Tres de los cuatro sindicatos docentes que tienen representación en Entre Ríos ya fijaron postura adversa al proyecto de «emergencia social» que envió el gobernador Gustavo Bordet a la Legislatura.
La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), el mayor sindicato del sector, firmó una carta pública en la que se planteó que se considera «un error volver a poner la lupa de la recaudación sobre los y las trabajadores y trabajadoras. El modelo político de seguir descargando las crisis sobre el pueblo no puede ser el plan que oriente las medidas económicas».
El punto de fricción tiene que ver con el apartado referido al sistema previsional: el artículo 4° del proyecto oficial estipula un aumento de aportes personales para sostener el sistema previsional según el siguiente esquema:
Salario nominal: a) hasta $75 mil, 16% de aportes personales; b) desde $75.001 a $100 mil, aportes personales del 18%; c) desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); d) desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16%, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2% al 4%.
En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18%, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley N° 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $100.001 a $200 mil aportarán el 20%); y desde $200.001 en adelante aportarán el 22%.
Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo regimen está comprendido en la Ley N° 5.797.
Aportes
En el punto 6 del proyecto de Bordet se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.
Quienes tengan un salario desde $75.001 a $100 mil aportarán un 4%; desde $100.001 a $200 mil un 6%; desde $200.001 a $300 mil un 8% y desde $300.001 en adelante aportarán un 10%.
El proyecto oficial declara el “estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, sanitaria, administrativa, y previsional en el ámbito de la Provincia de Entre Ríos, con el propósito de asegurar el cumplimiento de las funciones inherentes al Estado provincial y la normal prestación de los servicios públicos”.
Al respecto, Agmer y el resto del sindicalismo estatal, dice que con esos cambios «persiguen un objetivo recaudatorio cuyo acento recae sobre los y las trabajadores y trabajadoras en actividad y pasivos y pasivas, so pretexto de salvaguardar la Caja de Jubilaciones y Pensiones mediante la solidaridad y la equidad. Lo hemos dicho a principios de años y lo sostenemos; el déficit de la caja no es responsabilidad de los y las trabajadores y trabajadoras, sino de las diferentes gestiones de gobierno. Las consecuencias de políticas neoliberales que puso como horizonte achicar el Estado no debe ser costeado por los y las trabajadores y trabajadoras que se opusieron. Una vez más, el pueblo no debe ni puede ser la variable de ajuste».
La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) no ha fijado postura pública -lo hará luego de la reunión que mantendrá esta tarde su cuerpo directivo-, no obstante, el secretario general de la entidad, Andrés Besel, le dijo a Entre Ríos Ahora: «Desde mi perspectiva, es otro ataque al trabajador. Y mi postura es rechazar y aunar fuerzas con los demás sindicatos estatales».
La Unión Docentes Argentinos (UDA) expresó su «enfático rechazo» la proyecto y afirmó: «Este proyecto viene torcido desde su nacimiento. El bautismo como ´emergencia solidaria´ es desafortunado ya que los preceptos de la solidaridad son bien distintos a los que plantea la iniciativa».
«Aplicar un aumento progresivo de aportes de docentes activos y pasivos a la Caja de Jubilaciones para contribuir a la sustentabilidad del sistema previsional es un duro golpe al bolsillo y para nada solucionará una problemática de fondo que ha sido provocada por pésimas administraciones. La ausencia de medidas tomadas en tiempo y forma no puede ser pagada por los trabajadores. No es admisible que el ajuste para equilibrar lo que el mismo Estado desequilibró, lo hagan asalariados y jubilados. Resulta lisa y llanamente, un atropello a los derechos adquiridos», señaló la UDA.
En tanto, desde la conducción del Sindicato Argentino de Docentes Particulares (Sadop) señalaron que de momento no tienen postura tomada. «Todavía no nos hemos reunido.seguramente mañana a la mañana tendremos algún comunicado», respondió Sergio Pesoa, titular de Sadop Entre Ríos.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora