El intendente de San Jaime de la Frontera, Antonio Rodríguez, ingresó en una pelea sin vuelta atrás con el Concejo Deliberante, que se apresta hoy a votar una ordenanza que deja sin efecto un decreto del Ejecutivo. Se trata del N° 62, firmado por el intendente Antonio Rodríguez este miércoles 1°, por el que dispuso el despido de 6 trabajadores.
La medida , que generó una fuerte división entre el titular del Departamento Ejecutivo, su viceintendenta Elsa Payer y todo el Concejo Deliberante, se apoyó en las “exorbitantes designaciones bajo la figura de personal de planta transitoria realizadas en el municipio, en especial durante la gestión anterior”, y que “se deben optimizar y racionalizar los recursos públicos generados por el aporte de los contribuyentes para cumplir con los principios de buena administración, eficiencia y eficacia”, y que “debido a la recesión económica, agravada por los efectos de la pandemia, no solo estamos ante una falta de previsión presupuestaria, sino ante una crisis financiera en el municipio que exige reajustar las mismas en menos, de manera garantizar los compromisos tendientes a la prestación de los servicios públicos esenciales, por lo que resulta imposible solventar gastos no previstos”, según el texto del despido de los 6 empleados.
Después de los agitados dos últimos días en San Jaime, con fuerte presencia policial en la Municipalidad ante las concurridas manifestaciones en contra del intendente, este viernes el Concejo está citado para sesión extraordinaria a las 14.
Enterado de esa convocatoria, el intendente Rodríguez emitió una declaración pública. “Hoy me veo en la lamentable situación de tener que informarles que he enviado al Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad una nota exhortando a ese alto cuerpo a que respete la División de Poderes y que actúe dentro del marco de la Constitución y de las Leyes”, dice el texto que firmó el jefe comunal. Y agrega: “Es por eso que les he solicitado a los concejales que se abstengan de sancionar la nulidad de un decreto emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal a mi cago por las razones antes invocadas”.
Y les deja una amenaza a los concejales, y en particular a su viceintendenta, Elsa Payer: en caso de avanzar el Concejo con la sesión, alertó, “me veré obligado –en cumplimiento de los deberes constitucionales y legales como funcionario público- a elevar el conflicto de poderes ante el Superior Tribunal de Justicia”.
El intendente entiende que el Concejo Deliberante no está por encima del Ejecutivo y que por lo tanto “pretender decidir sobre la nulidad de un decreto es claramente anticonstitucional y aquellos que actuaron en contra de las instituciones podrán ser individualmente responsables por los daños causados al Estado Municipal por extralimitarse o cumplimento irregular de sus funciones”.
En la parte más dura de sus pronunciamiento, Rodríguez señala: “No voy a permitir que la confianza que en mi han depositado sea burlada por algunos concejales que, habiendo perdido en las urnas, pretendan lograr lo que no pudieron con el voto. La función de la oposición no es la de cogobernar como pretenden hacerlo a través del Concejo Deliberante, sino la de contribuir a la sanción de normas de carácter general y de contralor”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora