Luego de que la Justicia condenara al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Jorge Rodríguez, por el delito de peculado por haber desviado fondos del organismo para la creación de una escuela, uno de los denunciantes que lo llevó al banquillo se mostró satisfecho con la resolución y aprovechó para pedir la creación de una fiscalía anticorrupción, tal como lo contempla el artículo 208° de la Constitución provincial.

Se trata del diputado provincial Jorge Monge (Cambiemos), quien en septiembre de 2015 presentó la demanda contra Rodríguez junto a la entonces legisladora socialista María Emma Bargagna, con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira.

Tres años después de aquella presentación judicial, que se llevó a cabo tras la publicación de la investigación periodística de Jorge Riani, de la revista “Análisis”, Monge manifestó su satisfacción por las condenas que se conocieron este martes y afirmó que “se trata de un punto en favor de la transparencia en el manejo de la cosa pública”.

Asimismo, advirtió que en la denuncia “había varios hechos, no sólo el de la Escuela, que era el más contundente en la prueba” y agregó que “con el tiempo fuimos tomando nota de otras irregularidades, por lo que debe quedarle claro a la ciudadanía entrerriana que el delito por el cual fue condenado no fue la única irregularidad de Rodríguez en el manejo del presupuesto de Vialidad”.

Finalmente, el diputado remarcó la “necesidad de encarar la transparencia del Estado, fortalecer los organismos de control y profundizar la lucha contra  la corrupción», para lo cual recordó «la necesidad de reglamentar el artículo 208 de la Constitución, con la fiscalía anticorrupción”.

Por su parte, el abogado Ramiro Pereira, también se mostró satisfecho con la condena y sostuvo que “el patrimonialismo de Rodríguez en el manejo de la cosa pública es paradigma de lo que no debe ser”.

“Patrimonialismo es manejar lo público como si fuera privado, con sus secuelas de corrupción que devasta al Estado y a la credibilidad de los representantes del pueblo y de la política democrática”, concluyó.

Condenas para Rodríguez y Kemerer

Este martes, el Tribunal de Juicio y Apelaciones integrado por los jueces Gervasio labriola, Gustavo Pimentel y Daniel Malatesta condenó a la pena de 2 años y 6 de prisión condicional a Rodríguez; y 2 años y 4 meses de prisión condicional a Néstor Kemerer, ex jefe del área de Mantenimiento y Suministro y actual candidato a dirigir el Sindicato Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (Soever). Asimismo, se los inhabilitó de forma perpetua para ejercer cargos públicos y les impuso realizar tareas comunitaria, por el plazo de 2 años, a favor de una institución que determine la Oficina de Medios Alternativos (OMA).

A ambos se los encontró culpable del delito de peculado, por haber desviado más de 4 millones de pesos de Vialidad a la creación de la escuela pública de gestión privada N° 235, Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en marzo de 2014 como la primera escuela vial del país.

Para los magistrados, en el juicio se probó que el organismo que presidía Rodríguez no tenía la facultad para administrar una escuela y mucho menos para destinar fondos a esa institución. Entre otras cosas, cuestionaron que el organismo haya contratados a los docentes como empleados viales –en muchos casos con contratos antedatados- y se haya ocultado esa situación al Tribunal de Cuentas.

Además, reprocharon que Rodríguez y Kemerer hayan creado una Asociación Civil sin fines de lucro denominada Los Viales, con el fin de administrar la escuela y que la Dirección de Vialidad haya cedido –a dicha asociación- en comodato por 20 años el predio donde funciona la escuela.

Los fiscales que llevaron a cabo la acusación fueron Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, quienes en los alegatos solicitaron 4 años de prisión efectiva para Rodríguez, y Kemerer; y decidieron no acusar a Mario Heyde, quien finalmente fue absuelto de culpa y cargo.

Foto: Gentileza Guillermo Romero.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.