El abogado Milton Ramón Urrutia quedó complicado a raíz de una demanda civil entablada en su contra por la directora del Hospital Materno Infantil San Roque, Carina Reh, a raíz de unas publicaciones en Facebook que el letrado habría realizado -que luego borró- y que a juicio de la funcionaria resultaron injuriosas para su persona y su familia.

Reh -que asumió el cargo al frente del Hospital San Roque en marzo último– está siendo representada por el abogado Germán Coronel, asesor legal del Ministerio de Salud de la Provincia, quien confirmó la tramitación de la demanda ante una consulta de Entre Ríos Ahora. «Es una demanda civil por daño moral por parte de la doctora y sus hijos menores», explicó. Antes de que el tema sea discutido en Tribunales, corresponde la mediación civil.

Urrutia ya se ausentó a una audiencia a la que fue citado por el Colegio de Abogados de Entre Ríos. «El Colegio de Abogados lo citó a una audiencia conmigo y no fue», dijo Coronel. De momento, tanto la directora del Hospital San Roque como el abogado Coronel han procurado dar un perfil bajo a la noticia, de modo de no  ventilar el asunto de fondo que tiene que ver con un delito de instancia privada sobre lo cual se expidió en Facebook Urrutia.

Consultado por Entre Ríos Ahora, Urrutia dijo que iba a hablar del tema, pero más adelante.

No es la única complicación que tiene Urrutia en la Justicia.

En los Tribunales de Nogoyá se le abrió una causa que todavía no se cierra:  una denuncia planteada por un funcionario judicial, el fiscal Rodrigo Molina, respecto a la eventual comisión de un delito en la tramitación de una causa que llegó a juicio y ya cuenta con condena.

El 5 de noviembre la Justicia de Gualeguay condenó a 3 años de prisión de cumplimiento efectivo a Mónica Patricia García, y a 2 años y 8 meses a Fernando López Durán, representantes de la firma Bee Witch, acusados de estafas reiteradas, en perjuicio  de un grupo de productores apícolas de la zona de Nogoyá.

Urrutia habría pretendido alcanzar un acuerdo  entre los productores estafados y la empresa que los estafó antes de la realización del juicio. En medio, hubo una serie de maniobras cuya licitud está puesta en tela de juicio.

El fallo que condenó a los dos acopiadores por haber estafado a los productores de miel echa un manto de dudas respecto de la actuación de los abogados defensores de los damnificados.

Un punto que destaca la sentencia es que los abogados defensores, entre los cuales estaba Urrutia, pusieron en su denuncia que la carga de toda la miel por parte de los acopiadores denunciados ocurría en la localidad de Lucas González, cuando no fue así: también se cargaba en Gobernador Sola, Maciá y en Chajarí. “Surge del texto de las denuncias, confeccionadas por los profesionales que entonces asesoraban a los damnificados, por las razones que estos últimos una y otra vez explicitaron al declarar en el plenario, daban cuenta como si todos ellos estuviesen domiciliados en la localidad de Lucas González, y como que allí también se hubiesen realizado las cargas y todas las operaciones comerciales.   Así reza cada una de las denuncias que llevan las firmas de los productores y también de los tres letrados precitados, a saber los doctores Urrutia, Temón y Pérez, habiendo sido muy claros los productores víctimas que no habían reparado mucho en ello”.

“En realidad el apunte de la Defensa Técnica estuvo orientado a cuestionar la estrategia procesal de los abogados de la parte querellante, a quienes además han adjudicado equívocas maniobras en lo que respecta al derrotero de las negociaciones que sostienen existieron después del colapso, considerándolos un obstáculo, suponiendo que esta deliberada maniobra de falsear datos de domicilio y lugar de carga respecto a algunos de los productores, lo fue mas que por comodidad, para efectuar una mayor presión al tiempo de reclamar y exigir otras condiciones a sus pupilos”, dice el fallo.

Para el tribunal no fue un dato menor ese equívoco de los abogados, y la sentencia da cuenta de que “no puede soslayarse que queda en tela de juicio la actuación de los profesionales en dichas circunstancias, quienes no pueden ignorar esas implicancias, constitutivas de eventuales falsedades, y de las ulterioridades que en definitiva pudieran tener como posibles o eventuales conductas ilícitas, en tanto surgió aquellas afirmaciones en algunas de las denuncias emergieron de modo elocuente contradichas en las audiencias celebradas en donde los productores precitados no solo aclararon sus reales domicilios y lugares de carga, sino también explicaron por qué suponían estaba ello así consignado, que no saben confeccionar una denuncia, que la misma estaba hecha por sus letrados y que la firmaron por indicación de estos, todo lo cual, estando presente en el debate justamente el Fiscal de la Jurisdicción en donde fueron formalizadas permitirá eventualmente al M.P.F. evaluar si advierte algún mérito para aclarar por cuerda separad esas circunstancias”.

Efectivamente así ocurrió: el fiscal Rodrigo Molina planteó una denuncia contra los abogados actuantes, que ahora tramita su colega Federico Uriburu. Aunque esa investigación ha sido rechazada por el principal denunciado, el abogado Urrutia.

El fiscal Urrutia tramitó la denuncia de su colega Molina, aunque Urrutia se rehusó a notificarse de las actuaciones, y planteó la nulidad ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú. La camarista Alicia Vivian hizo lugar a su pedido, y anuló lo investigado en Nogoyá. Pero la Procuración apeló esa decisión de Vivian, y ahora la causa se tramita ante la Cámara de Casación Penal de Concordia.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.