El Senado comenzó a dar los últimos pasos para dar el acuerdo constitucional respectivo a una serie de funcionarios del Poder Judicial, y entre el listado que se publica desde hoy destaca, entre otros, el nombre del fiscal Gervasio Pablo Labriola, sobrino político del diputado provincial y líder de la Unión del Personal Civil de la Nación, José Ángel Allende. Labriola ascenderá en la carrera judicial ya que se convertirá ahora en integrante del Tribunal de Juicios y Apelaciones, y así pasará de fiscal a juez de cámara.
Labriola, hoy de 31 años, comenzó a hacerse conocido en ámbitos políticos cuando asumió en 2011 como Coordinador General del Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi); luego, el 29 de diciembre de ese año fue nombrado por el gobierno de Sergio Urribarri como titular del Registro Civil provincial, un histórico bastión de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN). Los últimos titulares del organismo han sido dirigentes de sindicato estatal que lidera Allende.
Héctor Roberto Allende, sobrino del titular de UPCN, el diputado provincial José Ángel Allende (FPV), dirigió los destinos del Registro Civil durante la primera gestión de Sergio Urribarri como gobernador. Lo sucedió Gervasio Labriola, casado con Josefina Butta, la hija de Claudia Allende de Butta, hermana del diputado, exfuncionaria del Instituto de Discapacidad, y por lo tanto sobrino político del diputado Allende. A Labriola lo sucedió Hernán Jorge, y a este último, la actual directora, Vanesa Visconti, una abogada ligada a UPCN.
Como fiscal, Labriola ha intervenido en dos casos de altísima resnancia pública: estafa de ATER y las cosechadoras truchas.
Como informó Entre Ríos Ahora, la pesquisa por la estafa en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) se abrió en junio de 2014 cuando su entonces titular, Marcelo Casaretto, radicó la denuncia judicial. La fiscal coordinadora del caso es Laura Cattáneo.
En la causa se investiga si existió –y hay indicios y testimonios que lo probarían- un entramado entre funcionarios, grandes contribuyentes para estafar al Estado a través del sistema de compensaciones de deuda. La investigación abarca tres períodos: 2004-2007, 2008-2011 y 2012-2014. En la pesquisa también interviene la jueza de Garantías Nº 1 y actual Vocal Suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, Marina Barbagelata.
Otro de los casos en los que trabaja Labriola también toca de lleno a empresarios y funcionarios públicos. Se trata de la causa de las “cosechadoras truchas”, en donde se investiga el destino de los $5,5 millones que recibió, en concepto de créditos entre 2009 y 2012, la empresa Grandes Máquinas SA para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay.
La investigación se inició a mediados de 2012 por una denuncia presentada por el abogado Guillermo Mulet ante el procurador general del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García.
En la causa por el presunto delito de defraudación a la Administración Pública se encuentran imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Boll; el ex ministro de Economía Diego Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa); el ex ministro de Producción, Schunk, Teresita Mabel López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), y Leandro Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción.
El hermetismo de Labriola en esta causa ha llevado cierta tranquilidad a la Casa Gris, sobre todo en tiempos en que el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, se encuentra bajo la lupa de los acusadores públicos por contrataciones durante la Cumbre del Mercosur, por su patrimonio, y por un Audi que le habría prestado (dádiva) un empresario de medios, entre otras pesquisas que se llevan adelante desde la Justicia y que lo tienen en la mira.
Una de las últimas medidas de impacto que tomó Labriola en la causa de las cosechadoras sucedió en noviembre de 2015, cuando decidió no investigar la responsabilidad del fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, y miembros del directorio del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser). Cabe recordar que el seguro de caución de las cosechadoras era del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser).
El listado
Junto a Labriola, el Senado comenzará el tratamiento de otros pliegos.
El 22 de junio pasado, el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos elevó al gobernador Gustavo Bordet la terna correspondiente para cubrir cinco cargos de vocal para el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. La primera terna está conformada por los siguientes postulantes: Martín Rafael Cotorruelo, con un puntaje 88,67; y el actual fiscal coordinador de Gualeguay Dardo Oscar Tórtul, con 85,50; y Gustavo Román Pimentel, 79,18.
Cotrorruelo ya fue designado –el 9 de mayo- por acuerdo general del Superior Tribunal de Justicia Nº 12/17, como vocal Suplente del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Hasta ese día se desempeñaba como Fiscal General de Coordinación de Paraná.
Asimismo, el Consejo elevó una lista complementaria de acuerdo a lo previsto por el artículo 99° del Reglamento General y de Concursos Públicos. La misma está conformada en el siguiente orden de mérito: 4°) Carolina María Castagno (hoy fiscal coordinadora): 73,76 puntos; 5º) Gervasio Pablo Labriola (fiscal): 66,16; 6º) Alejandro Diego Grippo (hoy vocal suplente en el Tribunal de Juicios): 65,30; 7º) Alejandro Joel Cánepa (fiscal): 60,51. Este último, al ser sólo cinco los cargos en juego, no alcanzaría a ocupar el sillón pretendido.