Son tiempos de reacomodamientos en la Justicia entrerriana. Diciembre llegó con los juramentos de nuevos jueces, y con algunos movimientos en el Ministerio Público Fiscal y en los juzgados de Transición y Garantías.

Uno de los movimientos judiciales que se conoció en las últimas horas es el que involucra a Pablo Nicolás Zoff, quien se venía desempeñando como juez en el Juzgado de Transición N°2.

Según se confirmó a Entre Ríos Ahora, Zoff  fue designado fiscal interino en la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual. Además, se supo que ya pasó por el concurso en el Consejo de la Magistratura, y sólo resta que el órgano eleve la terna de nuevos fiscales para que tenga el aval del Senado.

El lugar de Zoff en el juzgado será ocupado por Susana Paola Firpo, quien hasta el 1º de enero tendrá una doble función: se ocupará del juzgado de Transición y seguirá  como jueza de Garantías N°1.

Lo cierto es que Firpo regresa al juzgado que estuvo a su cargo hasta agoto de 2016, cuando el Superior Tribunal de Justicia (STJ) la designó como Jueza de Garantías Nº 1 suplente, en reemplazo de Marina Barbagelata.

En el Juzgado de Transición que deja Zoff se tramitan algunas de las causas de mayor exposición pública que existen en Tribunales: la de las cosechadoras truchas, en la que están imputados empresarios y funcionarios del gobierno de Sergio Urribarri; la denuncia por supuesta estafa que involucra al hoy ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere y toda su familia; y la que investiga la desaparición de armas judicializadas en la que está procesado el ex perito balístico del Poder Judicial, Daniel Vitali. Una cuarta causa de fuerte repercusión pública es la que busca dilucidar la muerte de Diego Poletti, ocurrida en 2008 en María Grande y en la que se sospecha de la Policía. Todas esas investigaciones pasan ahora a manos de Firpo.

Cosechadoras truchas

La causa de las cosechadoras está caratulada “Senor Ricardo Javier, Senor Ricardo Vicente, Scravaglieri Sergio Eduardo y Boll Carlos Ariel S/ Estafa en Perjuicio de la Administración Pública”. Aquí están imputados por el supuesto delito de fraude a la Administración Pública los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; y por la parte pública, el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa); el ex ministro de Producción, Roberto Schunk.; Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).

En la causa se investiga  el destino de $5,5 millones que recibió en concepto de créditos entre 2009 y 2012 la empresa Grandes Máquinas SA (del Grupo Senor), dinero que fue otorgado por el Gobierno de Sergio Urribarri, a través del Finver, para la fabricación de cosechadoras en un galpón en Concepción del Uruguay.

Este año que se va, Zoff emitió una serie de exhortos a empresas y exempleados. Uno de los exhortos fue dirigido a juzgados penales de Córdoba y San Luis , con un formulario de preguntas dirigidos a tres empresas que, en principio, formarían parte del Grupo Senor, a saber: “Compañía Puntana de Carnes Elaboradas S.A.”, “Matrimet S.R.L.” y la “Cooperativa de Trabajo Septiembre LTDA (Cotrasep)”. Ante la salida de Zoff del juzgado, será la juez Paola Firpo quien deberá resolver si procesa  a los imputados o declara la falta de mérito.

El fiscal de la causa era Gervasio Labriola, quien este miércoles juró como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Según se supo, en el Ministerio Público Fiscal se analiza a qué fiscal asignar el caso.

Causa Etchevehere

La causa se inició por una denuncia formulada por la hermana de los Etchevehere, Dolores, el 6 de diciembre de 2013. Actualmente, están imputados por el supuesto delito de estafa por administración fraudulenta, Luis Miguel Etchevehere; sus hermanos Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar de Entre Ríos y actual funcionario del Enacom; Arturo Sebastián, ex directivo de Adepa; y su madre, Leonor Barbero. Esta causa es paralela a la que está en el Juzgado Federal, caratulada “Barbero Marcial Leonor María y otros /sobre infracción a la ley 24769”, y en la que se investiga una presunta evasión tributaria.

Dolores Etchevehere contó a medios nacionales que la causa se inició cuando advirtió que Las Margaritas SA –firma de la familia Etchevehere- “tomó créditos a través del Banco Itaú para sembrar soja, con un plan de promoción de siembra con tasa subsidiada por el Banco Central, por 250.000 dólares”, y luego “ese dinero fue desviado a las cuentas de otras sociedades, una de ellas Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), que es la editora de El Diario de Paraná”. La denunciante también dijo que hubo un plan de vaciamiento y mencionó que el Grupo Etchevehere creó la firma Construcciones del Paraná SA, para transferir inmuebles que era patrimonio de SAER.

El 14 de noviembre de 2014, la fiscal Laura Cattaneo dictó el archivo de la causa, pero la querella apeló y logró mantenerla abierta. Luego, en diciembre de 2016, la fiscal Viviana Ferreyra formuló el requerimiento de instrucción formal. De inmediato, el entonces juez Zoff ordenó allanamientos en Las Margaritas SA, donde se secuestraron libros societarios.

Más cerca en el tiempo, Zoff solicitó a la Administración Federal de Impuestos Públicos (Afip) y al banco Itaú una serie de informes financieros sobre la familia Etchevehere. Esa producción de prueba fue objetada por los abogados defensores de la familia, Julio Federik y Leopoldo Lambruschini. La apelación fue concedida el 29 de junio de este año y el 5 de julio se elevó a la Sala I de la Cámara de Apelaciones, a cargo de Elvio Garzón, Rafael Cotorruelo y José María Chemez. El asunto aún resta resolverse.

Procesamiento Vitali, apelado

El perito balístico del Poder Judicial, Antonio Daniel Vitali, fue procesado por Zoff el 23 de agosto de este año por el supuesto robo de armas, más la presunta falsificación de documentos judiciales. Se trata de un caso denunciado en 2012 que volvió a escena cuando el perito era investigado por la sustracción y venta de armas que se encontraban en el depósito de los Tribunales de Paraná.

La historia de esta causa se remonta a abril de 2012, cuando el Juzgado de Instrucción N°2 de Concepción del Uruguay, en ese entonces a cargo del juez  Mariano Martínez, hoy integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad,  denunció el faltante de armas que había remitido a Vitali para que sean peritadas. En principio nadie sospechó del accionar del perito, pero en 2016 ese caso resurgió.

Como contó Entre Ríos Ahora, la situación fue la siguiente: entre los años 2008 y 2011, el juzgado mencionado le envió a Vitali armas secuestradas para que practique el peritaje de rigor. El entonces perito balísitico realizó el informe y reservó las armas y cuando el juzgado se las pidió, envió por fax una copia de un acta de entrega de las armas a una comisión policial en  fecha 17 de diciembre de 2008, dando cumplimiento al supuesto oficio Nº 4123, del juzgado. No obstante, luego se puso en la lupa su versión. Primero, nunca se encontró al oficial de policía al que Vitali le habría entregado las armas al supuestamente enviarlas de regreso a La Histórica; y luego un peritaje puso en duda el acta de entrega.

Tras valorar los informes policiales, testimonios y pericias documentológicas, Zoff lo procesó. Actualmente este procesamiento fue apelado por los abogados del ex perito.

Causa Poletti

Un cuarto caso de resonancia pública que tramita en el juzgado de Transición Nº2 es el que investiga la muerte de Diego Poletti, que fue encontrado sin vida el 18 de octubre de 2008, en un camino vecinal ubicado a unos 12 kilómetros de María Grande. Este caso generó conmoción en la ciudad de Paraná Campaña, ya que se puso en duda el accionar de la policía local, y es que Poletti, antes de aparecer ahorcado en un árbol, había estado detenido en la comisaría. Desde el inició de la investigación, la familia sospecha de la policía, aunque nunca se encontraron elementos para acreditar esa versión. Zoff decidió este año no enviar el expediente al archivo.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.