El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Chajarí, Mariano Luis Velazco, le recomendó al intendente de San Jaime de la Frontera, Antonio Rodríguez (PJ), que “aborde institucionalmente las cuestiones conflictivas y desavenencias que han quedado evidenciadas en el presente caso, arbitrando las medidas conducentes en pos de adecuar las condiciones de trabajo en la Municipalidad de San Jaime con el objeto de lograr un ambiente laboral e institucional apropiado en dicho organismo estatal, bregando porque (sic) el desempeño de funciones sin perjuicio de las incumbencias jerárquicas de cada agente, se verifique en un clima de respeto y corrección”. 

Fue en el marco de una denuncia por violencia de género y violencia laboral presentada en la Justicia por Nuria Teresita Miño, empleada de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera.

La escalada en el conflicto se inició, en realidad, por un reclamo del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, firmado por su secretario general, Luis Alberto Vargas, dirigido al Concejo, en el que se planteó una situación de persecución y violencia laboral que estaría ejerciendo el secretario de Obras Públicas, Víctor Marcilli.

Después, siguió la denuncia judicial de Miño por violencia de género y laboral e involucró intendente de San Jaime, Antonio Rodríguez (PJ), y a su secretario de Obras Públicas, Alejandro Marsilli.

Miño habló de una serie de situaciones que se iniciaron en diciembre de 2019, cuando asume el actual intendente. Entonces, se le comunicó que “hay cambio de gobierno y que ahora se iba a hacer lo que él decida”. La mujer había sido encargada de Obras y Servicios Públicos durante la gestión del exintendente Felipe Balcaza (Cambiemos).

Pero en la actual administración municipal, a Miño se la relevó de esa función y se le quitó un adicional salarial que percibía. En su exposición, contó una serie de situaciones de «persecución», al punto de que «no se la dejaba levantar de su oficina para ir al baño». El estado de estrés que atravesó la llevó a tratarse con un psicólogo de la ciudad de Federal. Dijo sentirse «permanentemente vigilada» por su condición de integrante del gremio municipal, además.

El juez Velazco desestimó la denuncia. Pero requirió al intendente Antonio Rodríguez que “aborde institucionalmente las cuestiones conflictivas existentes en el ámbito de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera” y pidió que se promuevan las medidas necesarias para que los trabajadores y funcionarios municipales desarrollen su actividad “en un óptimo y apropiado ambiente laboral, en el que impere un clima de respeto y corrección”.

Escenario de conflictos

Antes de esa denuncia de Miño, existió el entredicho con el titular de Obras Públicas de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera.

El acoso de Marcilli, dijo el sindicato en una nota que presentó el 24 de abril ante el Concejo, representan “acciones que podrían encuadrarse dentro de los enunciados dela Ley Provincial N° 9.671 de Violencia Laboral, cuyo enunciado describe que las acciones que atentan contra la integridad moral, física, psicológica y social del trabajador serán consideradas violencia y la misma considera como un agravante el ser un superior jerárquico”.

“Queremos hacer notar también que hay otras situaciones consultadas al Gremio, donde el mal trato, el avasallamiento y la propotencia podrían estar presentes en el proceder de otros funcionarios, por lo que se hace imperiosa la necesidad de terminar con las acciones que perturban el normal funcionamiento de otras áreas y lo podrían estar sufriendo algunos trabajadores, creemos que estas podrían estar relacionadas con la comunicación, con la confusión de roles, con la poca experiencia, con el respeto al trabajador y con la adaptación a la función, lo que trae aparejado diferencias y controversias en los diferentes roles y en las acciones del trabajador al momento de prestar su función”, dice el texto de la nota que se presentó al bloque del Frente Creer Entre Ríos y también al bloque de Juntos por el Cambio.

El sindicado como maltratador, el responsable de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Jaime de la Frontera, salió al cruce de los cuestionamientos. “Acá, en ningún momento hay maltrato, nunca lo hice y no lo pienso hacer; pueden preguntarle al azar a cualquiera de los empleados del corralón y ellos le sabrán decir cuál es el trato que reciben de mi parte”, aseguró.

“A nadie se los está persiguiendo, acá se trabaja y en armonía, pero sucede que hay personas que han perdido privilegios y, en aras de obtener poder o vaya a saber qué cuestiones conseguir, tratan de desestabilizar a nuestro intendente”, aseveró Víctor Alejandro Marcilli.

“La lechera se acabó, o mejor dicho: acá hay un nuevo arrendatario que es Antonio Rodríguez (el intendente), quien heredó una estancia con todas las vacas flacas; entonces, que no vengan a pedir cosas, pues a veces no tenemos ni para echar combustibles a los vehículos, por eso debemos tener un poco de decoro en venir a trabajar y dejarse de sentirse aludidos o agredidos”, planteó.

Y agregó: “Estas personas como gremialistas no son representativas, pues sus afiliados son una mínima parte de los trabajadores municipales; apenas tienen el siete por ciento de la masa salarial de la municipalidad. Tal es así que uno de ellos (Monzón) quiso convocar a un paro pero la respuesta de los muchachos fue que acá se está trabajando bien”, según recogió el sitio Miradas del Norte.

Pero desde el gremio no retrocedieron en sus planteos.

“Esto no es de ahora, es la gota que colmó el vaso», respondió el titular del Sindicato Municipal. Y agregó que “hasta ahora el Intendente lo sigue bancando a Marcilli, suponemos porque el intendente no habla, y precisamente quien debería expresarse es el presidente municipal, Marsilli es un fusible del gobierno municipal, el electo por el pueblo es Rodríguez y su vice intendenta, Elsa Payer” aclaró.

Precisamente sobre la relación institucional y política de Rodríguez con Payer, el gremialista dijo “yo creo que la relación entre el intendente y la vice está rota, la vice intendente también denunció que recibió maltrato por parte del Secretario de Obras Públicas, el concejo en pleno se lo pidió y no asistió, las relaciones están virtualmente rotas con el legislativo” afirmó, en declaraciones que recoge el sitio Tal Cual Chajarí.

El dirigente sindical de los municipales explicó que «esto no puede ocurrir, menos en un gobierno justicialista. Es imposible que esto ocurra, no se puede tolerar esto, cuando un gobierno como el nuestro, que esperó 20 años para estar en la intendencia no debe existir un error como este”.

De la Redacción de Entre Ríos Ahora