José Carlos Wendler, sacerdote de la Iglesia Católica hasta 2012, ya no espera nada de la jerarquía en torno a los escandalosos casos de abuso sexual a menores: todo lo que puedan decir los obispos, el actual Juan Alberto Puiggari o sus predecesores Mario Maulión y Estanislao Karlic, no será creíble. Pero además, sus pronunciamientos, al ser contrastados con los dictámenes de la Justicia, los dejará en falta permanente.

«Ahora, la Iglesia tiene que tomar una actitud distinta. Y esa actitud debe ser el silencio: cualquier cosa que diga ya no tiene sentido. Más vale callar. Mientras van apareciendo los fallos de la Justicia en los distintos casos, desde Roma van a empezar a observar de cerca al obispo. Y ocurrirá eso: el enjuiciamiento de los obispos va a venir de Romla. Y en ese caso ya no tendrán argumentos para defenderse por lo que hicieron. Lamentablemente, no les interesa lo que opina la justicia civil», dice Wendler.

En septiembre de 2010, Wendler, entonces párroco de Nuestra Señora de Luján, firmó, junto a un grupo de ocho sacerdotes, una carta dirigida al obispo de ese momento, Mario Maulión, poniéndolo al corriente de la “gran preocupación” que generaban los comentarios acerca de la existencia de casos de abuso de menores por parte de sacerdotes.

Pero se centraron en uno: el caso del cura Justo José Ilarraz, y por dos motivos. Primero, porque Ilarraz continuó ejerciendo el sacerdocio a pesar de la investigación que hubo en 1995 a partir del testimonio recogido de las víctimas de sus abusos, sin que siquiera se le hubiera aplicado una sanción canónica o se haya llevado su caso a la Justicia. A Ilarraz lo mandó a investigar el ahora cardenal Estanislao Karlic en 1995, y tras una instrucción sumarísima, en 1996, le aplicó la sanción del destierro y le prohibió volver a Paraná.


Fue así que Ilarraz se mudó a Tucumán, y allá siguió siendo cura hasta 2012, cuando fue suspendido, medida que todavía se mantiene.

Aquella carta dirigida a Maulión fue firmada por el grupo de sacerdotes del denominado decanato III –que incluye las parroquias Nuestra Señora de Luján, Santa Ana, San José Obrero, San Francisco de Borja, San Benito Abad, Santa Ana (de Aldea María Luisa), Inmaculada Concepción (de Villa Urquiza), Santa Lucía, Jesús Maestro y Señor de la Humanidad (de Oro Verde), Nuestra Señora de Pompeya y Santo Domingo Savio– , que se mostraron perplejos por el silencio de las autoridades eclesiásticas que, dijeron, podría ser interpretado por los fieles como un acto de “encubrimiento”.

Aquella carta no llegó sólo a las manos de Maulión, sino a la de quienes integraban entonces su consejo presbiteral, una especie de consejo de ministros que componen los decanos de los nueve decanatos en los que se divide la diócesis, más un representante del clero joven, e integrado también por el canciller de la Curia, el rector del Seminario y los vicarios generales.

El 15 de septiembre de 2010 ese grupo de ocho sacerdotes, pertenecientes al decanato III de la diócesis de Paraná –la jurisdicción de la diócesis de Paraná, que comprende los departamentos Diamante, Feliciano, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, y los distritos Achiras, Banderas y Sauce de Luna del departamento Federal, se divide en 9 decanatos– trató por primera vez el caso Ilarraz.

Volvieron sobre el asunto en una reunión extraordinaria, el jueves 23 de ese mes, y entonces se acordó transcribir en una carta esa preocupación y presentársela a las autoridades eclesiásticas.
Allí, pusieron de manifiesto la “creciente notoriedad” del caso Ilarraz, quien fuera formador de aspirantes al sacerdocio en el Seminario de Paraná. Y se mostraron preocupados por el hecho de que el sacerdote siguiera ejerciendo el ministerio, aún en medio de las sospechas y las denuncias, con la posibilidad de seguir repitiendo esos abusos.

Los curas que impulsaron esa carta ante el consejo presbiteral, José Carlos Wendler y Leonardo Tovar, fueron maltratados por sus pares y hasta hubo pedidos de sanción canónica para ellos. «En ese momento, no lo pensamos mucho. Decidimos hacer la carta. Veíamos que las víctimas estaban siendo ninguneadas. Cada vezque pedían hablar con el arzobispado, el trámite se dilataba. Los intentos de diálogo no prosperaban. Era una situación muy compleja, fea, triste. Hicimos la carta, y monseñor (Mario Maulión) la respondió en el consejo presbiteral. Fue un momento duro, feo. Los curas que llevamos la carta Leo (Tovar)  y yo, quedamos prácticamente en situación de acusados. El más elocuente fue quien en ese momento era el vicario general Cecilio Paul, que lavándose las manos, decía que era un problema de otro obispo, porque Ilarraz ya estaba en Tucumán. Está muerto ahora. No puede defenderse. Pero la reacción como presbítero que tuvo fue lamentable», cuenta Wendler en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Costa Paraná 88.1. 

Wendler dice que al tomar la decisión de denunciar a Ilarraz no tuvieron miedo por las consecuencias. «Para evitar malos entendidos, se la llevé personalmente y se le entregué en la mano al obispo. Y le expliqué que lo hacíamos no de patoteros sino a modo de colaboración. Lo hicimos con toda confianza y con mucha esperanza. Si esa situación se repitiera hoy, creo que el cura que esté en ese lugar debe denunciar. No hay ningún otro modo para actuar. Hay que avisar al superior. No se puede ocultar. Es una falta grave quedarse callado en estos casos. Es inmoral callar estas cosas», sostiene.

 

 

 

 

 

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.