En los Tribunales de Paraná comenzó este martes una negociación de reparación económica entre el policía retirado Walter Velázquez y el productor Guillermo Tomas Bowes, y la Federación Agraria Argentina (FAA). Se da en el marco de una demanda civil entablada por el uniformado contra el ruralista y la entidad agraria.

Velázquez es uno de los 10 policías que más lesionado resultó en la violenta protesta agraria del 3 de septiembre de 2015, cuando los productores reclamaban un plan de salvataje al gobierno de Sergio Urribarri.

Aquella vez los productores arrojaron huesos de vacuno, entre otras cosas, a los uniformados que se apostaron en la puerta de la Casa de Gobierno. Velázquez recibió un fuerte impacto en la cabeza que, asegura en su demanda, le provocó lesiones irreversibles que terminaron con su carrera policial.

El uniformado terminó yéndose de la fuerza con un 66% de discapacidad, con más del 40% de pérdida de la audición, y pérdida de la memoria a corto plazo.

En diciembre de 2017, Velázquez fue a la justicia con una demanda civil contra el productor que lo lesionó y contra la entidad agraria que fue parte de la organización de la protesta. El monto de reparación económica que reclamó ascendía a los $784 mil; y ahora, sumado los intereses, es de alrededor de $1.300.000.

Este martes se realizó la primera audiencia de conciliación ante la jueza de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 3, Norma Ceballos, que tramita la demanda civil. Allí estuvieron el abogado Héctor Cabiati y su cliente, el policía Velázquez. Y por la parte demandada asistieron el productor Guillermo Bowes, oriundo de San Gustavo, departamento La Paz; y Elvio Guía, vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA). El productor y la entidad están representados legalmente por el abogado Guillermo Martín Pita.

En diálogo con Entre Ríos Ahora, el abogado Cabiati, señaló que se pasó a un  cuarto intermedio hasta el 10 de octubre para negociar un acuerdo y que en caso de no alcanzarlo se avanzará con el proceso judicial.

“Hoy estuvimos discutiendo en esta primera instancia para ver si se llega a un acuerdo o si se toman determinadas posiciones con respecto a los elementos probatorios. Nos dimos un cuarto intermedio hasta el 10 de octubre para ver si eventualmente, sin reconocer ninguna clase de hecho ni derecho, llegamos a un acuerdo. Ellos están duros en su postura en que no tienen responsabilidad”, dijo.

En ese sentido, explicó que “el reclamo histórico” de reparación económica de su clientes es de $784 mil pesos y que “si se le suman intereses, estamos cerca del millón y medio”. No obstante, aclaró que este monto de dinero “es a los efectos de que se tenga una sentencia”, abriendo la posibilidad de que se pueda cerrar un acuerdo por un monto menor.

“En caso de no llegar a un acuerdo para el 10 de octubre se va a abrir la instancia a prueba. Ahí la jueza autoriza los elementos de prueba que solicitamos, y eventualmente se va a la audiencia donde se presentan los testigos y otra prueba”, completó el letrado.

Qué dice la jueza

El 7 de junio, hace dos meses, la jueza civil Ceballos citó a las partes a la audiencia que se desarrolló este martes y en su escrito de convocatoria advirtió que el fracaso de la audiencia “podrá ser valorado en oportunidad de dictarse la sentencia en los términos del artículo 160, inciso 5º, último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial”.

Además, sostuvo que “la conducta observada por las partes durante la sustanciación del proceso podrá constituir un elemento de convicción corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas pretensiones”.

Causa penal

En los Tribunales también se encuentra abierta la causa penal contra los dirigentes rurales que encabezaron la manifestación de 2015 donde resultaron lesionados varios policías.

Los dirigentes que se encuentran imputados por el supuesto delito de lesiones graves e incitación a la violencia, son: Elvio Guía, director de la filial Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina (FAA), Alfredo Bel (delegado de FAA), Juan Echeverría (de Chacareros Federados, grupo interno en FAA) y Guillermo Bowes (sobre quien también pesa la demanda civil).

Cabe recordar que del grupo de policías que presentó la demanda, la mayoría acordó una reparación económica en un acuerdo en mediación penal por un total $400 mil. Entre quienes acordaron se encuentra Gustavo Maslein, actual Jefe de Policía de la provincia y que al momento de los hechos era director de Operaciones y Seguridad de la fuerza.

En función de ese acuerdo, el 10 de abril el juez de Garantías Mauricio Mayer dictó el sobreseimiento para los cuatros dirigentes denunciados. La decisión fue apelada por uno de los policías que no firmó el acuerdo de la mediación penal: Walter Velázquez.

El 10 de mayo, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Alejandro Grippo, hizo lugar al planteo del abogado del policía y revocó los sobreseimientos.

Más tarde, a principios de junio, el abogado Bartolomé Gaggero, que representa a Velázquez en la causa penal, solicitó al Ministerio Público Fiscal que se recaratule la causa penal, y se endurezcan las imputaciones sobre los dirigentes agrarios.

En concreto, el letrado pidió al fiscal Santiago Brugo que se pase de imputaciones por lesiones graves a gravísimas. Esto, sumado a la imputación por incitación a la violencia, supondría una pena mayor en expectativa en caso de que los acusados terminen condenados en la Justicia.

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.