El juez de Familia de La Paz, Raúl Damir Flores, dejó este lunes de estar a cargo de la causa Etchevehere en la disputa familiar por la posesión del campo Casa Nueva en Paraje El Quebracho, en el acceso a Santa Elena.

Sucede que este lunes se reincorporó a su función el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, y Flores dejó de subrogarlo.

El magistrado concedió una entrevista a Luis Novaresio por Radio La Red y aseguró que la ocupación de la estancia que el resto de la familia Etchevehere reclama como propia «tiene visos de legalidad» y para eso citó un documento que resume una reunión de la sociedad Las Margaritas SA, de 2018, en la que los socios le ceden a Dolores 129 hectáreas de la estancia Casa Nueva.

Dijo el magistrado que para resolver como resolvió -el rechazo a una medida cautelar planteada por la Fiscalía y el querellante Rubén Pagliotto- se basó en la información que envió el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 7, de Paraná, Martín Furman, aportada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa.

Esos informes, según el juez Flores, indican que «la sucesión nunca había sido concluida. Se había aprobado un inventario parcial, pero no sobre la totalidad de los 23 inmuebles. Solamente se había acreditado la titularidad de algunos de ellos. En el caso de Casa Nueva, el título nunca fue presentado por los Etchevehere».

Cuando se lo consultó respecto de quién es el administrador de la sucesión, Flores no supo qué decir. «La verdad que no sé quién es el administrador de la sucesión», respondió.

Luego, habló de la complejidad que supone hacerse cargo de una causa penal como la que plantearon los Etchevehere. «Esto es una causa penal. En las causas penales, no se resuelve en poco tiempo. Esta causa va a continuar a cargo del doctor Carballo. Lo que yo resolví es una medida cautelar de desalojo anticipado. Es una cautelar inaudita parte. La Fiscalía pide el desalojo con las pruebas que hay. Esto no es un debate», contó.

Y agregó: «En la audiencia oral, el juez de Garantías tiene que resolver con muy pocos elementos. En la audiencia sobre este caso, las partes, la querella y la Fiscalía, presentan una prueba. Se gtrata de un acta de una asamblea de Las Margaritas del 14 de septiembre de 2018 en la que dice cómo se reparten unos bienes. No todos, porque son 23 bienes inmuebles. En esa asamblea todos los socios ceden a Dolores, entre otros bienes, unas 129 hectáreas en Casa Nueva».

Por eso, dijo que la ocupación de Dolores «tiene visos de legalidad». Y apuntó: «Sin ese documento de adjudicación de una fracción de terreno, Dolores hubiese sido desalojada. Pero esa prueba la trajeron las partes, la querella y la Fiscalía».

De la Redacción de Entre Ríos Ahora

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