no está al frente de la Cámara de la Construcción; su lugar ahora lo ocupa Marizza.
Y la firma Szczech ya no se llama así, sino que ahora es Szol SA.
Lo único que no ha variado es la sospecha que merodea ese acuerdo, y que llevó a un fiscal a avanzar con la investigación por eventuales sobreprecios y fraude a la Administración Pública.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.