Federico Tomas confirmó que se presentará al concurso público para presidir el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, organismo del que está a cargo interinamente desde agosto de 2016. El abogado, con 27 años de carrera en el organismo de control, es el primero que se anota para ocupar el cargo, pasando por el mecanismo de concurso previo que establece el artículo 217° de la Constitución provincial.
“Mi intención es presentarme”, contestó Tomas al ser consultado por Entre Ríos Ahora sobre si se postulará por la presidencia del Tribunal de Cuentas. En ese marco, el funcionario mostró sus credenciales para ejercer la auditoría de la administración pública, entes autárquicos y empresas del Estado. Contó que ingresó al Tribunal el 3 de abril de 1989, como empleado en asesoría jurídica, colaborando con Luis María Campos, que integró la institución y también fue presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos. Luego, pasó a la titularidad de la Asesoría Jurídica hasta 2007, año en que fue nombrado Secretario Letrado Adjunto.
El 8 mayo de 2014, el entonces gobernador Sergio Urribarri nombró a su exministro de Trabajo en el organismo de control, Guillermo Smladone. Lo hizo mediante el decreto Nº1.112, sin el requisito de concurso previo contemplado por el artículo 217° de la Constitución provincial. El exsenador y exconvencional constituyente radical Juan Carlos Arralde no tardó en pedirle a los máximos jueces entrerrianos que declarasen inconstitucional el nombramiento. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) nunca se expidió al respecto. Pasaron dos años, y el 10 de junio de 2016 Smaldone renunció. El caso devino en abstracto.
Tras un acuerdo con la oposición en la Legislatura, el gobernador Gustavo Bordet impulsó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuenta, Nº 5796 (modificada por la Ley Nº10.436), en cuyo artículo 18° se previó la designación de un presidente interino hasta que el cargo se ocupe por concurso. Se especificó que el puesto correspondería al abogado en funciones con mayor antigüedad en el organismo. Así, el 16 de agosto de 2016, Tomas llegó a la presidencia interina.
Con seis meses al frente de la gestión, Tomas aseguró que “el desafío para estos tiempos es terminar de adaptar el Tribunal de Cuentas a la Constitución del año 2008. Nosotros todavía seguimos funcionado con una Ley Orgánica que fue hecha en función de la Constitución derogada de 1933”.
En ese sentido, subrayó que “el mayor desafío es ponerse a trabajar firmemente en una Ley Orgánica que se adapte a la Constitución actual”.
En ese marco, el funcionario explicó que “la Constitución prevé que aparte del presidente y los dos vocales permanente, también haya dos vocales parlamentarios, que son designados por la Legislatura de la provincia, uno representando a la mayoría y otro a la minoría”.
La referencia es al artículo 214° de la Carta Magna, en el que se indica que el Tribunal de Cuentas estará compuesto por cinco miembros: el presidente con título de abogado y dos vocales con título de contador público, y dos vocales en representación de la mayoría y minoría parlamentaria de la Cámara de Diputados. También con título de abogado o de contador público.
¿Un Tribunal con control opositor?
Desde que el caso Smaldone estalló en 2014, algunos dirigentes pensaron que lo mejor sería que el organismo quede en manos de la oposición, tal como es el formato de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Tomas no está de acuerdo con la idea. “Para llevarlo a cabo hay que reformar la Constitución”, acotó tras la negativa y añadió que “la Constitución prevé dentro de los órganos de control autónomos al Tribunal de Cuentas”.
“La institución que está arraigada en las provincias son los Tribunales de Cuentas. La diferencia fundamente es que los Tribunales de Cuentas ejercen lo que se llama una jurisdicción administrativa: nosotros tenemos la posibilidad de dictar sentencias, que no es lo mismo que jurisdicción judicial”, señaló.
Arralde aún no definió
El exsenador y exconvencional constituyente Juan Carlos Arralde, aún no definió si se postulará para la presidencia del organismo. Por ahora, esa posibilidad está bajo análisis. Mientras delibera en fuero interno, el abogado y dirigente opinó que el presidente del Tribunal debe poseer una alta capacidad técnica y una “intachable conducta”.
En diálogo con Entre Ríos Ahora, Arralde recordó que siendo convencional constituyente “era de la idea de crear una Auditoria General de la provincia, al estilo de la que existe en la Nación. Un organismo de contralor que esté en manos de una persona de la oposición y que responda a la Legislatura”.
En ese marco, consideró que “los organismos de control no funcionan adecuadamente como deberían funcionar”. “No quiero decir con esto que no existe personal técnico capacitado, y de alto nivel. En el Tribunal de Cuentas hay un muy buen recurso humano”, aclaró Arralde y propuso mirar “desde un prisma político, pero de alta política”.
“Me parece que pasaron cosas que no hubieran tenido que haber sucedido. No me refiero a la gestión Tomas, que es un hombre que pertenece al staff del Tribunal, me refiero a lo que ha pasado con anterioridad”, dijo en alusión a la gestión Smaldone y más atrás.
En ese sentido, Arralde consideró que “el Tribunal de Cuentas no ha cumplido el rol para el que fue creado” y que “han fallado todos los controles”. “Sino no hubieran pasado los desfalcos que pasaron, como ATER”, acotó.
Más adelante, el abogado remarcó que quien quiera presidir el organismo debe ser una persona de “intachable conducta y notoria capacidad técnica y profesional”. Por último, el exlegislador mencionó que el año pasado presentó un trabajo de investigación en la “Maestría de derecho Administrativo” en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en la que desarrolla el esquema de violación del derecho humano a la igualdad de oportunidades, analiza el avasallamiento del Estado y describe el contexto de complicidades expresas y tácitas que se evidenciaron a lo largo del proceso que duró 2 años y no tuvo sentencia definitiva.
“Desmenuzo y analizo la causa Smaldone y la violación sistemática de la Constitución por parte de los tres poderes del Estado: del gobernador, los senadores y los diputados y los máximos jueces de la provincia”, explicó y resumió que realizó “un análisis desde una mirada jurídica -no política- sobre cómo puede ser dañino el Estado cuando avanza sobre los derechos de los ciudadanos”. “En este caso yo pedí que se deje sin efecto el nombramiento y se llame el concurso. Smaldone renuncia y lo que no logré es que los jueces me digan si tenía o no razón”, finalizó.
Jurados de concurso
La semana pasada el secretario de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Uranga, anunció que se encuentra abierta la convocatoria para integrar el jurado de selección de los candidatos a ocupar cuatro vacantes en el Tribunal de Cuentas. El Poder Ejecutivo provincial convocó a las asociaciones civiles de la provincia, colegios de profesionales y universidades con presencia en el territorio entrerriano.
En esa ocasión, el funcionario informó que “son cuatro las vacantes en el Tribunal de Cuentas: el presidente, dos fiscales con título de abogados y un fiscal con título de contador” y que “cada vacante exige un concurso distinto, y por lo tanto un jurado distinto”.
Luego explicó que los jurados estarán integrados por siete miembros: el presidente, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, dos representantes del Colegio de Abogados y del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, dependiendo si es para vacantes con título de abogados o de contadores, dos representantes por la academia, y dos de las asociaciones civiles. Luego de que se integren los jurados se podrán presentar los postulantes. Por ahora, el único candidato para la presidencia del TdC es el actual titular interino, Federico Tomas.
Especial para Entre Ríos Ahora.