Armando Sánchez, el referente de Políticas para la República, alertó que se venció el plazo establecido para que la gestión de la intendenta Rosario Romero presente el rediseño de recorridos, frecuencias, líneas y paradas del sistema de colectivos de Paraná establecido por la ordenanza de emergencia del transporte público.
“Ya han pasado cuatro meses de la gestión municipal de Rosario Romero, catorce días de paro de colectivos, y mientras concejales y referentes del oficialismo y de los bloques de la oposición se echan culpas en los medios, luego en las sesiones del Concejo Deliberante los bloques del peronismo, Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza votaron por unanimidad, todos juntos, el aumento de boleto, la emergencia, y el presupuesto. Para perjudicar a la gente lograron un rápido consenso. Estamos de acuerdo en que el convenio firmado en la gestión de Varisco, con Gainza a la cabeza, es pésimo, y que también es pésima la inacción de las gestiones que le siguieron. La grieta es para confundir, mientras no se debaten soluciones y el servicio de transporte público en Paraná sigue tocando fondo”, lanzó Sánchez.
El dirigente recordó que la ordenanza Nº 10.153, promulgada el 23 de febrero pasado, declaró la Emergencia del Sistema Integral de Transporte Urbano de Pasajeros y en su artículo Nº 2 mandaba que la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano implementara, dentro de los treinta días de su promulgación, el rediseño del sistema de transporte urbano de pasajeros, “redefiniendo líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota, recorridos, paradas, y demás cuestiones operativas, que adapten el sistema de transporte a los cambios de prioridades y nuevas necesidades”. El plazo está vencido y desde el Ejecutivo Municipal no ha habido novedades.
Después de varios meses con horarios reducidos, planteó Sánchez, la jefa comunal recurrió a una medida que no había anunciado en campaña “y que desde Políticas para la República habíamos adelantado que sería sólo un parche más, y no una solución, cuando le criticamos la idea de la emergencia a Emanuel Gainza en el debate de candidatos. Pese a las críticas, la Intendente propuso un drástico aumento del boleto al usuario y la declaración de emergencia en el transporte público, que fue acompañado y votado por unanimidad de los concejales del peronismo, de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza. Podemos decir que no existe oposición en el Concejo Deliberante”.
“La emergencia significó la delegación de facultades de los concejales al Departamento Ejecutivo, la legalización de la discrecionalidad, que generalmente da lugar a irregularidades, y la habilitación al Ejecutivo para bajar el nivel de exigencia a la empresa en cuanto a frecuencias, calidad, cantidad y antigüedad de los coches que plantea el pliego de concesión y que nunca se hizo cumplir del todo”, subrayó el dirigente.
Planteó luego que en el artículo 4 de la ordenanza de emergencia permitió que desde ahora “el aumento de boleto sea automático, por decreto de la Intendente. Dice que `el Departamento Ejecutivo podrá determinar, a través de un informe y por medio del acto administrativo correspondiente, el porcentaje del aumento automático de la tarifa y la fórmula que lo determine, supeditada al efectivo cumplimento del servicio prestado por la concesionaria en relación a la flota circulante´. Por otro lado, el artículo 5 sostiene que el Departamento Ejecutivo deberá instrumentar una auditoría empresarial para fiscalizar y controlar los registros contables. Ya existía una resolución del Concejo Deliberante, la 006/2020, de autoría de David Cáceres, aprobada en julio del 2020, instando al Departamento Ejecutivo a hacer una auditoría similar, pero nunca se cumplió ni se hizo cumplir, Luego desde Políticas para la República presentamos un proyecto similar en julio de 2022 que el oficialismo dejó archivar, y hasta ahora no hay noticias públicas de auditoría del desarrollo de la concesión”.
Armando Sánchez.
Hace dos días la presidenta municipal “dijo ante los medios que la empresa tiene `colectivos viejos` siendo que la intendenta es la principal responsable de que los colectivos no excedan una antigüedad de más de 10 años, que la flota tenga en promedio 6 años de antigüedad, y que un tercio de la flota no exceda los 5 años de antigüedad, según dice el pliego de concesión en su artículo 14 inciso b, y que la Intendente debería garantizar que la empresa cumpla. Junto a esto, tampoco hace cumplir la cantidad de 190 coches que deberían andar, y no 120, ni tampoco ofrece una aplicación que funcione y le indique con precisión a los vecinos cuando pasa el colectivo”.
“Por otra parte, el pliego de concesión en sus artículos 56 al 64 establecen que el municipio puede implementar sanciones graves que penalicen a la empresa de tal manera que no pueda renovarse el contrato ni pueda volver a presentarse a la licitación. Pero la gestión no le ha aplicado sanciones significativas, siendo que ha tenido sobrados motivos para hacerlo. El contrato se firmó el 3 de enero de 2018 y tiene vigencia por 8 años, hasta el 3 de enero de 2026, pudiendo prorrogarse por 4 años más. A finales de 2025 sabremos si esta gestión le concede la prórroga o llama a otras empresas de las varias que hay en el país”, apuntó.
“Esta gestión, como las anteriores, decidió postergar el problema para más adelante, mientras ya contabilizamos 14 días de paro de colectivos y el servicio sigue tocando fondo histórico en la ciudad. Hoy los vecinos van a sus trabajos o a estudiar a pie, en bicicleta, en sus vehículos particulares o tomando un Uber, porque el Estado Municipal no se encarga de garantizar un servicio eficiente y que dé previsibilidad. No es sólo una cuestión de dinero, sino de visión, estrategia, creatividad y planificación para hacer más eficiente y atractivo el servicio de colectivos. Y eso le compete a la gestión municipal”, indicó.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora