El cura Marcelino Ricardo Moya, imputado en dos denuncias por abusos sexuales en Villaguay, fue ingresado al Hospital San Martín con un cuadro grave.
Está alojado en la habitación 211 del Servicio de Clínica Médica, y su situación está siendo objeto de un cruce de consultas médicas y legales: las autoridades hospitalarias están al tanto de la situación judicial del cura, suspendido desde junio de 2015 por el arzobispo Juan Alberto Puiggari, al conocerse que dos víctimas, un médico y un estudiante de Abogacía, lo denunciaron en la Justicia.
Las consultas tienen que ver con la restricción del secreto profesional para revelar el diagnóstico del cura, y su comunicación a la Justicia.
El abogado querellante Florencio Montiel, que representa a Pablo Huck, una de las víctimas, teme que su estado de salud desmejore, y ante la hipótesis extrema de que fallezca, asegura, se estaría en el peor escenario: la extinción de la acción penal.
Lo que trascendió es que el cura tendría una enfermedad de transmisión sexual, lo cual, de confirmarse, representaría un escándalo para la Iglesia Católica.
Lo está tratando la médica Laura Díaz Petrussi, quien no quiso revelar cuál es el diagnóstico de su paciente, amparándose, precisamente, en el secreto profesional. Díaz Petrussi es, además de médica del San Martín, jefa del Programa Provincial VIH Sida.
A finales de agosto, cuando se ventilaba en los medios la situación en el convento carmelita de Nogoyá, Puiggari salió públicamente a defender la situación de Moya. Y dijo sentirse “injusto” al mantenerle el “castigo” de la suspensión para celebrar misa.
“Estaría contento que se decida lo de Moya. Me siento injusto teniéndolo castigado, y que la Justicia no avance. Y la Justicia no puede decir que no hemos aportado todos los elementos que nos pidieron”, dijo Puiggari entonces.
El 20 de diciembre último, Moya fue citado a indagatoria por la fiscal Nadia Benedetti, de la Unidad Fiscal de Villaguay, pero entonces eligió el silencio.
El lunes 29 de junio de 2015 se abrió la segunda investigación judicial contra un miembro del clero de Paraná por abuso; el primero resultó Justo José Ilarraz, a punto de ir a juicio.
Uno de los denunciantes, el médico Pablo Huck, dijo estar al tanto del estado de salud de Moya, hecho del cual se enteró un rato antes de emprender viaje a Brasil. “No sé si es el mejor momento para irme a descansar, pero lo necesito”, contó.
Junto a un estudiante de Derecho relataron en la Justicia de qué modo el cura Marcelino Moya abusó de ellos. El sacerdote, que al día siguiente fue suspendido por la Iglesia como párroco de Seguí, llegó a principios de los años 90 a Villaguay, designado como vicario de la parroquia Santa Rosa de Lima.
“A los ojos de hoy, me es difícil entender las cosas. En ese momento, yo era un pibe, y a mí me hablaban de dogmas y de pecado, y el referente espiritual que yo tenía, que tenía mi familia, me practicaba sexo oral, me masturbaba. Era muy fuerte”, contó aquella vez Pablo Huck, después de presentarse en la Justicia.
Moya fue vicario en la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay, entre 1992 y 1997, y además docente en el Instituto La Inmaculada, y durante ese tiempo habrían ocurrido los abusos. Las víctimas, dos jóvenes que eran parte de los grupos parroquiales.
Moya fue ordenado sacerdote el 3 de diciembre de 1992 por el exarzobispo de Paraná, Estanislao Esteban Karlic, y tuvo entre uno de sus primeros destinos la Parroquia Santa Rosa de Lima, de Villaguay. Allí, precisamente, habría sido el lugar donde ocurrieron los abusos.
Desde que se abrió la causa, Moya no puede oficiar misas en público.
La medida forma parte del protocolo de actuación dentro del clero.
Cuando el caso llegó a la Justicia, Puiggari abrió una investigación preliminar, siguiendo lo que establece el Código de Derecho Canónico en el canon Nº 1717, regulados por las normas de Gravioribus Delictis”.
La expresión en latín “Gravioribus Delictis” alude a los “delitos graves”, como la pederastia, la acusación que recae sobre Moya, y conforma parte de las reformas introducidas en 2010 por el papa emérito Benedicto XVI para abordar los delitos de abuso de menores.
En el marco de la causa judicial, designó como su defensor al abogado Gustavo Amílcar Vales.
El abogado Vales es hijo del exmiembro del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Hipólito Vales, a quien el Estado estuvo a punto de iniciarle una demanda por una presunta jubilación lesiva para los intereses del erario público.
Ricardo Leguizamón
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.