La Justicia ordenó la conciliación obligatoria en el conflicto docente por 20 días hábiles, lo que en la práctica supone una orden de suspender la huelga de 48 horas votada en el último congreso provincial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) prevista para martes y miércoles.

El Gobierno acudió a la Justicia Laboral luego del fracaso de la negociación con los docentes tras seis sucesivos encuentros. El Gobierno primero negoció una oferta del 17%, en dos etapas, pero cuando la postura gremial se endureció, retrotrajo la oferta y propuso un 15%, en tres tramos.

Fue el viernes 6, luego de la última reunión en la Secretaría de Trabajo. La petición del Gobierno encontró acogida favorable en el titular del Juzgado Laboral N° 3, José Antonio Reviriego, que declaró la conciliación obligatoria en el  conflicto docente, y citó a las partes a una audiencia para el martes, a las 17.

La decisión del juez laboral fue resuelta este sábado, 24 horas después de la presentación del Poder Ejecutivo.

 La medida es por el término de 20 días hábiles y ordena a las partes suspender las medidas de fuerza anunciadas por los mencionados gremios docentes, consistentes en paro para los días 10 y 11 de abril próximo.

En el marco de la causa, la representante del Ministerio Público de la Defensa, Marcela Piterson, apoyó el pedido de conciliación obligatoria, al argumentar que “la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable para realizar otros derechos humanos”. Y entendió que “corresponde a las asociaciones gremiales y sindicales ajustar el ejercicio constitucional del derecho de huelga, evitando adoptar medidas que vulneren o restrinjan el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes”.

 El documento presentado por el Gobierno este viernes consignaba que “el derecho que peligra es el de aprender” que “está consagrado en la Carta Magna”. También se puso de relieve que “desde el Gobierno Provincial se han hecho todos los esfuerzos posibles en conversaciones informales inicialmente y luego en sede administrativa por llegar a un acuerdo con las entidades gremiales que permita el desarrollo normal de la actividad educativa”.

 Es en ese marco, que el Gobierno puso en conocimiento al Poder Judicial que “nuestro derecho de negociar de Buena Fe, se ha visto vulnerado y conculcado, entendiendo que la instancia judicial será el último eslabón posible para conseguir el acuerdo que ponga fin a la situación de conflicto”.

 En el escrito firmado por Miriam Clariá, abogada apoderada del Consejo General de Educación (CGE), con patrocinio letrado del fiscal de Estado de la Provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, el Gobierno promovió ante el Juzgado de Trabajo  la acción prevista en el artículo 1º último párrafo de la ley 9624, a fin de que se disponga la Conciliación Obligatoria prevista y la suspensión de las medidas de fuerza dispuestas o a disponerse por el término previsto en el artículo 16 de esa ley, es decir, por un término de 20 días hábiles.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora.