Los anuncios empezaron en la época de campaña electoral y alcanzaron la calidad de certeza en la asunción del actual gobierno municipal. La creación de una Oficina de Anticorrupción, una nueva ordenanza de Presentación de Declaraciones Juradas Patrimoniales Públicas por parte de funcionarios municipales y otra de Acceso a la información municipal fueron los mecanismos mencionados a la hora de hablar de transparencia y participación ciudadana en el Estado local. Los tres anuncios inspiraron proyectos de ordenanza y tuvieron similar suerte en el Concejo: la falta de tratamiento en el primer año de gestión.

En el caso de los dos últimos –Declaraciones Juradas y Acceso a la información pública- había sendas ordenanzas vigentes al momento del recambio del gobierno, aunque con nada de aplicación, una, y con dudosa instrumentación, la otra.

La primera, correspondiente a la ordenanza N° 8.323 por la que en 2001 se creó un sistema de acceso ciudadano a la información de la Municipalidad de Paraná, fue derogada de un plumazo por el Concejo Deliberante el 1° de julio pasado y ese mismo día el oficialismo presentó un nuevo proyecto basado en conceptos como estos: el acceso a la información es un derecho humano, es imperioso tener un gobierno de “puertas abiertas” y una ciudadanía que ejerza el control popular.

El proyecto fue girado a comisión del Cuerpo para su estudio y de ahí en más pasó el año con los plazos vencidos y al borde de ser archivado. Así estuvo hasta el 1° de diciembre, cuando bajó al recinto con despacho favorable de comisión y con la introducción de modificaciones al articulado; pero fue el mismo oficialismo el que retrocedió y pidió volver el proyecto a análisis. “Es para efectuar unas correcciones”, dijo escuetamente el concejal Carlos González, presidente del bloque de Cambiemos, al fundamentar el retorno del expediente a la comisión de Legislación.

Y ahí sigue, según confirmaron fuentes del Concejo.

Antes, en octubre, había aparecido en la agenda de temas de tratamiento de la sesión, entre los proyectos con plazo vencido de 60 días, lo que había dejado a la iniciativa ante las siguientes alternativas: que el Cuerpo otorgue un último plazo de 30 días para ser analizado en comisión, se trate o se pase a archivo. Se optó por la primera opción, tiempo que venció en diciembre cuando otra vez se volvió a comisión.

En una situación similar estaría el proyecto de ordenanza que propone un Régimen de Presentación de Declaración Jurada Patrimonial Pública para los Funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante” de la Ciudad de Paraná. La iniciativa pertenece a Emanuel Gainza (Cambiemos) y fue promocionada por el edil a principios de 2016, cuando hizo pública su declaración jurada. Justamente, la publicación abierta de esa información es lo que impulsa el proyecto, aspecto que constituiría un avance respecto de ordenanza vigente N° 6.815 que obliga desde 1985 a los funcionarios municipales a presentar  una declaración jurada de bienes. La diferencia es que la ordenanza actual (6.815) es «semi pública», explicó el concejal Santiago Gaitán.  Es que desde fines de 2001, a través de una modificación introducida a la 6.815 por otra ordenanza, se dispuso que se debe permitir el acceso público a las declaraciones juradas e, incluso, ser publicadas en el Sistema de Información Ciudadana, una plataforma de datos oficiales que iba a instrumentarse en la ciudad y que nunca se concretó. En los hechos, la información no está publicada y es el ciudadano el que debe buscarla, a través de un pedido específico de tal o cual declaración jurada.

Así está dado el mecanismo, con distintas vueltas administrativas, según las gestiones.

Lo cierto es que el nuevo proyecto tampoco fue tratado el año pasado.  En octubre,  apareció en la lista de expedientes con el plazo de 60 días hábiles vencido y le fue otorgado otro tiempo más para su estudio en comisión.

Y continúa en ese estado, según informó el edil consultado, quien detalló que un punto en debate consiste en en planteos que se centran en los  riesgos -desde el punto de invista de la inseguridad- que puede acarrear a los titulares  la publicación abierta de la información.

Así las cosas, el edil aseguró que el proyecto también quedó para este año. Sin embargo, en la página web sobre el concejal Gainza, el proyecto de ordenanza estableciendo el «Régimen de Presentación de declaración jurada patrimonial pública, para los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Concejo Deliberante» de la ciudad de Paraná, aparece «archivado».

 

Oficina Anticorrupción

La creación de una Oficina Anticorrupción fue un eje sobre el que el intendente Sergio Varisco asentó buena parte del discurso de asunción, de diciembre de 2015. Y en ese marco, reafirmó la decisión de instrumentar una oficina, donde los ciudadanos puedan plantear “cualquier sospecha” en el manejo de lo público.

Como informó Entre Ríos Ahora, en el Concejo Deliberante, la iniciativa de instaurar el organismo surgió en la primera parte del año del año pasado desde el bloque de la segunda minoría, UNA-Frente Renovador.
La concejal Silvina Fadel fue la autora de un proyecto de ordenanza de conformación en el ámbito de la ciudad de Paraná de una Oficina General Anticorrupción Municipal. Pero la iniciativa no avanzó, quedó estancada en la comisión de Legislación, donde debía ser analizada y los concejales participantes debían emitir dictamen.
La iniciativa terminó pasando al archivo en la sesión del 20 de octubre pasado debido al vencimiento de los plazos para su tratamiento, fijados por el reglamento del Cuerpo.

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora