La causa por la mega estafa a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), abierta en 2014, está camino al juicio oral y público. El Ministerio Público Fiscal formuló el pedido de elevación a juicio del expediente que tiene 39 acusados, y en la que se investigaron delitos de defraudación a la Administración Pública, por montos cercanos a los $46 millones.
En ese grupo, los principales imputados son los ‘empleados y funcionarios infieles’: María Estrella Martínez de Yankelevich, jefa del departamento Despacho de ATER; Abelardo Gaggión, jefe de la División Mesa de Entradas de ATER; Darío Barreto, que se desempeñó en la Dirección General de Rentas, en el cargo de Director del Interior, Jefe de la Representación Territorial San Salvador . Y el exTesorero de la provincia, Gustavo Alejandro Gioria (que renunció cuando el escándalo estalló); Fabrizio Abraham Carmelo Dayub, agente Técnico Administrativo del Área Mesa de Entradas de ATER; y Daniela Romina Miño, que era agente Técnico-Administrativo.
La maniobra que se les reprocha consistía en el cobro a empresarios de una suma de dinero a cambio de falsear los datos sobre deuda impositiva, a través del mecanismo de la compensación.
Pero además de estos nombres ya conocidos en el ámbito político y judicial, aparece también otro acusado que pasó inadvertido: Jorge Martín Zuttión, actual auditor del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, y que entre 2003 y 2006 fue director de Impuestos de la Dirección General de Rentas, la exDGR y actual ATER.
A Zuttión, de 49 años, la fiscal de la causa Laura Cattáneo lo acusa de haber participado de una maniobra con una empresa agropecuaria que terminó perjudicando a las arcas del Estado en el período 2008 a 2011. Los delitos que se le endilgan son la de partícipe necesario en la comisión de los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo y defraudación a la administración pública en grado de tentativa, en concurso ideal. Una condena en este caso podría eyectarlo del organismo en el que actualmente se desempeña.
Además, la fiscal sostiene que su rol previo en la DGR, actual ATER, le habría servido para conocer cómo operar. “Este cargo que había desempeñado en el organismo recaudador lo coloca en el lugar y tiempo justo para saber de la maniobra y sus protagonistas, conocimiento que le permitió operar de nexo entre éstos y los representantes de Agrosur S.A., y por eso se puede afirmar que Zuttion tuvo en el hecho la intervención que se le atribuye”, dice.
Y agrega que “si bien ya no detentaba dicho cargo al tiempo de los hecho, sí revestía la calidad de funcionario público porque, según informe proveniente de la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno de Entre Ríos, Zuttión revista como personal de planta permanente, con prestación efectiva de servicios, en el Tribunal de Cuentas, acompañando además un detalle de su trayectoria dentro de la Administración Pública Provincial; lo que explicaría que tanto Lima como Curmona y Morán señalan que Zuttión era funcionario, aunque evidentemente los mismos creían que seguía siéndolo de Rentas”.
Analizan abrir sumario
Consultado por Entre Ríos Ahora, el titular interino del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Federico Tomas, señaló que estaba al tanto de que el empleado se encuentra procesado y que la Fiscalía pidió la elevación a juicio.
Preguntado sobre qué medidas tomará el organismo, explicó que el imputado “goza del principio de inocencia y hasta que no haya sentencia firme no se puede tomar una decisión”.
No obstante, aseveró que “se analizará si su conducta encuadra en una falta a la Ley del Empleado Público de la provincia y si es así se abrirá un sumario”.
Cómo contó Entre Ríos Ahora el año pasado, Zuttión figura en el organismo como auditor categoría D. Su número de legajo es el 158090 y su fecha de ingreso es el 1º de abril de 2012, dos años antes de que estalle el escándalo por las compensaciones truchas de ATER.
El rol de Zuttión
La fiscal de la causa acusa da Zuttión de haber operado como “nexo entre los representantes de Agrosur S.A. y el grupo de funcionarios y empleados público que dentro del ente recaudador registraban fraudulentamente como pagadas, en el sistema informático –SAT- del fisco provincial, deudas tributarias impagas de ciertos contribuyentes”.
En el pedido de elevación de la causa a juicio, se asegura que recibió dinero de empresarios de la firma que hizo llegar a los empleados infieles, Yankelevich y Barreto, “a efectos de que por tal beneficio económico, se ocuparan de que se simulara el pago de compensaciones de los tributos que adeudaba Agrosur S.A. adulterando los registros informáticos del fisco con información falsa, en tanto el contribuyente no era titular de un crédito líquido y exigible contra el Estado, ni tampoco era cesionario de créditos fiscales de terceros”.
“El registro falso efectivamente se hizo por el dinero que se recibió del contribuyente, a través de Jorge Zuttión, y tuvo impacto inmediato en el patrimonio del Estado provincial, en tanto, debido al error al que indujeron tales registraciones falsas, el fisco no activó los mecanismos predispuestos para el cobro de acreencias pendientes de pago, con el consiguiente perjuicio patrimonial. Posteriormente, al advertirse la maniobra, la misma fue revertida y Agrosur S.A. canceló toda la deuda”, agrega la acusadora.
Para la fiscal, “la participación de Zuttión resulta indiscutible en tanto su accionar permitió que las circunstancias se configuraran de tal modo que hicieron posible los actos ejecutivos de los coautores”.
Detalles de la maniobra
Según la tesis de la Fiscalía, fue Abelardo Daniel Gaggión quien realizó la carga de las compensaciones fraudulentas atribuidas a Zuttión en el período que va de enero de 2008 a diciembre de 2011. Así quedó registrado en el sistema de fisco que fue manipulado.
¿Cómo aparece el nombre de Zuttión involucrado? Por la declaración de los empresarios Miguel Curmona, Carlos Morán, el contador y socio Héctor Amado Lima, todos de la empresa agropecuaria Agrosur, que en calidad de testigos contaron en la etapa de investigación que Zuttión les propuso un “plan de facilidades de pago” por los impuestos adeudados por un monto superior a los $3 millones.
Asimismo, detalla que los empresarios reconocieron que entregaron a Zuttión cheques por $50 mil para “cancelar una deuda”. Más adelante, considera que “sólo desde la óptica de una maniobra espuria puede tener sentido que por los $50.000 que le entregaban a Zuttión para levantar cada cheque que vencía, éste les entregara documentos –‘constancias de distribución’- en los que constaba la cancelación de 6 cuotas del plan de pago suscripto por Lima, que daba un importe total de $308.836,62o de 8 cuotas del mismo por un total de $411.982,14 como es el caso de la constancia de distribución agregada del legajo personal de Curmona”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora