El juez Alejandro Cánepa decidió ocupar un lugar ejecutivo y hoy, al dar a conocer la resolución en torno a los dos amparos presentados para exigir la normalización de la recolección de residuos, resolvió declarar abstracta la presentación hecha por la Municipalidad de Paraná contra la resolución del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), por cuanto en el conflicto que se inició el domingo 3 se dictó la conciliación obligatoria y las medidas de fuerza quedaron sin efecto. Pero en cambio hizo lugar al planteo de la Asamblea Vecinalista, y exigió a la administración del intendente Sergio Varisco elaborar un plan de regularización y sostenimiento de la prestación de aseo de la ciudad.
«Entre el 13/11/2019 y el 15/11/2019, la Municipalidad de Paraná deberá confeccionar informes diarios sobre el trabajo realizado, comprendiendo: personal involucrado por día y por unidad municipal; turnos trabajados (horarios); vehículos utilizados de propiedad municipal (refiriéndolos por N° de identificación) por día y por unidad municipal; vehículos utilizados de propiedad de Vialidad Provincial (identificándolos con matrícula) por día y por unidad municipal; recorridos realizados y barrios intervenidos; los que serán entregados diariamente al Tribunal y al domicilio constituido de los actores, para su seguimiento y control», dice la resolución del juez Cánepa, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, que se dio a conocer esta tarde.
Dispuso también que «en el plazo de tres días, la Municipalidad de Paraná deberá elaborar un plan y/o programa de acción para los próximos veinte días a partir del 16/11/2019, que contemple o no -a su criterio- la colaboración referida (de Vialidad, que aporta 20 camiones volcadores), pero que garantice la normalización, continuidad y regularidad de la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos en la ciudad. Dicho programa deberá indicar: cantidad de personal involucrado y/o afectado al servicio; turnos; cantidad de vehículos a utilizar de propiedad municipal (refiriéndolos por N° de identificación); cantidad de vehículos a solicitar a la Dirección de Vialidad Provincial, por día; recorridos a realizar y barrios a intervenir; el que será presentado en el plazo fijado al Tribunal, y al domicilio constituido» por los vecinos que accionaron.
El juez intimó a la Municipalidad «a que en 24 horas designe ante el Tribunal una persona responsable de la organización, ejecución y control de las actividades dispuestas en los puntos 1 y 2 anteriores, lo cual será comunicado también a los actores en su domicilio constituido. Dicho responsable será también el encargado de elaborar y suscribir los informes y planes de trabajo que se disponen en los puntos anteriores».
Servicio esencial
Pero el magistrado no sólo se limitó a resolver el grave problema que derivó del hecho que durante 10 días la ciudad tuviera la basura diseminada por todas las calles, sino que se introdujo en un punto polémico: la posibilidad de reglamentar el derecho de huelga en servicios esenciales como es la recolección de residuos.
Al respecto, y en procura «de garantizar también se prevea de una dotación o servicio mínimo para la prestación del servicio en cuestión para el caso de reeditarse medidas gremiales de idéntico tenor a las vividas la semana anterior una vez finalizada la etapa o plazo de conciliación» dictada por Trabajo el viernes 8 y que concluye el viernes 22, Cánepa en su resolución instó a la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos a que, «atento a sus competencias en el marco de la conciliación obligatoria en curso entre la Municipalidad y las entidades sindicales Suoyem y ATE, y/o cuando lo entienda conveniente y/o procedente, requiera de oficio (…) ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y/o Comisión de Garantías dependiente del mismo, la declaración del servicio de recolección de residuos de la Municipalidad de Paraná, como esencial», en el marco de la Ley Nacional N° 25.877.
Y pidió que «eventualmente, sea notificado el Tribunal y los actores de autos, el inicio y la conclusión de dicho trámite».
Cánepa citó los calificativos que puso la Municipalidad de Paraná en su escrito -finalmente declarado abstracto- al sostener que la medida de fuerza de los gremios, que derivó en la paralización del servicio de recolección de residuos, fue «ilegal», «infundada», «intempestiva», que «denota una actitud de mala fe de los sindicatos», que «viola los derechos más fundamentales de la población», y que «merece una sanción ejemplificadora» porque, «afecta las garantías constitucionales». No obstante, agregó el magistrado en su disposición, la administración Varisco «no llevó adelante ninguna actuación con el fin de declarar su ilegalidad y/o ilegitimidad en la sede correspondiente y competente, aún a pesar de afirmar que por culpa de aquella ´no se encuentra garantizada la prestación mínima de los servicios´; decisión que -de haberse confirmado- podría haber permitido que pudiera convocarse a los trabajadores a retomar el servicio, garantizar su prestación, además –de no concurrir aquellos- de facultarlos a iniciar los procesos sancionatorios pertinentes. En definitiva, a partir de todo lo anterior, concluyo que efectivamente la conducta de la Municipalidad de Paraná» evidencia «una omisión en el cumplimiento de sus deberes legales ya expuestos».
Pero la apelación no fue sólo hacia el gobierno de la ciudad. «Así las cosas, la afectación de manera grave de un servicio verdaderamente sensible para la población, como lo es el de recolección de residuos, ameritaba una pronta actuación en torno a garantizar aquella prestación mínima de servicios, conforme lo establece la Ley indicada; puesto que los poderes estatales (municipales) en materia de seguridad, salubridad y moralidad, son irrenunciables. Debería tomarse nota, a partir del caso planteado por los vecinos de Paraná, la trascendencia institucional y social de poder contar con una reglamentación provincial ( artículo 122, inciso 3 de la Constitución Provincial) que clasifique de antemano aquellos servicios públicos prestados por los Estados Municipales en los cuales, por su ´especial trascendencia´ -para utilizar los términos de la Comisión de Libertad Sindical de la OIT (Organización Internacional del Trabajo)- resulte imperiosa la tramitación de la declaración de servicio esencial por ante el organismo nacional competente, ante la inminencia de cualquier conflicto de naturaleza colectiva que tenga la potencialidad de poner en vilo la seguridad, la salud o la vida de la población», subraya el fallo.
«La misma debería funcionar a modo de gatillo automático y tramitado -aún de oficio- por las autoridades laborales provinciales cuya intervención sea solicitada en el marco de la Ley N° 14.786, y/o cualquier otra en la que intervenga en sus funciones de policía del trabajo. Lo anterior, porque la situación planteada, esta vez como acción judicial, no es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad, ni que se extiende tanto en el tiempo, debiendo encontrarse un camino legal que no deje a los vecinos como rehenes y permita la armonización de todos los derechos en juego», subrayó Cánepa.
El servicio de recolección de residuos fue declarado «esencial» por una ordenanza de 2014 sancionaad por el Concejo Deliberante, pero un tribunal provincial alertó sobre la inconstitucionalidad de normas de ese tipo cuando la Municipalidad quiso aplicar la misma vara con la prestación del servicio de colectivos por el largo paro de agosto último.
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El escenario
El conflicto por la falta de recolección de la basura, que tapó de residuos a Paraná desde el domingo 3 y hasta el martes 12 -todavía no logra resolverse del todo: el Municipio prometió normalizar la situación este viernes 15- se disparó como consecuencia de un reclamo sindical: el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) anunció un quite de colaboración que dejó a la ciudad sin servicios.
La piedra de toque fue el empantanamiento de la negociación salarial en la paritaria; la caída de medio millar de contratos; y la falta de elementos de trabajo -en el área de Limpieza, de 32 compactadoras, sólo funcionan 8, más 10 camiones volcadores-, pero la protesta de los trabajadores quedó entre paréntesis a partir de las 13 del viernes 8: la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, que vence el viernes 22.
En las sucesivas audiencias que hubo en la Secretaría de Trabajo, el conflicto no ha podido destrabarse. El principal inconveniente es la negociación salarial, aunque tampoco hay certeza de que se vaya a revertir la caída del medio millar de contratos. El Ejecutivo Municipal ofreció un 4% en forma de bono por única vez para octubre, y los sindicatos reclaman incremento salarial del 4% para agosto, un 6% para septiembre y una cláusula gatillo hasta fin de año.
Claro que esa conciliación que dictó Trabajo se conoció en medio de una audiencia judicial, el viernes 8, citada por el juez Alejandro Joel Cánepa, que decidió unificar sendos amparos presentados por la falta de reclección de residuos: primero, la Asamblea Vecinalista que pidió a la Justicia que exija a la Municipalidad el restablecimiento del servicio; luego, la Municipalidad acudió con un recurso para exigir que los gremios Suoyem y Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desistieran de las medidas de fuerza y vuelvan a sus tareas.
La Justicia decidió unificar en una misma causa los dos recursos amparos presentados y que persiguen el restablecimiento del servicio de recolección de residuos en Paraná, suspendido desde el domingo por la noche como consecuencia de la retención de servicios que comenzó a aplicar el Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem), la Asociación del Personal Superior (APS) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
Primero, dos jueces actuaron en el tema: además de Cánepa, la jueza de Garantías María Susana Paola Firpo. Antes de avanzar, Cánepa pidió unificar los amparos, y empezó a actuar en el caso.
Los amparos
El miércoles 6, la Asamblea Vecinalista de Paraná acudió a la Justicia con un recurso de amparo para obligar a la administración del intendente Sergio Varisco a normalizar el servicio de recolección de residuos, paralizado desde el domingo a la noche como consecuencia de un reclamo del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) ante la falta de cumplimiento de la paritaria salarial y por la baja de casi medio millar de contratos en el gobierno de la ciudad.
En el escrito, los vecinos promueven “forman acción de ejecución” contra el intendente Varisco y la Municipalidad de Paraná para que se ordene “de manera urgente la recolección de los residuos sólidos urbanos que se encuentran tirados y acumulados en la vía pública”. Entienden que es el Departamento Ejecutivo por el ordenamiento legal vigente “el garante de la recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos”.
La violación de esos deberes, agrega la presentación, está generando “una evidente violación a derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional”. El colapso del sistema de contenedores, la acumulación de residuos en distintas esquinas de la ciudad y la proliferación de minibasurales en los barrios provocan “olores nauseabundos, pestilencias, contaminación del aire, del ambiente y visual en los barrios que se encuentran con mayor densidad poblacional; se comienza a ver la presencia de animales que se alimentan de los desperdicios (entre los que se pueden nombrar perros y ratas) los cuales se convierten en vectores de enfermedades, así como insectos y alimañas”.
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Los residuos, además, dice el escrito, “se comienzan a acumular en los frentes de escuelas donde asisten diariamente nuestros hijos, exponiéndolos a los efectos nocivos de la acumulación de basura, de hecho, se los expone a la posibilidad cierta de contraer enfermedades y que de no tomarse medidas urgentes en este sentido la higiene y la salud de la ciudadanía se pone en un serio riesgo”.
Un día después, el jueves 7, la administración del intendente Sergio Varisco promovió una acción de amparo para el efectivo e inmediato levantamiento de la medida de fuerza implementada el pasado 3 de noviembre. El amparo del Municipio, realizado por la Secretaría de Legal y Técnica, insta al cese del paro que afecta la recolección, transporte, manipulación y disposición de los residuos en todo el ejido urbano. «Las medidas de fuerza adoptadas por las asociaciones sindicales (Suoyem, ATE y APS) amenazan, restringen, alteran, impiden y lesionan de manera manifiestamente ilegítima al ejercicio del derecho constitucional a la salud pública y al medioambiente», se señala en el documento presentado ante los Tribunales.
“Los sindicatos comenzaron la huelga el domingo 3 con retención total de servicios, poniendo en serio riesgo el servicio sanitario de la ciudad, atentando con la integridad y la salud de las personas”, manifiesta el amparo que a su vez agrega: “Esto produjo que en diferentes puntos de la ciudad se acumularan residuos provocando con ello diversos y peligrosos focos infecciosos”.
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El documento fundamenta la medida en normas municipales y leyes nacionales. “La Ordenanza Municipal N° 9.199 en su artículo 1º declara de carácter esencial a la recolección, transporte, manipulaciones, tratamiento, clasificación y disposición final de los residuos. A su vez, el artículo 24º de la Ley N° 25.877 de Ordenamiento Laboral establece que ‘Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción’”.
De la Redacción de Entre Ríos Ahora.