El juez Carlos Rossi, titular del Juzgado de Ejecución de Penas de Gualeguaychú, carga ahora con seis pedidos de jury ante el Tribunal de Enjuiciamiento.
Ahora, fue la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), a través de la Defensoría del Pueblo de Paraná. El defensor del Pueblo, Luis Gary, junto con su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejandro Amor, quien hizo la presentación este miércoles.

Rossi, actualmente con licencia por estrés, fue el magistrado que en julio de 2016 dictó la libertad condicional de Sebastián Wagner, recluido en prisión con una pena de 9 años, que se cumplían en julio de 2018. Estaba acusado por dos casos de violación, y ahora está acusado como autor del femicidio de Micaela García.

La libertad anticipada de Wagner fue duramente criticada desde distintos sectores, e incluso mereció el pedido de remoción del juez por parte del presidente Mauricio Macri, y su ministro de Justicia, Germán Garavano.

El senador Nicolás Mattiauda (Cambiemos), su par Aldo Ballestena (Frente para la Victoria), el bloque de diputados del Frente para la Victoria, los bloques de diputados y de senadores de Cambiemos y la Red de Alerta ya presentaron sendos pedidos de jury contra el juez por mal desempeño.

Ahora, es la Defensoría del Pueblo. La solicitud se realizó mediante un escrito promovido por Alejandro Amor, presidente de Adpra y  Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Luis Garay, titular del Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná y vicepresidente segundo de la Asociación nacional que nuclea a las instituciones del país.

La denuncia se basa en la desatención, por parte del juez, de los informes desfavorables emitidos por los equipos técnicos a cargo de las evaluaciones psicológicas y de conducta de Wagner.

 

Tras analizar el caso en base a la legislación vigente, el escrito plantea que lo resuelto por el juez (otorgamiento de la libertad condicional) “resulta un claro ejemplo de la falta de capacitación y sensibilización del magistrado respecto de los derechos humanos que les asisten a las mujeres, en particular del derecho a una vida libre de violencia”.

 

En ese sentido,  menciona la normativa y antecedentes sobre el tema y considera que el juez Rossi, a través de su resolución, “no cumplió de manera idónea con la función esencial de todo magistrado, que es la de custodiar la efectiva vigencia de los derechos humanos fundamentales de todos, como la vida, el honor y la integridad sexual. Y fundamenta tal afirmación en el hecho de que la decisión no tuvo “sustento en informes elaborados por profesionales especializados –puesto que se apartó de los dictámenes que advertían sobre la imposibilidad de que el señor Wagner se reinsertara favorablemente en la sociedad-, ni contó con la fundamentación legal suficiente, ya que “no efectuó una correcta aplicación del artículo 13 del Código Penal”. Se suma el hecho de “haber soslayado el dictamen del Fiscal de Cámara, el cual se opuso a la concesión de la libertad condicional por entender que el penado ‘… no reunía las condiciones necesarias para pronosticar una adecuada reinserción social’ y de “no haber adoptado medidas conducentes para el señor Wagner hubiera recibido el tratamiento adecuado y para que no haga mal uso del beneficio otorgado, como finalmente lo hizo”.

 

“Es por ello –continúa el escrito- que consideramos que la actuación del juez Rossi se subsume, en virtud de lo manifestado precedentemente, en la causal de mal desempeño prevista en el inciso 9 del artículo 15 de la ley n° 9283. En consecuencia, peticionamos al señor Presidente del Honorable Jurado de Enjuiciamiento, se someta al magistrado Carlos Alfredo Rossi al jurado de enjuiciamiento, conforme el procedimiento que la normativa vigente prevé”.

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.