En los primeros días de febrero, un funcionario provincial deberá responder ante la Justicia en el marco de una causa en el que se lo acusa por desmanejos de fondos públicos.

Se trata del extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Abel Rodríguez, quien actualmente se desempeña como subinterventor del Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).

En el banquillo, también serán sentados Néstor Kemerer y Mario Heyde, actual director subadministrador del DPV, y el ex director de esa área, respectivamente. Kemerer, durante la gestión de Rodríguez, fue director de Mantenimiento y Suministros del organismo.

 

Rodríguez, Kemerer y Heyde fueron imputados por la fiscal Patricia Yedro, por el supuesto delito de peculado, es decir, apropiación de dineros públicos. Según supo Entre Ríos Ahora, el próximo 6 de febrero, a las 9, será el juicio ante el juez de Garantías Nº 2 de Paraná, José Eduardo Ruhl.

La causa está caratulada “Rodríguez Jorge Abel –Kemerer Néstor Alberto- Heyde Mario Ricardo –S/ Peculado”.


Zona de los archivos adjuntos

El caso fue llevado a la Justicia en 2015 por María Emma Bargagna (entonces diputada del FAP-Paraná) y Jorge Monge, (diputado de Cambiemos-Diamante), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira, luego de una investigación periodística  publicada en la revista «Análisis» por el periodista Jorge Riani.

 

En la edición del 16 de julio de 2015, la revista que dirige Daniel Enz publicó el trabajo de Riani en el que se dio cuenta del desvío de dinero en el organismo que entonces presidía Rodríguez.

 

El informe periodístico se tituló “Caminos sinuosos”, y allí se contó lo que sucedía en el organismo: manejo discrecional de fondos, nombramientos, designaciones de personal y uso de viáticos sin control.

 

Una de las irregularidades más graves que complica a Rodríguez y compañía tiene que ver con los fondos que se destinaban a la Escuela Privada N° 235 Heraclia Ruiz Díaz, que fue inaugurada el 5 de diciembre de 2014, y lanzada por el Gobierno como “la primera escuela vial del país”. El nombre de la escuela es el de la fallecida madre de Néstor Kemerer, por esos días director de Suministro y Mantenimiento de la DPV.

Para administrar la escuela, se creó la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, que presidía Rodríguez e integra Kemerer. Y para poner a andar la escuela hubo que pagar a 14 docentes y hubo desvíos de fondos por 1,5 millones de pesos.

 

Informe del Tribunal de Cuentas

 

«Análisis»  reveló que tanto el ahora extitular de Vialidad, como el exdirector de Suministro y Mantenimiento de la DPV, son integrantes de la asociación civil que sostiene legalmente a la escuela.

 

Según el informe, el 5 de marzo de 2015 el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos inició una investigación, con la intervención de la asesora jurídica del organismo, Nanci Vinagre, que destaca varias irregularidades en la creación de la “primera escuela vial del país”.

 

Las irregularidades que se destacan son “tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación, como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento, y sin existir contraprestación en beneficio del organismo”.

 

El informe del TCER indica que “se observa especialmente que los contratos de locación de servicios suscripto por el Sr. Jorge Abel Rodríguez como director administrador de la DPV, con motivo de la escuela, expresan en su cláusula primera que el locador desarrollará tareas como Auxiliar de Sala o como Maestra de Sala en el ámbito de la Dirección de Mantenimiento y Suministro, lo cual resulta irracional, pues claramente se refiere a la prestación de servicios como docente de nivel inicial, y no como personal de la referida repartición estatal”.

 

Tras indicar que hay opinión de otros asesores jurídicos del organismo que “no hacen más que corroborar la desviación de fondos públicos materializados por la Dirección Provincial de Vialidad”, la abogada Vinagre destaca que “la DPV no posee conforme su ley orgánica ninguna función que justifique o legitime la disposición de fondos y de bienes (comodato de inmueble) a favor de una institución privada como lo es la escuela Heraclia Ruiz Díaz”.

 

La asesora jurídica del TCER cuestionó que los pagos “indebidos” atento a que el agente en cuestión “no prestó servicios para la Dirección Provincial de Vialidad”. Respecto del organismo que dirige la escuela, la Asociación Civil y Cultural “Los Viales”, de la que forma parte el titular de Vialidad, dice que su estatuto no prevé que la escuela sea destinada a la educación de los hijos del personal de la Dirección Provincial de Vialidad “en forma exclusiva ni tampoco prioritaria”. “Desde ya adelanto que el hecho de que la institución creada colabore con la prestación de un servicio público, no legitima la realización de estos actos para los cuales la DPV no tiene competencia ni jurisdicción” la agente del TCER.

 

Facturaron elementos donados

 

Un punto sobresaliente en la denuncia, indica que los equipamientos para la escuela “no habría sido afrontado por la Dirección Provincial de Vialidad puesto que fueron elementos donados por la UEP (Unidad Ejecutora Provincial) y Cablevisión, sin embargo obran agregados comprobantes de gastos librados a favor de la DPV, y no de las donantes, por lo que deberá profundizarse también la investigación en tal sentido”.

 

Se cuestiona además el comodato de un espacio de la DPV a favor de la escuela, cuando aún no tenía personería jurídica la mencionada asociación civil que le da sustento al establecimiento educativo. Todo eso sin intervención de la Legislatura, hace notar el informe.

 

“Con relación a todos los actos y contrataciones de la Dirección Provincial de Vialidad observada, tanto al tono al personal, al equipamiento y al inmueble, concretadas a beneficio de la Asociación Civil ‘Los Viales’ en formación, entiendo que se han violentado además, el régimen de incompatibilidades”, indica el informe.

 

Inmediatamente explica por qué se violó el régimen de incompatibilidad: es que la mencionada asociación civil está integrada por el entonces director de Suministro y Mantenimiento de la DPV, Néstor A. Kemerer, y por el director de Vialidad, Jorge Rodríguez.

 

El 6 febrero, entonces, Rodríguez y compañía inaugurarán el desfile de funcionarios denunciados por corrupción en Entre Ríos.