El Gobierno ya empezó a diagramar el Plan B ante una probable sentencia adversa en la Justicia a los incrementos de la tarifa eléctrica resueltos a comienzos de año en la provincia. Dos fallos en primera instancia cuestionan la falta de convocatoria a audiencia pública para resolver los aumentos de la tarifa de luz, y por eso en las últimas horas se convino convocar a dos audiencias. Las fechas no están resueltas, aunque se bajara la posibilidad de que sean después del fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que se espera para el 5 de julio, o antes.

Ninguna de esas audiencias tendrá carácter vinculante por cuanto en el Gobierno no manejan la hipótesis de una vuelta atrás de la tarifa. La primera sería convocada en el marco del artículo 51° de la Constitución, que prevé el instituto de audiencia pública “para debatir asuntos concernientes al interés general”. Será de carácter explicativa para dar cuenta del mecanismo de actualización tarifaria que rige en la provincia, y el impacto de los aumentos dispuestos por el Ministerio de Energía de la Nación. La segunda sería en los términos que marca la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico.

El artículo 36º de la Ley Nº 8.196/95 de Marco Regulatorio Eléctrico prevé que las distribuidoras –18 cooperativas eléctricas más la estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa)—deben aplicar “estrictamente las tarifas aprobadas por el Ente Provincial Regulador de la Energía”, pero que cualquier modificación debe contar con “difusión pública” y debatida en “una audiencia pública”.

“El Ente Provincial Regulador de la Energía deberá resolver dentro de los 60 días corridos contados a partir de la fecha del pedido de modificación –prevé el artículo 37º–. Este plazo podrá ampliarse mediante resolución fundada en causas imputables a la concesionaria”. La norma prevé además que la audiencia sea consultiva y no vinculante.

Aunque el interventor del Ente Regulador anunció que habrá una audiencia el lunes 4 de julio, otros funcionarios rechazan esa posibilidad por lo exiguo de los plazos. “Es mejor esperar el fallo”, dicen.

El fallo es el que debe producir la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que debe expedirse sobre el primer caso con sentencia favorable en primera instancia, el amparo que presentó la firma Bioder SA, de Viale, contra la Cooperativa Eléctrica Quebracho Limitada y el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), firmada por el camarista Marcelo Baridón.

Baridón sólo autorizó aplicar un aumento en la tarifa del 19,8%, tal como se discutió en audiencia pública a comienzos de enero de 2014 en Villaguay, y no el 137% que habilitó el Ente Regulador a las distribuidoras entre diciembre de 2015 y febrero de 2016. Un segundo fallo, de la camarista Gisela Schumacher en el amparo presentado por Estación de Servicios Laurencena SRL, se centró en un punto clave: la falta de convocatoria a audiencia pública, tal como ordena la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico.

Por eso, esas dos audiencias que se definió convocar darían repuestas a esos reproches judiciales.

En el Gobierno no hay certeza de cuál será el camino que elegirá el STJ para resolver el entredicho. Ni siquiera hay seguridad de cómo quedará conformada la Sala Penal. Es probable, evalúan, que Claudia Mizawak se excuse –es esposa del secretario de Energía, Raúl Arroyo–, pero también tienen en cuenta que otro de los integrantes de la Sala, Daniel Carubia, está de licencia. En ningún caso, proyectan que el caso se resuelva después de la feria. “La fecha límite para resolver el primer amparo es el 5 de julio”, dijo una fuente del Gobierno.

Después que se conozca esa primera sentencia, será el turno de las dos audiencias públicas.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.