Por Pedro Galimberti (*)

La educación es un servicio público esencial. Esto comprende al sistema público o privado. El primero depende directamente del Estado y el segundo, indirectamente, también, porque tiene sobre ellos la potestad regulatoria.

Hasta marzo de 2020, ese servicio público se ofrecía mayoritariamente en todos los niveles en la modalidad presencial, pero la pandemia cambió los planes.

¿Qué ocurrió entonces? Con ingenio y esfuerzo, pero sin un plan director de parte del Estado, las familias y los docentes sobrellevaron la situación como pudieron y la educación se virtualizó.

Los problemas de la realidad fueron más a prisa que la capacidad del Estado para dar respuestas. Las autoridades educativas entraron en fase de aislamiento y reaccionaron tarde y titubeantes. El Gobierno provincial puso, además, la discusión salarial y a las escuelas en cuarentena.

Hoy, en consecuencia, tenemos varios problemas: un importante sector de la comunidad pidiendo que abran las escuelas; padres sin preparación o sin tecnologías para desarrollar la función de acompañamiento al trabajo docente; los establecimientos en condiciones precarias y los docentes reclamando por un salario más justo.

La resolución de todos estos problemas son competencia exclusiva del Estado y el Gobierno provincial no puede hacerse el distraído. No hay aquí un pasado donde la Provincia pueda espejar sus culpas, porque el Justicialismo gobierna hace más de 17 años.

Los problemas, por cierto, no son nuevos ni su solución es simple. Por eso es imperioso que el Gobierno genere mecanismos de diálogo intersectorial y presente un plan de trabajo de mediano y largo plazo que permita reanudar las actividades presenciales desde el inicio del ciclo lectivo. Todo eso debe hacerse con los niños, niñas y los docentes dentro del aula.

Ese programa de políticas públicas debe incluir varios puntos:

• el desarrollo de políticas públicas de conectividad para la inclusión digital de las familias y docentes;
• la potenciación del portal @prender;
• la instrumentación de un plan de formación docente para la bimodalidad o la virtualización de la educación;
• la asignación de partidas presupuestarias suficientes para garantizar las condiciones de bioseguridad aceptables en los establecimientos educativos. Los cerca de 2 mil pesos mensuales que reciben las escuelas claramente no alcanzan;
• la conformación de una mesa de discusión salarial que contemple, además, el análisis de las condiciones de trabajo, el régimen de licencias y la situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

(*) Pedro Galimberti es intendente de Chajarí por Juntos por el Cambio.