El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 9, Ángel Luis Moia, que desde 2018 tiene a su cargo el concurso preventivo de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora de El Diario, dio curso favorable a un pedido de la empresa para desprenderse de un inmueble ubicado en el barrio privado Puerto Urquiza, sobre Avenida Estrada, para destinar su producido al pago de salarios de su personal.

La autorización de Moia para que los dueños de El Diario den curso favorable al desguace de la empresa para el pago de gastos corrientes -los salarios- se dio ante la oposición de la Sindicatura que interviene en el proceso del concurso que siguió al despido, en 2018, de más de 80 trabajadores a los que no se les pagaron las inmdenizaciones de ley.

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«Resulta entonces que en el contexto concreto del proceso concursal debe analizarse la conveniencia del acto en cuestión», planteó el juez Moia. Y consideró que SAER «posee en su patrimonio un importante elenco de inmuebles», y que la propiedad que autorizó la venta en el barrio privado Puerto Urquiza «su conservación genera gastos considerables, así
como que se trata de un bien ajeno a la actividad de la concursada».

La operación inmobiliaria que los dueños de El Diario pretenden cerrar es sobre un inmueble en el barrio privado Puerto Urquiza, un terreno de 700 m2, «que cuenta con todos los servicios y una ubicación estratégica, lo que lo hace de un alto valor», según el escrito que firmó Moia.  En la presentación que hizo en junio último SAER ante la Justicia puso de manifiesto que «dicho activo no resulta rentable para la concursada dado su costo de mantenimiento y no es posible darle una utilidad compatible con la actividad de la empresa». Y un dato singular:  acompañó copia del boleto de compra venta y tasaciones de dos inmobiliarias de las que surge que el valor de mercado ronda los $8 millones.

El valor, según estimaciones de mercado, está muy por debajo del costo real.

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SAER se presentó el último 22 de junio y pidió a la Justicia autorización de venta de ese lote y explicó que el producido de esa operación inmobiliaria constituiría «dinero útil para pagar los sueldos y aguinaldos del mes de julio». Además, que parte de lo recaudado se destinará a cancelar  las deudas por pronto pago con los despedidos que tienen su reclamos judiciales por sueldos impagos. El juez destaca en su resolución de autorización de la venta que la empresa mencionó que «la realización de este bien será beneficiosa para todos los involucrados en el presente proceso concursal, pues en el estado actual conservarlos no resulta rentable, no es posible alquilarlos debido a que no cuentan con construcción e irrogan gastos periódicos de conservación(impuestos, tasas y expensas)».

Juez Ángel Luis Moia.

 

El último 5 de agosto se expidió la Sindicatura y opinó que «en esta instancia donde debe priorizarse el resguardo del activo de la empresa no corresponde hacer lugar a lo solicitado». Al respecto puso de manifiesto que el pedido de la empresa «implica la salida de un inmueble para utilizar los fondos para el pago de sueldos -gastos de funcionamiento- los que
deberían surgir de la actividad normal y propia de la empresa».

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El 23 de agosto SAER vuelve a presentarse ante el juez Moia y apuró una definición. Al respecto, planteó la «conveniencia» de acceder a la petición por parte de la Justicia «para la continuación de las actividades de la concursada (la empresa se deshará de un bien que no resulta útil ni conveniente para su actividad, liberándose de gastos de conservación inoficiosos) y la protección de los intereses de los acreedores (se cancelarán pasivos laborales cuyo devengamiento de intereses engrosa el pasivo concursal, lo que en definitiva perjudica a todos los acreedores».

Este viernes 30, el juez Moia autorizó la venta de ese predio en el barrio privado Puerto Urquiza con una base de $8 millones.

 

 

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De la Redacción de Entre Ríos Ahora