Conocido como el “jardinero K”, Ricardo Barreiro supo saltar, de la noche a la mañana, del anonimato más absoluto a estar en la tapa de todos los diarios del país.
Barreiro fue denunciado periodísticamente el domingo 12 de mayo de 2013, en el programa «Periodismo para Todos», de Jorge Lanata, por su crecimiento patrimonial. Allí fue señalado como un testaferro del difunto presidente Néstor Kirchner y la ahora exmandataria nacional Cristina Kirchner. En un informe se indicó que el «jardinero» devino en poco tiempo en multimillonario empresario hotelero y gastronómico.
El 15 de mayo de 2013 el director del sitio «Río Bravo», Ignacio González Lowy, descubrió que Barreiro tenía un cargo en Entre Ríos. En rigor, se conoció el texto del decreto N° 3.793, del año 2012, por el cual entonces gobernador Sergio Urribarri y su ministro de Cultura, Pedro Báez, nombraron al empresario como funcionario del Gobierno. El cargo que le dieron fue coordinador de Relaciones Institucionales del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), que hasta agosto de 2015 dirigió Sebastián Lorenzo.
Además se conoció que en diciembre de 2012 su empresa RP Transportes SA fue la única que se presentó a la licitación del Ministerio de Turismo para llevar a Tecnópolis (en Villa Martelli, Buenos Aires) a 2.324 estudiantes de 60 escuelas entrerrianas. Más tarde, el funcionario le cobraría al Estado provincial 220 mil pesos por ese servicio. Su empresa aparece en el Registro de Proveedores con el número 4.711.
Sergio Urribarri.
A raíz de ello el abogado Guillermo Mulet lo denunció poco días después de la publicación periodística y la justicia comenzó a investigar.
El «ex jardinero» de la residencia de los Kirchner en El Calafate está procesado en Entre Ríos desde agosto de 2014 (por el Juez de Instrucción Nº 7 -hoy Juzgado de Transición Nº 4- a cargo de Humberto Franchi) porque habría introducido datos falsos cuando se inscribió como proveedor del Estado en la Dirección General de Contrataciones. En rigor, la fiscalía lo acusa de haber ocultado que tenía un cargo en un área que depende del Ministerio de Cultura y Comunicación y así presentarse a una licitación, que finalmente ganó.
En noviembre de ese año, la Sala I de la Cámara del Crimen de Paraná , integrada por José María Chemez, Miguel Ángel Giorgio y Elvio Garzón, confirmó el procesamiento.
Ahora su nombre vuelve a ver la luz pública.
Pedro Báez.
En su edición de hoy, el diario La Nación cuenta que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) radicó una denuncia ante la Justicia federal de Rosario para que investigue si Barreiro integra un conglomerado de empresas sospechada de lavar millones a través de supuestas exportaciones.
La denuncia de la Procelac quedó en manos del juez federal N° 3 de Rosario, Carlos Vera Barros, y el fiscal del fuero, Mario Gambacorta, quienes deberán determinar, además, si las ramificaciones de las sociedades llegan a Los Monos, la banda narco a la que se investiga por supuesto lavado desde octubre pasado.
Conocido como «el jardinero» de los Kirchner -en realidad fue cuidador de la residencia familiar en El Calafate-, Barreiro acumuló durante los últimos años diversos títulos y puestos públicos, hoteles, restaurantes y empresas de transporte en Santa Cruz y en Tucumán.
Pero mientras Barreiro incrementaba su patrimonio, también sus hijos se unieron al círculo de los Kirchner. Pablo se convirtió en asistente personal de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su otro hijo, Sebastián, trabajó como policía junto con la custodia presidencial.
Según la denuncia de la Procelac, Barreiro podría encontrarse detrás de «un grupo familiar de personas jóvenes y sin antecedentes comerciales, con un perfil económico que no justificaría los montos de las operatorias realizadas en apenas tres meses del año pasado», entre agosto y noviembre de 2015.
Para eso, la unidad fiscal requirió que se investigue a Frutos del Oeste SRL, Finca Los Aromas SRL, Indofrut SRL y Comercializadora de Cuyo SRL; también, a tres hombres de apellido Siboldi -Sergio Martín, Sergio Luis y Ramiro Raúl-, a Flavio Ayelén Albornoz, Justo Faustino Domínguez, Gloria Escobar, Selene y Carlos Vespuccio, y a la ex concejal peronista de Villa Gobernador Gálvez, María Carmen Murabito.
Los nexos entre Barreiro y Murabito se corporizan en dos empresas. Una es Los Antiguos Patagones SRL, que controla un hotel con paredes de chapa y madera, junto al Lago Buenos Aires, en Santa Cruz, a cinco kilómetros de la frontera con Chile.
Sebastián Lorenzo, junto a Aníbal Fernández.
Murabito admitió que el hotel sigue siendo de ella ante la consulta de LA NACION, aunque dijo desconocer que «su amigo» Barreiro haya sido su socio. El empresario patagónico viaja seguido a Rosario, donde fijó su domicilio en el edificio de Laprida 1832, en pleno centro de la ciudad.
La otra firma que comparten Barreiro y Murabito es BM Constructora SA, la firma que lleva las iniciales de sus apellidos. La crearon en 2011 para la compra, venta y edificación de inmuebles. Su domicilio legal es San Martín 2635, de Villa Gobernador Gálvez, pero allí no hay nada que se parezca a una empresa constructora, según confirmó este diario.
Para la Procelac, de todos modos, el enlace clave del entramado sería Carlos Vespuccio, quien -según admitió Murabito a LA NACION- es su empleado, mientras que los domicilios de otras empresas en la periferia rosarina aportan sorpresas.
Por su parte, la firma Indofrut fijó su domicilio Pasaje Escalante 6550, en la zona sur de Rosario, para la supuesta exportación de frutas. Como socio figura Sergio Luis Siboldi, de 54 años, casado con una mujer de apellido Cantero, el mismo de la banda de Los Monos.
Aquí en Entre Ríos, a Barreira lo espera otro juez.
La causa del empresario santacruceño, nacionalmente conocido como «el exjardinero de la familia Kirchner», cayó -sorteo mediante- en manos del juez Pablo Vírgala. El fiscal de la Cámara es Rafael Cotorruelo.
En diciembre del año pasado se clausuró la etapa de instrucción de la causa que investiga si Barreiro introdujo datos falsos en un documento público para presentarse a una licitación a pesar de haber sido designado como funcionario provincial. La fiscal de Transición, Viviana Ferreyra, pidió la elevación a juicio el miércoles 25 de noviembre de 2015. Los abogados defensores, Raúl Barrandeguy y José Candelario Pérez, no se opusieron al requerimiento, por lo cual Barreiro deberá sentarse en el banquillo de acusados.
Una de las decisiones más polémicas de la fiscal Ferreyra fue descartar ampliar la imputación por supuestas negociaciones incompatibles con la función pública, ya que Barreiro era funcionario y contratista del Estado. Esa decisión dejó afuera la posibilidad de investigar si la licitación fue direccionada por el poder político.
Según fuentes tribunalicias, el 22 de febrero último el fiscal Cotorruelo presentó las pruebas que utilizará en el juicio. Se trata de la misma documental que desde 2013 viene trabajando el Ministerio Público Fiscal (Juan Francisco Ramírez Montrull primero, Ferreyra después).
Asimismo, el abogado defensor de Barreiro, el ex diputado nacional por el FPV entrerriano, Raúl Barrandeguy, confirmó que también hizo las presentaciones correspondientes. Ahora se está a la espera de que las partes sean notificadas de la admisión de la prueba y de la fijación de la fecha de debate.
En el juicio podrán ser llamados a declarar nuevamente, como testigos de Barreiro, –ya lo hicieron en la etapa de instrucción por escrito- Sebastián Lorenzo y Pedro Báez. El primero fue director del Centro Experimental de Industrias Culturales de Entre Ríos (Ceicer), donde el empresario fue designado, ad honorem, como coordinador de Relaciones Institucionales. El segundo era ministro de Comunicación y Cultura, y firmó, junto a Urribarri, el decreto de designación en el Ceicer. Actualmente es diputado provincial por el Frente para la Victoria (FPV).
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.